Cecilia Andrea Goyeneche, abogada desde 2000, relatora de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná desde 2003, y desde 2006 en el Poder Judicial de Entre Ríos, primero como agente fiscal, ahora Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, función esta en la que está suspendida desde el 30 de noviembre de 2021, cuando el Jurado de Enjuiciamiento le abrió un proceso de jury por supuesto mal desempeño en la causa de los contratos truchos, no duda en afirmar que hay un proceso de «persecución» por su tarea investigativa de los delitos de corrupción en la Provincia.
«Se trata de la culminación de un proceso de persecución por haber investigado, por haber tocado sectores del poder que resultan intocables», le dice a Entre Ríos Ahora sobre el jury cuyas audiencias se abren este lunes 2 de mayo, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El tribunal que la juzgará, el Jurado de Enjuiciamiento, está presidido por Verónica Mulone, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y lo completan los vocales del STJ Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone; el senador Armando Luis Gay y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía. La acusación correrá por cuenta de un fiscal ad hoc, Gastón Justet. El Poder Judicial tiene mayoría en el Jurado, y sus tres integrantes han sido cuestionados, por distintos aspectos, por Goyeneche en sus escritos.
A Goyeneche se le reprocha su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, una investigación penal que se abrió en la primavera de 2018 y que busca desentrañar si realmente existió una «asociación ilícita» que distrajo millonarias sumas de dinero de las arcas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, mediante la celebración de contratos laborales con monotributistas que recibían una ínfima parte de lo pactado: el grueso tenía un destino que la pesquisa judicial de momento no pudo determinar. Uno de los investigados, Pedro Eduardo Opromolla, tuvo relación comercial con la Procuradora Adjunta.
Goyeneche coordinó la investigación de la causa de los contratos truchos desde el inicio , en la primavera de 2018, y hasta el 29 de mayo de 2019, cuando se apartó de la causa. «Los planteos de recusación, que se apalancaban en las ´noticias´ publicadas en base a la información que construía y hacía circular la propia organización investigada, eran articulados sosteniendo que la suscripta mantenía un vínculos comerciales o de sociedad con el imputado Pedro Eduardo Opromolla, lo que, con el pasar del tiempo, fue mutando para pasar a sostenerse en esos artículos de prensa, que mi esposo era socio del estudio contable Integral Asesoría (el que fue allanado el 3/10/18 y sus integrantes -Gustavo Falco, Pedro Opromolla y Guido Krapp, y también el Licenciado en Sistemas Nicolás Beber y el corredor Inmobiliario Renato Mansilla- acusados por el MPF)», dijo Goyeneche en su defensa.
«Durante los años 2010/2016 mi esposo Sr. Luis Sebastián Orlando Bertozzi se desempeñó laboralmente en el estudio de arquitectura de Gastón Grand y José L. Churruarín, en donde se realizaron algunos proyectos de construcción, con la estructura de fideicomisos. Esto condujo a que resolviéramos realizar inversiones en esos proyectos, sobre lo que acompaño documental, no sin antes aclarar que en la maledicente denuncia, se insiste en afirmar -falsamente- que documental vinculada a estos aspectos habría sido secuestrada casualmente en los allanamientos realizados en el estudio contable ´Integral Asesoría´ el día 3/10/18 (queriendo brindarle a sus elucubraciones, un sentido de ´descubrimiento´ de una verdad ocultada). Nada de ello es cierto pues ninguna documental vinculada con estos aspectos fue secuestrada en ningún allanamiento», expuso en su defensa.
Respecto a ese punto, aseguró que adquirió mediante un fideicomiso «el 50% indiviso de la Unidad Funcional sometida al régimen de propiedad horizontal que forma parte del edificio con domicilio parcelario en calle La Paz Nº 236, Unidad Funcional Nº 32, planta 11vo. Piso, superficie exclusiva: 39,83 m2. y Unidad Complementaria Nº III -baulera-, propiedad exclusiva 3,10 m2. El inmueble fue adjudicado por Escritura pública del 14/12/2016 (copia acompañada como prueba 1A)». Luego, agrega: «Posteriormente, en fecha 09/03/2017, adquirí el 50% indiviso restante a al CPN Pedro E. Opromolla, operación realizada por boleto de compraventa, con firma certificada por Escribano Público (Libro de Registros e intervenciones Nº XXX Acta Nº 158, Folio Nº 158 del escribano Humberto Gracia – se acompaña copia como prueba 1B).- La autenticidad y fecha cierta del instrumento se infiere no solo de la certificación notarial sino también de la constancia de pago del sellado correspondiente a dicho contrato, emitida por la oficina fiscal respectiva (ATER). A su vez, la titularidad del inmueble de referencia fue oportunamente denunciada en la respectiva declaración jurada de Bienes Personales (prueba 2C) y la presentada en el Poder Judicial».
Horas antes de sentarse en el banquillo como acusada, la acusadora pública esperó que el Jurado de Enjuiciamiento hiciera lugar a uno de sus últimos pedidos: que las audiencias se pudieran transmitir en forma directa por el canal de YouTube del Poder Judicial. No será así: sólo se transmitirán los alegatos de apertura y de cierre.
«Esta etapa final esperábamos que pudiera ser vista por toda la comunidad, para que cada uno pueda abrir su propio juicio sobre lo que veía y llegar a las conclusiones. Pero bueno, decidieron también llevar al ostracismo esta parte y dejarla, esconderla bajo siete llaves y no mostrarla al público», asegura, y apunta al final: «Es el primer juicio en dos años que no se va a mostrar por YouTube. Pero bueno, es parte de lo mismo. Esto también los expone a ellos y deja en evidencia que la persecución tiene un único fin y es el encubrir actos de corrupción».
Foto portada: Análisis
De la Redacción de Entre Ríos Ahora