El exdiputado provincial y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, se sentó hoy en el banquillo de los acusados por una causa por amenazas que le inició en 2017 el periodista Martín Carboni. La investigación debió ir a juicio en 2018, pero el anterior defensor de Allende, Marcos Rodríguez Allende, adujo que se ampararía en los fueros parlamentarios y el proceso se aplazó; después, hubo un intento de juicio abreviado que no prosperó.
Allende está acusado por el fiscal Álvaro Piérola del delito de amenazas coactivas, por sus dichos contra el periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com. La acusación dice que el 30 de mayo de 2017, entre las 8 y las 10 de la mañana, Allende hizo declaraciones intimidatorias hacia Carboni en Radio La Voz. En esa oportunidad, Allende aludió al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas (1997), cuya autoría se le atribuyó al empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó en mayo de 1998, dando a entender que alguien podría atentar contra la vida del comunicador.
“‘Vos viste que a Yabrán no lo matan, porque Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no sea que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y lo terminen perjudicando, intimidando así públicamente a Carboni para que cese con sus investigaciones periodísticas vinculadas a contrataciones en el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos”, dijo Allende en aquella conversación radial.
Ante el juez de juicio Gustavo Pimentel, esa entrevista se reprodujo hoy en Tribunales, con Allende en el salón de audiencias, asistido por sus defensores Maximiliano Rusconi y Leopoldo Lambruschini.
Carboni entendió que aquella alusión a José Luis Cab ezas y Alfredo Yabrán tuvo un tono amenazante hacia su tarea periodística -venía publicando una serie de notas sobre el manejo que hacía el entonces ministro de Salud, Ariel de la Rosa, ligado a UPCN, con contratos de personal- y por eso lo denunció ante el Ministerio Público Fiscal. El periodista declaró como testigo y relató cómo lo impresionó aquella entrevista, el tono de aquella entrevista y brindó detalles sobre sus publicaciones periodísticas.
El fiscal Álvaro Piérola planteó en la apertura de la audiencia que se llegó a la instancia de juicio oral “después de un largo peregrinar” y adelantó que el caso “es muy claro”: la Fiscalía, aseguró, “va a acusar a Allende por el delito de amenazas coactivas contra el periodista Martín Carboni” a partir de dichos del titular de UPCN, José Ángel Allende, durante una entrevista radial el 30 de mayo de 2017 en la que profirió una frase que fue considerada amenazante.
Maximiliano Rusconi, que ejerce la defensa de Allende junto a Leopoldo Lambruschini, respondió que “no va a haber ninguna duda que la tesis acusatoria no podrá ser acreditada” por lo cual Allende tendrá que ser absuelto de culpa y cargo. “El hecho por el cual se lo trajo a juicio no sucedió” tal cual el recorte que efectuó la Fiscalía.
“Fue una nota sacada de contexto, tergiversada en su contenido y llevada a un terreno inexistente”, planteó. Aunque reconoció que la expresión de Allende “no fue feliz”, llevar el caso al terreno penal “hay un trecho larguísimo” por recorrer. Aclaró Rusconi que “la frase no tuvo ningún contenido amenazante. No hay ninguna amenaza. Esta frase no contiene ningún contenido amenazante ni coactivo. Por eso entendemos que este caso no debió haber llegado a esta instancia”.
Por eso, adelantó que pedirá la absolución en el juicio, aunque como cuestión preliminar Rosconi planteó la prescripción de la acción penal, petición a la que se opuso de modo enfático el fiscal Piérola. El juez Pimentel rechazó la prescripción.
Leopoldo Lambruschini pidió al tribunal que se permitiera incorporar prueba que en su momento la anterior defensa de Allende, que ejerció Marcos Rodríguz Allende, no presentó. “El defensor que nos precedió no ofreció ninguna prueba. Nos parece que es prueba pertinente para contradecir la imputación. Desconocemos por qué no se ofreció la prueba que ahora proponemos”, sostuvo.
Al final de la audiencia -este miércoles serán los alegatos de clausura de las partes- habló Allende ante el juez, aunque no aceptó preguntas de Fiscalía.
Las palabras de Allende
Dijo Allende que se le dio un contenido extraño a aquella frase que dijo en la entrevista radial, y contextualizó sus dichos en la disputa por la paritaria salarial con los gremios del Estado en la provincia en aquel 2017. El Gobierno, explicó, pretendía cerrar con un porcentaje menor al que se había otorgado a los docentes, y que hubo gestiones del entonces ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, para que firmara el acuerdo.
“Durante la semana previa al cierre de las paritarias, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, me fue a visitar y me decía: ´Arreglá, Ruso. Arreglá paritaria, porque vas a perder al ministro –en clara referencia al ministro de Salud, Ariel de la Rosa-´. Le contesté que si la discusión paritaria hacía que perdamos un ministro, perderemos un ministro, lo que no vamos a perder son los afiliados. Esa visita se repitió durante tres veces en una semana”, recordó.
La Justicia confirmó las absoluciones a 14 dirigentes de UPCN
Según el titular de UPCN, “el Gobierno quería presionar por todos los medios; hasta amenazando con echar a un ministro, que al final terminan echando”. Recordó el incidente con delegados de UPCN en el Hospital Santa Rosa, de Villaguay, que terminó con denuncia judicial y juicio, en el que todos resultaron absueltos. “Fue otra operación del Gobierno de la provincia, y eso quedó totalmente demostrado cuando la Justicia absolvió a todos los dirigentes”, señaló.
En ese contexto ubicó también lo que ocurrió en la Colonia de Salud Mental de Diamante, donde dirigentes de UPCN terminaron enjuiciados y, algunos, condenados. “Quiero defender a los compañeros –dijo ante el juez-. Fueron a Diamante a defender a una trabajadora que habían echado sin facultades para hacerlo. Tuvieron que reincorporarla. Si hubo excesos de los compañeros, los condenamos. Pero tampoco podemos dejar pasar por alto que en Diamante, cuando fueron los compañeros a defender a esa empleada, a Carina Domínguez –secretaria gremial del sindicato, NdelR- la estaban esperando para detenerla cuando se bajó del auto. La tuvieron presa durante dos días. Salió totalmente absuelta”.
Admitió el dirigente sindical que “fue horrible la frase que dije” en aquella entrevista radial, pero negó que haya tenido contenido intimidante o amenazante hacia el periodista. “Fue fruto de todo ese momento que estábamos viviendo” en el marco de la discusión paritaria. Y explicó que cuando aludió al caso Cabezas quiso referirse a “los alcahuetes” del gobernador, y entre estos ubicó al entonces secretario general de la Gobernación y hoy senador Edgardo Kueider, “que operaba para debilitarnos en la negociación salarial. Por eso hablé de alcahuetes del Gobernador. Son los que me querían debilitar, y en realidad perjudicaban al Gobernador porque no podía cerrar la paritaria”.
“Nunca pensé que esa entrevista podía derivar en esto. No sé de qué defenderme. No he agredido a nadie. Si alguna duda cabe, le mandé mensaje a Carboni después de esa entrevista para ponerme a su disposición. No tengo nada de qué arrepentirme. La escuché cien veces a la entrevista. No puedo creer cómo un fiscal haya tomado como que yo amenazo que le puede pasar lo de Cabezas”, apuntó.
El abreviado que no fue
Por distintos motivos, Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia. El fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su exDiana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende.
Un acuerdo que impulsó el Ministerio Público Fiscal con la defensa de Allende buscó cerrar esos compromisos mediante un juicio abreviado, pero que sin embargo fue rechazado por dos tribunales. Fracasada esa vía, las distintas investigaciones penales siguieron tramitándose en forma individual.
La investigación penal que lleva más tiempo, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, se tramitará por el viejo sistema acusatorio, y quedará en manos del juez de Transición, Juan Hipólito Carlin, aunque la última fiscal que tuvo a cargo esas causas, Laura Cattáneo, se jubiló. En las otras causas, el impulso de la investigación lo asumirá el Ministerio Público Fiscal. La denuncia por amenazas del periodista Martín Carboni está lista para ir a juicio: tenía fecha para el 29 de junio de 2018, pero el debate fue suspendido, y el caso derivó en el frustrado abreviado.
Ese caso está en manos del fiscal coordinador Álvaro Piérola. En tanto, la denuncia por amenazas en un contexto de violencia de género presentada por la ministra de Salud, Sonia Velázquez, está a cargo del fiscal Leandro Dato.
Un primer intento por cerrar los compromisos judiciales de Allende con un juicio abreviado había derivado en un fiasco. El 22 de octubre de 2020 un tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa declaró inadmisible el acuerdo de juicio abreviado para el exdiputado acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, amenazas y coacciones. La resolución fue apelada por la Procuración, que acudió ante la Cámara de Casación Penal. El 30 de diciembre de 2020 ese tribunal de alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado y habilitó una nueva instancia, que empezó el jueves 29 de julio de este ante el juez de juicio Elvio Osir Garzón.
El acuerdo entre Fiscalía y defensa establecía que Allende reconoce su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputaron, y con las características que les fueron reprochados, y acepta la pena impuesta: 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. También, el decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100, que sería destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género; y el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza, que iría para el Consejo de la Magistratura.
Al rechazar el abreviado, el juez Garzón reprochó por «errónea» la calificación como amenazas simples que efectuó el fiscal Leandro Dato a la causa que la ministra de Salud, Sonia Velázquez, le inició a Allende por actos de violencia de género e intimidación de la que fue víctima desde el inicio de la gestión. «Más allá del expreso reconocimiento de Allende, del material probatorio colectado plasmado en el juicio abreviado y presentado por el fiscal Leandro Dato, queda acreditada de manera irrefutable que este hecho se enmarca en el delito de coacciones agravadas», señaló el juez.
Garzón revisó cada uno de los pasos dados en esa causa por el Ministerio Público Fiscal, releyó los testimonios de los testigos, detalló los pasos que dio el fiscal Dato y tomó en cuenta «el contundente informe» favorable a la víctima producido por la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, que firmó la actual Defensora del Pueblo de Paraná, la abogada Marcia López.
«Allende intentó quebrar la voluntad de Velázquez mediante actos de hostigamiento», dijo Garzón y se alarmó por la ausencia de perspectiva de género en el tratamiento del caso. «Las normas nos exigen resolver con perspectiva de género», planteó. «Luce patente que tal como está descripta la conducta de Allende, nos encontramos frente al delito de coacciones y no de amenazas simples, ya que claramente se imputa amenazas para obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad», planteó el magistrado.
Recordó al respecto que el exlegislador provincial, «en un contexto de género, accionó contra la ministra de Salud de la Provincia con el propósito de lograr la remoción de la directora del Hospital de Salud Mental de Diamante, y el mantenimiento de la coordinadora de Salud de Nogoyá». La frase de Allende fue: «Si tocas a la coordinadora de Nogoyá, te prendo fuego Nogoyá».
El defensor de Allende, Leopoldo Lambruschini, y la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, fueron con un recurso de casación, que Garzón rechazó, y fue así que les quedó el remedio del recurso de queja, que fue rechazado por la Cámara de Casación Penal el 10 de este mes.
Según la sentencia, los jueces Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano no hicieron lugar al recurso de queja de la Fiscalía y la defensa al entender que «la resolución adoptada (por Garzón) aparece razonable y fundada en Derecho». Davite, por caso, consideró que la discusión sobre los delitos de Allende podrían discutirse en un juicio oral y público o alcanzar otro acuerdo abreviado.
Justamente, ese es el futuro que le espera a Allende: ir a juicio oral y público.
Resolucion Allende Casacion by Entre Ríos Ahora
De la Redacción de Entre Ríos Ahora