La Justicia posó su mirada sobre el rol que le cupo a la jerarquía de la Iglesia Católica en la causa que involucra al cura Justo José Ilarraz en los abusos cometidos en el Seminario Arquidiocesano de Paraná.
En particular, por el silencio que hubo desde que tomó oficialmente conocimiento del tema, en 1995, hasta que el caso llegó a manos de un juez, en septiembre de 2012.
En el ínterin, el caso se guardó bajo siete llaves, y a las víctimas se les impuso un voto de silencio.
El escrito que Karlic presentó en la Justicia.
Aunque no es la primera vez: ya lo había hecho la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en abril de 2015, al rechazar el planteo de prescripción. Ahora, un magistrado, Pablo Vírgala, integrante del tribunal que este lunes confirmó el procesamiento de Ilarraz en la causa de los abusos, cuestionó con severidad el silenciamiento eclesiástico sobre la causa.
Les enrostró que les importó más el pedido de perdón del acusado que la suerte de las víctimas de los abusos.
“Una reflexión final merecen, sin dudas, aquellas autoridades eclesiales que, amparándose en directivas superiores, guardaron silencio sobre los hechos tan aberrantes que aquí se investigan. Lo mismo para aquellos que debiendo ser inflexibles, optaron por el perdón sin tener en cuenta el dolor de las víctimas”, escribió Vírgala en su fallo.
Pero además, le recordó a la jerarquía eclesiástica una verdad de Perogrullo: “No hay normas por encima de las leyes civiles. Nadie está exento de la autoridad de las mismas”. Fue una clara advertencia por la decisión de la curia de administrar justicia por su propia mano, y no dar intervención a los tribunales civiles.
En 1995, la Iglesia Católica investigó a Ilarraz, lo halló culpable, y lo sancionó, pero todo eso en un juicio casi sumarísimo, del que no tomó intervención ningún juez, fiscal o defensor. La curia aplicó su propia legislación. Y después archivó todo en forma secreta.
Crítico respecto de ese procedimiento oscurantista, el juez Vírgala rescató el valor del testimonio que el cardenal Estanislao Karlic brindó en la causa Ilarraz.
Karlic ordenó sacerdote a Ilarraz en 1984, y lo nombró responsable de los seminaristas menores en 1985, cargo que Ilarraz mantuvo hasta 1993, cuando fue autorizado por el propio cardenal para viajar a Roma, a formarse en la Pontificia Universidad Urbaniana.
Fue también Karlic el que mandó investigar a Ilarraz en 1995, no bien tomó conocimiento, a través del entonces rector del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, hoy arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari.
La causa, a cuyo frente designó al sacerdote abogado Silvio Fariña, concluyó en diciembre de 1996 con la sanción de la expulsión de la diócesis de Ilarraz.
Todo se hizo según normas internas de la curia. Y se impuso el secreto a las víctimas.
Karlic fue una de las cuatro jerarquías de la Iglesia Católica que debieron testimoniar en la causa que la Justicia le inició al cura Ilarraz. Además de Karlic, en el expediente se acumulan las declaraciones del emérito Mario Maulión, el actual arzobispo Puiggari, además del obispo de Concepción, Tucumán, José María Rossi, último superior de Ilarraz.
La jueza Susana María Paola Firpo ya lo procesó a Ilarraz por el delito de promoción a la corrupción agravada, medida que adoptó el 10 de julio de 2015, aunque esa decisión fue apelada por el defensor Juan Ángel Fornerón.
Este lunes, un tribunal compuesto por los jueces Pablo Vírgala, Daniel Malatesta y Gustavo Maldonado confirmó el procesamiento. El voto del juez Vírgala, presidente del tribunal, da un rol clave al testimonio de Karlic, que la jueza Firpo había dejado a un lado
Se trata de un testimonio clave y revelador.
Karlic y Puiggari, dos piezas clave.
Karlic indicó en la Justicia que tomó conocimiento de los abusos por intermedio del actual arzobispo Puiggari. Aseguró que fue Puiggari “quien me lo dijo. Confío plenamente en su palabra”.
“Tomé conocimiento de los hechos denunciados y encomendé al vicario de Justicia que procediera conforme al espíritu de la Iglesia y la normativa propia del Derecho Canónico”, contó en el testimonio que brindó por escrito a la Justicia.
“¿Por qué no se denunciaron antes los abusos, y recién se conocieron públicamente en 2012 habiéndolos investigado la Iglesia en 1995?”, le preguntaron. Karlic contestó que los hechos “fueron callados por los menores. Cuando los comunicaron, manifestaron vergüenza. Se respetó la voluntad de ellos y se les manifestó que dieran noticia a sus padres. Se consideró que era fundamental respetar el interés de ellos”.
También contestó que sólo recordaba “haberme encontrado con él (Ilarraz) en Roma, mientras él vivía allí. Después de su regreso a la Argentina (y habiendo sido sancionado por el propio Karlic, NdelR), el cardenal dijo que “no podría precisar (pero se reunió) posiblemente en Buenos Aires”.
El dato relevante es el que sigue. Dijo Karlic: “No recuerdo en detalle. En principio, los negaba absolutamente (a los abusos). Más tarde, admitió su responsabilidad y pidió perdón”.
“Durante mi episcopado envié a hacer estudios a Roma y a otros lugares de estudio a unos veinte sacerdotes. El envío del presbítero Justo Ilarraz a Roma en 1993 se enmarcó dentro de ese programa de formación del clero diocesano para la docencia en el Seminario y el desarrollo de tareas pastorales. Él fue a estudiar Misionología en la Universidad Urbaniana, para promover la actividad misionera en la arquidiócesis cuando regresara, y su envío tuvo lugar dos años antes de que se hicieran las denuncias”, contó Karlic.
Respecto de la sanción que se le impuso al cura acusado de abusos, el cardenal señaló que “al presbítero Ilarraz se le puso como pena la prohibición de estar en el territorio de la arquidiócesis, ejercer el ministerio en ella y tener contacto con los seminaristas –sostuvo–. Esta medida se tomó como consecuencia de que se dieron por acreditados los hechos denunciados, que fueron además admitidos por el presbítero Ilarraz ante mí y de los cuales me expresó su arrepentimiento”.
“Lo determinante para la sanción fue la admisión del presbítero Justo Ilarraz de su responsabilidad en los hechos denunciados y su pedido de perdón”, apuntó.
Todo eso, ahora, cobra fuerza, y vigencia, y se convierte en un búmeran para la situación judicial de Ilarraz.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.