La eliminación de los aplazos en el primer trimestre de la escuela secundaria como medida para evitar el alto nivel de fracaso entre los estudiantes, una resolución que duró apenas diez días en el Consejo General de Educación (CGE) y antes de cobrar vigencia fue anulada por decisión del gobernador Gustavo Bordet, generó una baja: la directora de Educación Secundaria, Natalia Garnier, dejó su cargo.
De momento, no hay reemplazo para Garnier. Al frente de la Dirección de Educación Secundaria, luego de la salida de Garnier, quedó la segunda, Laura Giles. La funcionaria, oriunda de María Grande, formada en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), está como subdirectora de Educación Secundaria desde el inicio de la gestión de Martín Müller al frente del CGE. Ocupó ese mismo rol con la exdirectora de Educación Secundaria, María Alejandra Ballestena.
El 2 de este mes el Consejo de Educación emitió la resolución N° 1.565 mediante la cual dispuso un cambio en el sistema de calificación de los estudiantes de nivel secundario y desde el ciclo lectivo 2022 suprimió los aplazos en el primer trimestre, por lo cual los profesores sólo podrán poner notas del 4 al 10 a los alumnos.
A los diez días de vigencia de la normativa -una disposición que fue firmada por el titular del CGE, Martín Müller, los tres vocales políticos, Giselda Di Lello, Exequiel Coronoffo y Humberto Javier José, más la vocal gremial Susana Cogno- fue dejada sin efecto por decisión del propio Gobernador.
Laura Giles.
«No comparto en absoluto la medida. Nadie me hizo conocer antes de publicarla. Le he dado expresas instrucciones al presidente del CGE para que anule esta medida y remueva a los funcionarios responsables de haberla implementado”, dijo Bordet . “No estoy de acuerdo y entendemos que hay que ir hacia una calidad de excelencia que no se logra con este tipo de medidas”, afirmó.
«Cuando hay alumnos que tienen problemas con las calificaciones hay que tener un abordaje integral, no una medida que simplemente signifique un paliativo”, sostuvo Bordet.
A principios de mes el CGE resolvió modificar una normativa anterior, N° 1.582, del año 2011, que creó el sistema de evaluación, acreditación, calificación y promoción de los estudiantes de nivel secundario. El cambio que se buscó implementar y que se deroga en menos de 20 días, se fundó, según explicaron las autoridades, en las transformaciones que produjo la pandemia de coronavirus, y la instrumentación de la educación virtual.
Al respecto, la norma señala que “el regreso a la presencialidad plena demanda un trabajo colaborativo y de equipo, una organización escolar integral que garantice el derecho a la educación y atienda particularmente a los diversos recorridos, heterogéneos y desiguales de nuestros/as estudiantes”.
De acuerdo a lo que resolvió Educación, la calificación en la escuela se mantiene con la utilización de la escala numérica del 1 al 10, sin el 0, que ya fue desterrado del sistema educativo. “Cada escuela –apunta la normativa- acordará criterios e instrumentos de calificación, teniendo en cuenta la evaluación procesal, logros alcanzados y progresos a partir de las situaciones de inicio planteadas al comienzo del ciclo”.
En ese marco, las calificaciones entre 6 y 10 “significan aprobación, las calificaciones entre 1 y 5 significan no aprobación”. Además, agrega: “La calificación del primer trimestre estará comprendida entre 4 y 10 debido al impacto subjetivo que la ponderación entre 1 y 3 pueden generar, obturando además la trayectoria a realizar durante el año desde el inicio del proceso de aprendizaje”
“La calificación de los y las estudiantes no aprobados será acompañada de un informe descriptivo donde constarán los saberes/capacidades pendientes de acreditación. Este informe permitirá a los/las estudiantes y sus familias, tutores o encargados, conocer las particularidades de los procesos de aprendizaje, sus fortalezas y sus debilidades, a los fines de tomar decisiones para disminuir o sueprar dichas dificultades”, agrega.
Otro punto relevante de la nueva normativa del CGE es que se dejan sin efecto las instancias de integración de saberes al final de cada trimestre. El cambio se adoptó “ya que se considera a la evaluación como integrante de los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la planificación de dichos procesos hasta su cierre con la toma de decisiones respecto a las acreditaciones y promociones correspondientes. Este enfoque formativo de la evaluación requiere ofrecer diferentes estrategias e instrumentos evaluativos y la observación de los procesos diarios de los y las estudiantes a los fines de recoger la información que permita la toma de decisiones, ya que se aprende y se evalúa de manera constante. La evaluación se va realizando durante el transcurso del tiempo compartido en todo el trimestre. Por lo tanto, es necesario intensificar durante el proceso la enseñanza de aquellos saberes y/o capacidades relevantes para la propuesta pedagógica que no han sido acreditados”.
“La medida viene a ampliar la normativa vigente en referencia a la calificación, no a modificarla. Se sigue sosteniendo la calificación numérica del cuatro al diez, con una intención de evitar el impacto negativo que puede tener la calificación del uno al tres”, explicó Natalia Garnier, directora de Educación Secundaria del CGE. La funcionaria sostuvo que lo que se persigue es que “los estudiantes tengan un sentido de proceso de evaluación continua, es decir una evaluación formativa, hacer foco en la observación de evidencias de los procesos diarios sin remitir a una semana que nos limita a evaluar a través de solamente un trabajo. Que la evaluación no se reduzca a una sola instancia sino que sea continua”.
“La idea es acompañar y sostener las trayectorias de los estudiantes durante todo el año. El chico que no aprueba tendrá el acompañamiento de un informe descriptivo que tiene el sentido de ver cuáles son aquellas cosas que necesita profundizar en los próximos trimestres”, planteó y agregó: “La normativa indica que las propuestas pedagógicas tienen que ir acordes con la evaluación para que haya coherencia entre enseñanza y evaluación, que sean integradoras. Sobre todo mantener los acuerdos institucionales que se hacen en las escuelas, con los docentes”.
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