El director en Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere, se solidarizó con los 80 trabajadores despedidos en 2018 de El Diario, el medio que edita Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), en la cual la familia Etchevehere tiene el 30% del paquete accionario.
«Nos solidarizamos con los trabajadores de El Diario, que fueron injustamente despedidos hace más de cuatro años -dijo en diálogo con CNN Gualeguaychú-. Como ustedes saben, y es e público conocimiento, en el año 2020 la mayoría accionaria salió de la familia Etchevehere. A partir de 2010, no tuvimos la conducción de El Diario de Paraná. Hubo otros empresarios, como han sido el empresario santafesino (Walter Grenón) que han llevado la conducción, y han llevado a ese desenlace».
Dijo que mientras su padre, Luis Félix Etchevehere fue director de El Diario, durante más de 30 años, ese matutino «fue una tribuna de libre expresión, donde se escucharon todas las voces, muy comprometida con el medio, muy comprometida con nuestra provincia. Lamentamos la pérdida de una tribuna tan señera como fue El Diario».
Aludió así a los últimos dueños de El Diario, Walter Grenón, primero, y Ramiro Nieto, después, aunque el entrevistado no supo identificar a ninguno de los dos durante la entrevista radial. «Ahora ellos son las autoridades y han tomado la decisión y han llevado a la empresa a la situación en la que está. Vuelvo a decir: solidarizándome yo y mi familia con los trabajadores de El Diario con los cuales hemos transitado muchos años de nuestras vidas».
-Un medio que sigue recibiendo pauta del Estado provincial.
-Desconozco porque ni siquiera soy accionista de SAER.
Como reveló Entre Ríos Ahora, la familia Etchevehere procura concentrarse en sus disputas judiciales por los negocios familiares y huye del conflicto El Diario.
Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere.
El 2 de marzo, la familia Etchevehere pidió una audiencia al juez que lleva adelante desde 2018 el concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, Ángel Moia, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9: querían discutir la decisión del magistrado de haber inscripto como patrimonio de la firma concursada tres propiedades ubicadas en calle Santa Fe 322/332/342. Esas propiedades están en alquiler, y el beneficio económico, iba a los bolsillos de uno de los integrantes de la familia, Arturo Sebastián Etchevehere; la Justicia cambió de raíz esa situación, y la renta pasó a ser administrada por el Juzgado.
Para atender las razones de los hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y la madre de éstos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Moia fijó audiencia para el 4 de abril, a las 8, y dio intervención en el trámite judicial a un grupo de extrabajadores despedidos de El Diario que batallan en la Justicia por el cobro de sus indemnizaciones. El 4 de marzo el Juzgado Civil y Comercial N° 9 informó oficialmente que en Tribunales habían dado turno para ocupar el salón María Sara Oyhampé para dentro de un mes, el 4 de abril, a las 8. La audiencia se fijó para que los Etchevehere tuvieran oportunidad de argumentar; el juez, de escuchar; y los despedidos de El Diario, de enterarse por qué una parte integrante de SAER quería seguir usufructuando de una propiedad que la Justicia había dicho que no les pertenece.
Extrañamente, el viernes 1° de abril, a las 22,46, la familia Etchevehere, a través de su abogado patrocinante, Mariano Churruarín, comunicó al Juzgado Civil y Comercial N° 9 su decisión de desistir de la audiencia. «Nuestro pedido de suspensión de la misma se funda en que la audiencia solicitada a usted y otorgada para el día 4 de abril del corriente, a las 8 hs., era a los fines de ponerlo en conocimiento y para tratar cuestiones estrictamente vinculadas a nuestra posesión y una serie de circunstancias relevantes, relacionadas con los inmuebles sitos en calle Santa Fe 322/332/342 (…)», señalaron en el escrito. «El objeto de la audiencia solicitada ninguna relación tiene con los eventuales planteos o acreencias de los acreedores laborales, representantes del comité de acreedores de Sociedad Anónima Entre Ríos S.A., quienes detentan centros de interés diferenciados en el proceso concursal, aún no resueltos, y con quienes no hemos tenido ninguna vinculación durante todo el transcurso del concurso, ni en la gestión o negociación que SAER S.A., pueda haber mantenido con ellos desde el inicio del concurso en el 2018. En este sentido, Leonor María Barbero Marcial, en su carácter de accionista minoritaria de SAER S.A., ha sido excluida totalmente de toda decisión relacionada con la gestión societaria o del concurso», agregaron.
La presentación agregó: «Por ello, considerando que esta situación tergiversaría el objeto de la audiencia, como asimismo han transcurrido 30 días del pedido de la misma, habiéndose dictado y ejecutado actos procesales en este tiempo, como asimismo se encuentran pendientes de resolver otros planteos relacionados con el tema, es que fundamos el pedido de la suspensión».
En respuesta, el juez Moia resolvió «suspender la realización de la audiencia fijada en autos -en interés de los solicitantes- para el día de la fecha -8:00 hs.- bajo exclusiva responsabilidad de los peticionantes y continuar las presentes según su estado».
La disputa por esas propiedades de calle Santa Fe, que la Justicia incorporó al patrimonio de la concursada SAER y que los Etchevehere reclaman como propias, es parte de otras maniobras que que han quedado en evidencia en el el proceso.
Como contó Entre Ríos Ahora, SAER se las ha ingeniado para evitar que se contabilicen ingresos genuinos. Uno de ellos es a través de “ceder” el cobro de facturas de publicidad del Estado provincial a sus proveedores de servicios, sin ingresar esta plata a sus arcas. Por ejemplo, a mediados de 2020, la empresa registró este tipo de operatoria al entregar facturas por 7.115.630 de pesos a tres firmas: a El Litoral SRL –editora del diario El Litoral de Santa Fe–, a Artes Gráficas del Litoral (AGL) –la titular de la planta impresora en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, cuyos dueños son El Litoral y el Grupo Clarín–, y a Plural SA, una editora gráfica del grupo El Litoral. La particularidad de esta maniobra es que El Litoral hasta octubre del año pasado gestionaba casualmente el concurso preventivo. Esto lo hacía como parte de un preacuerdo de opción de compra del paquete mayoritario de SAER. El mandamás del grupo El Litoral, Nahuel Caputto, encomendó al coqueto Estudio Jurídico Prono de la ciudad de Santa Fe la administración de SAER, al tiempo que así pudo asegurarse el cobro por sus aportes auto transfiriéndose el cobro de facturas por auspicio oficial.
Pero la Luna de Miel llegó a su fin. Sin mayores perspectivas redituables, Caputto decidió retirarse paulatinamente en octubre pasado de la gestión de SAER y anticipó que no haría uso de la cláusula de adquisición. En una situación apremiante, volvieron a la administración de El Diario los propietarios que siempre estuvieron en las sombras. SAER es propiedad en un 66,6% de NEA Capital Creativo SA, cuya cabeza visible es Ramiro Héctor Nieto, un exitoso empresario televisivo de Rosario. El otro 33,3 por ciento está en manos de la familia Etchevehere que componen Leonor Barbero Marcial –la viuda de Luis Félix Zahorí Etchevehere– y sus hijos: el ex secretario de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel; Sebastián y Juan Diego.
Las joyas de la abuela
Con el “regreso” de Nieto y los Etchevehere, el concurso preventivo también se enfiló hacia su recta final, ya que van cerrándose los plazos para que la empresa salga de su crisis o vaya a remate para pagar las deudas. De todas maneras, estos tiempos se han tornado elásticos, ya que el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 que está a cargo del expediente, no demuestra una mayor dinámica que la de seguir deshojando la margarita.
El 4 de febrero pasado vencía el plazo para que SAER presente una propuesta de pago de pago a sus acreedores. Debería haber sido una de las últimas instancias ya de la convocatoria, porque la misma ya ha sido pospuesta sucesivamente. Pero resuelta que Mariano Ricardo Prono, del Estudio Prono –que todavía no se fue del todo– presentó un pedio de 30 días más antes que venza el plazo “del periodo de exclusividad” para presentar los acuerdos de pago con ex trabajadores y otros acreedores. Sobre este pedido el juez Moia –que conoce a los Prono por haber transitado por sus oficinas– todavía no decidió. El magistrado pondrá esta consideración en su despacho luego que un organismo del Estado provincial responda una solicitud de información, en un artilugio administrativo dentro del expediente que ninguno de los abogados laboralista logra entender. Es así que cuando este requerimiento sea ingresado comenzará a descontarse la renovación de prórroga que se da casi por descontada.
Con Prono en Tribunales, las negociaciones con los acreedores ahora las timonea estudio de abogados CMS de Rosario, que fue contratado por los empresarios de medios rosarinos Orlando Vignatti y Gustavo Scaglione, y que a su vez fueron por convocados por Nieto, en otro intento de una fuga hacia adelante.
Ahora, ¿qué objeto tiene todo este aplazamiento? Todos los indicios evidencian que la idea de “patear” para adelante estos términos tiene el solo objetivo de evitar una quiebra segura y con ello el remate de los bienes de SAER para saldar los créditos abiertos, que tan solo con alguna de sus propiedades podría cubrir.
Justamente a foja 2.999 de expediente Nº 3.366 “Sociedad Anónima Entre Ríos s/ Pedido de Concurso Preventivo” figura el listado de estos bienes. En el detalle se describen los vehículos de la firma, una histórica biblioteca, el valor intangible de la marca y la emblemática casa de Urquiza 1.110 de Paraná. Se trata de un inmueble majestuoso que ocupa toda la esquina en su intersección con calle Buenos Aires, “localizada en pleno centro” de la ciudad aclara el informe de la Sindicatura, con una superficie de 300,40 m2. Tan sólo esta propiedad está valuada en 2,2 millones de dólares. También están incorporados al acervo un galpón en avenida Zanni 1.591, tasado en 480.000 dólares; un lote en el barrio privado La Ribera –de 95.000 dólares– y otro terreno en el country Puerto Barrancas –56.000 dólares–. Y como otros activos, el relevamiento observa como utilidades asignadas a Zahorí Etchevehere, antiguo propietario junto a sus hermanos Arturo Roosevelt e Ivar Julio, cuya esposa e hijos conservan el tercio original de la SA, los siguientes inmuebles: en calle Santa Fe Nº 322; en calle Santa Nº 366; en Los Vascos 745; “una fracción de campo en Monjes Norte; un “inmueble en Pueblo El Carmen Racedo”, paraje donde se encuentra Las Margaritas, la estancia más grande e importante de la familia Etchevehere y que le da el nombre a la SA que administra los campos del grupo. Se aclara, sí, que estos últimos “inmuebles continúan a titularidad registral de SAER e incluso abona sus impuestos pese a estar en insolvencia, siendo que estos ya no formarían parte del activo concursal, si bien se informa de ello para su conocimiento, no se realiza valuación de los mismos hasta tanto se resuelva su situación jurídica”, dice la Sindicatura al juez Moia.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora