En la Legislatura produjo una fuerte reacción de condena las expresiones de la destituida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, sometida a un proceso de jury bajo el cargo de mal desempeño al no excusarse en la causa de los contratos truchos.

El bloque de senadores del Frente Creer planteó que en Entre Ríos «no existe ninguna crisis institucional, sino la vigencia plena de las leyes y la necesaria igualdad de los ciudadanos ante la ley».

«La abogada Cecilia Goyeneche fue condenada por un Jury de Enjuiciamiento que tiene rango constitucional, y que se formó para analizar su conducta, dado que a la fiscal no la podía investigar su propio equipo de trabajo, como ella pretendía.  Eso sí hubiera sido una situación de parcialidad en favor suyo», señalaron los senadores.

«Queda claro además que la condena del Jury a la fiscal no fue por investigar al ex gobernador Sergio Urribarri como se sostiene falseando los hechos. Goyeneche fue destituida por tener lazos comerciales y de amistad con un imputado en otra causa que ella estaba investigando, y por no haberse apartado de la misma como debió haberlo hecho. Y además de eso, por mentir sobre ese vínculo, con el objetivo de seguir al frente de esa causa», fustigaron.

Al respecto, plantearon: «Es indudable que hay sectores que festejan el accionar judicial cuando los fallos los favorecen, y cuando estos no son lo que esperaban, no dudan en denunciar un supuesto acuerdo entre el poder político y los miembros del Poder Judicial. Esa no es una situación novedosa, pero si nos causa sorpresa cómo en este caso se sostiene un hecho falso para atacar la resolución del Jury».

«En el caso de la vocal Gisela Schumacher -a quien Goyeneche cuestiona diciendo que fue designada para votar en su contra-,  hay que recordar que la Cámara de Senadores prestó acuerdo constitucional por unanimidad para su designación. Es decir, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con su nombramiento. También es necesario recordar que no se registró ninguna impugnación a su pliego», señalaron.

«Pero por sobre todas las cosas, queremos señalar que en Entre Ríos todos los fallos dictados en casos de delitos contra el Estado provincial han sido respetados, ya sea que se recaigan sobre  funcionarios del oficialismo o de la oposición. La postura del gobierno provincial es acatar los fallos y no discutirlos en los medios de comunicación», indicaron.

Mietras, el bloque de diputados del Frente Creer apuntaron:  «En Entre Ríos funcionan las instituciones y se respetan las garantías y las leyes vigentes, por ello entendemos que el fallo emitido por el Jurado de Enjuiciamiento -órgano constitucional que definió la destitución, compuesto por representantes del Colegio de la Abogacía, el Poder Judicial y de la Legislatura- debe ser respetado y, en todo caso, recurrido en el marco de lo establecido en la Constitución Provincial, las instituciones republicanas y las leyes vigentes».

«Durante todo el proceso prevaleció la independencia de poderes y se mantuvo la absoluta vigencia de las instituciones democráticas, constitucionales y legales, necesarias para el funcionamiento del servicio de justicia y del Jury de Enjuiciamiento, juicio político destinado a evaluar el desempeño de, entre otros, funcionarias y funcionarios judiciales de menor jerarquía», indicaron.

En ese sentido, señalaron que en el marco «del proceso del Jurado de Enjuiciamiento, la fiscal que fue destituida optó por considerar una defensa en términos mediáticos, agraviantes y políticos, cuando debió limitarse a defenderse técnicamente de lo que la acusó el Jurado de Enjuiciamiento en su primera composición y destituyó en una segunda integración».

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora