El 6 de diciembre de 2021, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dictó el sobreseimiento de un imputado en una causa que se investigaba el uso irregular de contratos de personal en la Cámara de Diputados. El beneficiado resultó Juan Alfonso Blason Lorenzatto, imputado en una investigación por supuestos contratos truchos mientras se desempeñó en la oficina del exdiputado radical Ricardo Troncoso. La decisión de la Sala Penal se dictó por cuanto consideró que el Ministerio Público Fiscal alargó los tiempos de la investigación sin argumentos, cuestión que, fundó la Sala, no fue advertida ni por el juez de Garantías, ni el Tribunal de Juicios y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal.
El voto que argumentó la postura de la Sala Penal del STJ lleva la firma del vocal Daniel Carubia. «Por lo demás -planteó en su voto-, constatándose largamente agotado el término para practicar la Investigación Penal Preparatoria, sin verificarse la existencia de una fundada solicitud de prórroga ni la consecuente concesión judicial para su continuación, deviene incontestable la insubsistencia de la potestad de la Fiscalía para realizar actos de investigación respecto del imputado recurrente Juan Alfonso Blasón Lorenzzatto, lo cual implica el agotamiento de las legítimas tareas de investigación con la inexistencia de razonable posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba; y no contó el Ministerio Público Fiscal, para entonces, con bases suficientes para requerir de manera fundada la apertura del juicio, lo cual configura la expresa causa de procedencia del sobreseimiento en su favor».
Un fallo que tensa relación entre la Procuración y la Sala Penal del STJ
Carubia se detiene en examinar el asunto de cuál es el plazo razonable para que una investigación de Fiscalía se resuelva, de modo de evitar tener in aeternum a un imputado en ascuas. Al respecto sostiene que «el plazo razonable para la sustanciación de cualquier acusación penal contra una persona y la determinación de sus derechos está expresamente previsto por el artículo 223 del Código Procesal Penal», y ordena que la investigación penal del fiscal «deberá practicarse en el término de tres meses a contar desde la última declaración del imputado. Si resultare insuficiente, el fiscal podrá solicitar fundadamente prórroga al Juez de Garantías, quien podrá acordarla por otro tanto si juzga justificada su causa o la considere necesaria por la naturaleza de la investigación».
La Procuración General de la Provincia intentó sostener su tesitura y poner en discusión esa sentencia del STJ, pero el 22 de febrero último la Sala Penal del STJ, con el voto de sus tres miembros -Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Giorgio, rechazó un recurso extraordinario federal, por lo cual el Ministerio Público Fiscal acudió a la Suprema Corte de Justicia con un recurso de queja, todavía no resuelto.
En el ínterin, esa jurisprudencia del máximo tribunal provincial empezó a ser utilizada por distintos abogados defensores para pedir el sobreseimiento de sus defendidos en causas que se elongan en el tiempo. Uno de los beneficiados de más alto impacto resultó ser el exgobernador Sergio Urribarri en una causa por coimas en la que está imputado también el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros; también alcanzó al exdiputado radical Ricardo Troncoso, y ahora los empresarios imputados en la denominada causa Mercosur Obras van por el mismo camino.
En la agenda de Tribunales está previsto una audiencia este jueves 9, a las 10, para la formalización del pedido de sobreseimiento, aunque su realización, según el Ministerio Público Fiscal, está en dudas. «Podría reprogramarse», arguyen
La denominada Causa Mercosur es una investigacióni penal que investiga supuestos sobreprecios en las obras contratadas durante la realización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Paraná en diciembre de 2014, durante la gestión de Sergio Urribarri. El exgobernador fue condenado, el 7 de abril último, en el marco del megajuicio, por el pago de una millonaria cifra por la difusión de cuatro spots de promoción de aquella Cumbre Mercosur.
En el marco del expediente que tiene que ver con la contratación de las obras -en La Vieja Usina y la Escuela del Centenario, entre otras, están sospechados por sobreprecios los empresarios de la construcción Miguel Marizza (Caballi SA), Néstor Iván Szczech (Szczech & Szczech), Rubén Grasso (Cemyc ) y Daniel Hereñu (OICSA), más la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Feltes.
El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur que tuvo lugar en Paraná a mediados de diciembre de ese año.
El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, ahora eyectado de la administración del gobernador Gustavo Bordet, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.
Así, se puso en marcha el denominado Operativo de obras, servicios y provisiones de bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de Vialidad, fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.
Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.
El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.
El miércoles 19 de octubre de 2016, el fiscal Juan Malvasio realizó allanamientos en las sedes de las firmas, en la Cámara de la Construcción y en la oficina de la titular de Vialidad, Alicia Feltes. De aquel operativo, el acusador público se llevó computadoras, documentación y hasta el teléfono celular de la funcionaria. Mientras, solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
Cinco constructoras cobraron más de $38 millones en la Cumbre Mercosur. La empresa Cemyc SRL (Grasso) cobró $ 12.979.337,82; Antonio Caballi SA, de Marizza, se alzó con $ 12.683.198,14; Szczech & Szczech SA cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94. En último lugar se ubicó Luis Losi SA, con $ 535.184,34.
Los trabajos se realizaron en las dos sedes que tuvo la Cumbre: la Escuela Centenario y la Vieja Usina. Se colocaron carpas, mobiliario, plantines de ambientación, decoración, instalación de equipos de audio y videos, banners, servicio informático y de limpieza, entre otros elementos para el funcionamiento del encuentro continental.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.