El viernes 3 del actual ocurrió una situación poco corriente: el fiscal Martín Nuñez, de la Unidad Fiscal de Concordia, se puso al frente de un allanamientos en las oficinas de la delegación local del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), en San Luis casi Güemes. Fue inusual porque rara vez los fiscales se ponen al frente de un allanamiento.
Ese día hubo otros dos allanamientos. Un segundo operativo ocurrió en el Hospital Delicia Concepción Masvernat: una menor había denunciado en Tribunales que en ese lugar había sido obligada a practicarse un aborto. El el tercer allanamiento fue en el centro de salud en la localidad de Puerto Yeruá, donde vive la menor.
La denuncia, después de los tres allanamientos, fue desestimada por el fiscal en base a dos testimonios clave: la partera que atendió a la menor en el Hospital Masvernat le confirmó que nunca estuvo embarazada; y el médico que le habría practicado el aborto, según la denuncia, es objetor de conciencia respecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
De acuerdo a lo que publicó el sitio www.diarioriouruguay.com.ar, el fiscal Nuñez recibió el jueves 2 la denuncia de una menor de 17 años, oriunda de Puerto Yeruá,»quién vino con su novio y denunció que había venido al Hospital Masvernat para realizarse una ecografía por un embarazo que ella estaba cursando».
«Ella dijo que cuando llegó a Concordia no le habían hecho una ecografía sino directamente un aborto, del cual ella jamás había dado su consentimiento: ni ella ni su madre», comentó. Según el funcionario judicial, se trataba de una «causa atípica, ya que no es común recibir una deuncia de esa naturaleza y además se trata de un hecho grave».
La menor de 17 años que efectuó la denuncia estaría en una situación de vulnerabilidad, con consumo problemático, en pareja con un joven de 22 años. Un miembro de la Justicia concordiense que intervino en otra causa que tuvo como denunciante a la menor refiere que antes del caso del aborto había denunciado a su hermano por violencia física, hecho que no se pudo comprobar.
Por esa situación de supuesta violencia, había intervenido el Copnaf a principios de año. Cuando hizo referencia que estaba embarazada, vuelve a tomar intervención el Copnaf para que se haga los controles médicos de rutina y le dijeron que estaba la posibilidad de que se aplique el protocolo de aborto no punible por ser menor.
Según fuentes consultadas, la menor había llegado al Copnaf con el resultado de embarazo mediante prueba casera (Evatest) y una ecografía que, al final se supo, era trucha. Llevada a revisión médica en el Hospital Masvernat se comprobó que el embarazo no existía y por tanto tampoco el aborto. Pero a los pocos días, la promotora de derechos del Copnaf que la había acompañado al hospital recibe una llamada de la pareja de la denunciante, en la que la acusó de haberle obligado a abortar.
«No fue necesario un allanamiento, porque bien se pudo haber pedido por oficio una copia de las actuaciones», evaluó una fuente judicial, crítica del procedimiento que llevó adelante el fiscal Nuñez.
En el Ministerio de Salud tampoco quedaron conformes con la intervención del funcionario judicial en este caso. «El problema acá es el fiscal actuante; no es la primera vez que actúa de esta manera y se agrede a todos los equipos de salud sexual», se quejaron en la cartera sanitaria que conduce Sonia Velázquez.
«No solo demoniza una práctica como el aborto no punible, sino que además intenta realizar un circo mediático», cuestionaron.
Foto: Diario Río Uruguay
De la Redacción de Entre Ríos Ahora