A menos de una semana de haber conseguido la probation en la causa penal en la que se investigaban supuestos sobreprecios en las obras contratadas por el Gobierno provincial para la infraestructura de la Cumbre de Presidente del Mercosur, que se celebró en Paraná en 2014, mediante el pago de una suma de $2,5 millones en concepto de reparación, el empresario Néstor Iván Szczech, de altísimo perfil como dirigente del sector de la construcción, logró este jueves otra suspensión de juicio en el marco de una causa por el supuesto delito de peculado en una obra de pavimentación de calles que se realizó en el Municipio de Seguí, bajo la administración del exintendente Cristian Treppo.

Junto a Szczech, lograron la probation los empresarios Daniel Aníbal Hereñú y Néstor Hereñú, de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), y Hernán Barrero, ingeniero de la constructora, a partir de un acuerdo que alcanzaron los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovanni, con los defensores Miguel Ángel Cullen y Julián Pedrotti, que fue refrendada por el juez de Garantía Ricardo Bonazzola.  Se trata de la causa que se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de Seguí, que afirmaron que hubo un sobreprecio en la obra de pavimentación de 16 cuadras que se ejecutaron con fondos del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.

Causa Mercosur: los empresarios zafaron con reparación económica

El exintendente de Seguí, Cristian Treppo fue acusado del presunto delito de peculado, que alcanza también a otros funcionarios y un grupo de empresarios de la construcción. Según la Fiscalía, la obra habría tenido un sobreprecio de más de $5 millones. Del acuerdo de suspensión de juicio a prueba -si las cuatro personas cumplen las reglas de conducta impuesta durante el plazo de la probation quedarán sobreseídos- quedó afuera Treppo, por ser funcionario público, y también la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra, por cuanto Fiscalía entiende que es funcionaria pública y no puede ser alcanzada por la suspensión de juicio a prueba. En el caso Zapata, su defensor, Germán Coronel, puso reparos a esa decisión por lo cual su caso será analizado en forma separada.

Sobreprecios: otra vez aplazan elevación a juicio de la causa Treppo

El acuerdo de suspensión de juicio a prueba contempla reparaciones económicas y normas de conducta a cumplir por los cuatro imputados que accedieron al beneficio:

 

Daniel Aníbal Hereñú, de la empresa Oicsa. Respecto a ña reparación del daño, dijo el defensor Pedrotti, durante la investigación “no ha sido determinado ningún perjuicio hacia el Municipio de Seguí. No obstante ello, se hace un ofrecimiento de un aporte a la Municipalidad de Seguí de $500 mil, importe que será transferido a los 30 días de celebrada esta audiencia”. En caso de que el Estado municipal rechazase esa reparación, será prorrateada entre las cinco ONG beneficiadas en las normas de conducta que cumplirá.

Así, como norma de conducta, Hereñú se impone ofrecer, dentro de los 30 días de la probation, hacer transferencias por $3 millones a cinco entidades seleccionadas por la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial. A cada una le corresponderá una suma de $375 mil: la ONG Mitre, La Asociación Casa Lázaro-Hogar de Cristo, Centro Huerta de Caná-Iglesia Asamblea de Dios, Fundación Suma de Voluntades, Sala de Velatorio Argentina Zabala, Escuela Los Nazarenos, Centro Comunitario Solidaridad.

El empresario Hereñú también tiene suspensión de juicio a prueba en otra causa, de la Cumbre Mercosur, por dos años, por lo que el plazo ahora se extiende a tres años.

Néstor Iván Szczech ofreció una reparación económica de $100 mil a la Municipalidad de Seguí , y en caso de no ser aceptada se distribuirá entre las entidades beneficiadas con las reglas de conducta.

Las reglas de conducta del empresario implican realizar un aporte de $400 mil en un plazo de 30 días a las siguientes entidades: Asociación Civil Amigos del Puerto Nuevo, Hogar de Ancianas San Vicente de Paul, Escuela N° 208 Juan Carlos Esparza. La primera recibirá $135 mil; la segunda, $135 mil; y la tercera, y $130 mil.

Ya tiene suspensión de juicio a prueba por dos años en la causa Mercosur, por lo cual se le suma 1 y serán 3 años.

Néstor Hereñú ofreció a modo de reparación del daño un aporte de $100 mil a la Municipalidad de Seguí.

Y como norma de conducta, ofrece realizar, dentro de los 30 días posteriores a la audiencia de este jueves, un aporte total de $400 mil a la Escuela N° 190 Obispo Gelabert y Crespo, a la Escuela Abel Bazán y Bustos, al Merendero San Francisco de Asís: los montos serán, respectivamente, de $135 mil, $135 mil y $130 mil.

La suspensión de juicio a prueba será por dos años, porque ya tiene una probation en otra causa resuelta en los Tribunales de Gualeguaychú.

Hernán Barrera ofrece una reparación de $100 mil a la Municipalidad de Seguí.

Y como normas de conducta hacer un aporte de $400 mil distribuido entre las siguientes entidades: Merndero Lionel Messi, Comisión Vecinal Ricardo Güiraldes y Casa de Acompañamiento José Rodríguez. Cada una recibirá los siguientes montos: $135 mil, $135 mil y $130 mil.

En su caso, la suspensión del juicio a prueba será por un plazo de 2 años.

El juez Bonazzola les hizo saber a los cuatro que llegaron a esa instancia acusados de un supuesto hecho ilícito, “delito que está todavía bajo investigación, con requerimiento de elevación a juicio, pero hay cuestiones procesales que lo han demorado. Como se ha informado, carecen de antecedentes penales condenatorios. La pena que le correspondería en un eventual juicio sería de ejecución condicional, no superaría los 3 años. En estos casos, la ley penal les otorga la posibilidad de resolverlo mediante la suspensión del juicio prueba”.

“La suspensión implica la suspensión de este juicio durante un tiempo durante el cual deben cumplir reglas de conducta, controladas por la Oficina de Medios Alternativos. Vencido el período de la prueba, si han cumplido satisfactoriamente con dicha conducta, reparado el daño, el juez les va a dictar el sobreseimiento, lo que supone el cierre definitivo de la causa abierta en su contra”, señaló Bonazzola.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

 

 

 

 

 

La investigación penal la llevó adelante el fiscal Franco Bongiovanni. En tanto, la defensa de Treppo estuvo a cargo del abogado Germán Coronel. Éste también defiende a la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; y al contador municipal Darío Alexis Monzón.

El abogado Miguel Ángel Cullen es defensor de Aníbal Herenú, titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), firma a la que se adjudicó la obra; y del vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, ; y los abogados Julián Pedrotti y Roberto Krochick, defensores del ingeniero de la firma, Hernán Barrera.

En marzo de 2021, el juez Bonazzola rechazó un planteo defensivo para que la causa pase a la Justicia Federal. El fundamento de los letrados era que los fondos para la obra eran nacionales y, por lo tanto, el asunto estaba fuera de la jurisdicción de la Justicia provincial.

El magistrado resolvió que si bien los fondos fueron aportados por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, el uso fue por parte de la Municipalidad de Seguí, y por tanto corresponde a la Justicia provincial entender en la materia.

Además, dijo que no hay ningún funcionario del gobierno federal imputado por el Ministerio Público Fiscal y que el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos auditó la rendición del dinero utilizado en la obra.

Acusación y defensa

Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios acordaron “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.

Además, afirman que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.

En el escrito de elevación de la causa a juicio, los acusadores públicos adelantaron que en el eventual juicio pedirán para Treppo 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, para Monzón y Zapata solicitará 4 años y 6 meses de prisión; para Daniel y Néstor Hereñú pedirán 4 años de prisión; y para Barrera y Szczech, 3 años y 6 meses de prisión. Al igual que Treppo, también se le agrega la inhabilitación absoluta perpetua.

El abogado de Treppo, Germán Coronel ha señalado en diferentes oportunidades que insistirá con el pedido de sobreseimiento, ya que entienden que en el caso no existió delito, ni irregularidad alguna en la pavimentación de las 16 cuadras. Para el letrado, la causa se abrió “motivada por razones políticas de dos concejales”.

En 2020, Treppo fue sobreseído de una causa en la que la Fiscalía le endilgaba el delito de falso testimonio. La acusación surgió tras su declaración como testigo en el juicio en el que terminó condenado, en 2018, el exvicegobernador Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Ré.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.