El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Elvio Osir Garzón, revocó este jueves por la tarde una segunda resolución del juez de Garantías Mauricio Mayer en la causa coimas -en la que está imputado Urribarri, otros funcionarios y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros-. La resolución revocada fue la que rechazó el pedido de homologar una probatión a favor de Alfonso José Campitelli, integrante de la firma Relevamientos Catastrales, del empresario Cardona Herreros.

Luego del fallo del 3 de mayo, mediante el juez Mayer sobreseyó a Urribarri; a Carlos Haidar, Director de Informática de la Provincia; y a Miguel Angel Ulrich, Director General de Ajustes y Liquidaciones; se presentaron ante el mismo juez los imputados Campitelli y Jorge Adrián Zanabone, integrantes de la firma Relevamientos Catastrales, y solicitaron se les otorgue el beneficio de la probation.

Zanabone y Campitelli están acusados de ser partícipes secundarios de las maniobras investigadas por la Fiscalía. El primero es gerente de la empresa Relevamientos Catastrales S.A., y apoderado de la firma; y el segundo apoderado y accionista de la misma firma.

En el acuerdo formalizado con la Fiscalía se comprometían a pagar casi 13$ millones al Estados, en concepto de reparación por daños y multa. Sin embargo, Mayer rechazó el acuerdo por entender que si accedía, la resolución era contradictoria porque había dictado sobreseimientos para otros acusados.

Lo cierto es que de los dos integrantes de la firma solo apeló Campitelli -a través de su abogado Juan Carlos Palacios-, y este jueves el juez Garzón resolvió darle el beneficio de la suspensión de juicio a prueba por un período de 1 año y 6 meses. En dicho tiempo, deberá abonar $10 millones a favor del gobierno de Entre Ríos, pagaderos en 18 cuotas; realizar una donación a una entidad de bien público que la Oficina de Medios Alternativos (OMA) disponga por el monto de $600 mil, pagaderos en 15 cuotas de $40 mil; y pagar una multa de $540 mil, en 18 cuotas de $30 mil.

Coimas: dos acusados insisten con pagar $13 millones en una probation

«Es sabido que en este sistema acusatorio las partes son las dueñas del conflicto y el conflicto de modo alguno se tiene que expropiar. Los jueces no podemos avanzar más allá de lo acordado por las partes, siempre y cuando los acuerdos no tengan visos de ilegalidad. En este caso lo que veo es que, tanto el fiscal como la defensa, han acordado darle a Campitelli una salida alternativa, y en tal sentido entiendo que se han cumplimentado los requisitos que la probation exige», explicó Garzón.

Asimismo, señaló que «se ha acreditado que Campitelli carece de antecedentes penales condenatorios, que ha ofrecido abonar una suma importante de dinero y está probado que cuenta con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal».

«Ahora bien, el señor juez de Garantías no merituó nada de esto. Por el contrario, se basó excediéndose de sus funciones», puntualizó y reiteró que en el acuerdo «no encuentro ningún vicio y entiendo que el dorctor Mayer incurre en un error ya que no puede sostenerse que el consentmiento de Campitelli ha sido forzado».

Así las cosas, el juez Garzón revocó el fallo de Mayer y otorgó la probatión al acusado.

La suspensión del juicio a prueba, también conocida como probation, es una forma de extinción de la acción penal respecto del o los imputados que se comprometan a cumplir determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por un tribunal. Luego de cumplida la probation, el o los acusados son sobreseídos. De comprobarse su incumplimiento, pueden ser llevados a juicio.

La acusación contra Campitelli y Zanabone

Campitelli y Zanabone están acusados del delito de dádivas en calidad de partícipes secundarios. En esta causa hay 11 imputados, muchos de los cuales eran funcionarios públicos. Entre ellos Urribarri; José Gervasio Laporte, Secretario Legal y Técnico de la Provincia; Luis Alfonso Erbes, Subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; Humberto Flores, Secretario de Hacienda de la Provincia; y Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo.

Según la acusación, Campittelli y Zanabone participaron en la elaboración de la propuesta de la firma para ganar una licitación para implementar sotfware en la Administración Pública y también recibieron pagos de coimas. Lo hiceron a sabiendas de que tenían información privilegiada sobre el pliego de condiciones antes de que se formalizara públicamente el llamado a licitación.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.