El 12 de septiembre de 2015, el diario “La Nación” entrevistó al entonces gobernador Sergio Urribarri en medio del escándalo nacional por la contratación directa de la firma Nelly Entertainment SA por un monto superior a los $27 millones, en forma directa, sin licitación, para la difusión de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014.

Nelly Entertainment SA está presidida por Jorge  “Corcho” Rodríguez, cuya mayor trascendencia es haber sido esposo de Susana Giménez. En la página web figuraba como miembro del directorio Facundo de Vido, hijo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Pero Urribarri se ocupó de desmentir esa relación.

-¿Y no está Facundo De Vido en Nelly?

-No, para nada. Ya hubo una aclaración de él. No tiene nada que ver la familia De Vido. Es todo tirado de los pelos, contestó Urribarri a “La Nación”.

El escándalo de las coimas que pagó la brasileña Odebrecht vuelve a poner en escena a “Corcho” Rodríguez y  sus lazos con la familia De Vido, que entonces Urribarri pretendió ocultar.

El holding brasileño ha desatado un escándalo mundial al admitir que pagó coimas en Argentina por un valor de 35 millones de dólares, pero “Corcho” Rodríguez dice que nada que ver. Aunque su pasado lo condena: fue socio del jefe montonero Rodolfo Galimberti y de su otrora secuestrado Jorge Born, también se asoció al ex banquero prófugo Raúl Moneta, y antes sobrellevó acusaciones por el manejo de dinero para la fundación del padre Grassi. Pero logró sobrevivir a esos terremotos, mientras tejía vínculos con el entonces ministro de Planificación Federal Julio de Vido , en nombre y por orden de Odebrecht, escribe en “La Nación” de hoy el periodista Hugo Alconada Mon.

-¿Cómo era o es su vínculo con Julio de Vido?

 

-A Julio lo conozco, como conozco a muchos políticos de la Argentina. Me dedico a esto, siempre estuve en la relación que media entre lo privado y lo político. En el caso de De Vido, su hijo Facundo es artista de nuestra compañía. Le editamos dos discos. Pero Facundo es un muy buen músico, no porque sea hijo de Julio.

La contratación en Entre Ríos de la empresa de “Corcho” Rodríguez durante la administración Urribarri –de estrechísimos lazos con De Vido—se hizo de manera ultraveloz.

Entre Ríos Ahora fue el primer medio que reveló esa contratación.

Urribarri logró que la Legislatura le dejara las manos libres para gastar sin control en la organización de la Cumbre Mercosur, y para administrar los fondos del Estado creó una Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, a cuyo frente ubicó al subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes; y como coordinador contable, al director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, Gustavo Tórtul.

Urribarri y su minsitro Pedro Báez pagaron una cifra superior a los $27 millones a la firma Nelly Entertainment SA para la difusión “del contenido de cuatro piezas audiovisuales, tres de 60 segundos y una de 45 segundos en televisión por aire y por cable a nivel nacional” a partir del 10 de diciembre y por quince días en el marco de la Cumbre Mercosur.

Por un monto muchísimo menor, también se contrató a la productora La Aldea Comunicación SA, por un monto total de $1.194.158,68, “para la difusión del contenido de cuatro piezas audiovisuales, tres de 60 segundos y una de 45 segundos, en las redes sociales Facebook, Twitter y Google”, a “nivel nacional” a partir del 10 de diciembre y por quince días consecutivos. La Aldea es propiedad de Javier “el Profe” Romero, un periodista que supo trabajar al lado de Jorge Lanata, pero que adquirió mayor repercusión en el programa ultrak Duro de Domar, en canal 9 de Buenos Aires.

Todo eso, ahora está en manos de la Justicia.

Según publicó entonces este sitio, fuentes consultadas admitieron que la contratación no podía enmarcarse en la autorización legislativa del artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que Rodríguez y De Vido subieron a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente de la Nación, Sergio Urribarri. En dichos spots el exGobernador anfitrión hablaba de la inversión del Ejecutivo entrerriano en Seguridad, Educación e Investigación Científica. Como única mención al cónclave histórico, los videos contienen una inscripción en su parte inferior que reza: “Entre Ríos, sede de la XLVII Reunión de Presidentes del Mercosur”, casi, casi, como una manera de justificar la utilización para una contratación millonaria, de un material que no tenía nada de “inherente”.

Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de Noviembre de 2014.

Otra peculiaridad del expediente para la contratación directa por $27 millones con una agencia de Buenos Aires es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad resultó llamativo que en cinco días hábiles (27 y 28 de noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables.

Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.

Ahora, aunque Urribarri no aparece, sí aparecen sus socios de otrora en el escándalo Odebrecht. “La Nación” publica hoy  que la empresa brasileña Odebrecht no reveló a quiénes sobornó, ni quiénes intermediaron en los pagos al admitir, en Estados Unidos, que coimeó a funcionarios en la Argentina y en otros 11 países.

“El armado de ese rompecabezas ya incluye los nombres de siete brasileños, dos argentinos y sospechas crecientes sobre varios más, según surge de esos documentos oficiales y los testimonios. Todos ellos, abocados a la obtención de tres proyectos de obra pública en la Argentina entre 2007 y 2014 por un total de US$ 278 millones, casi $ 4500 millones al tipo de cambio actual.”, dice el diario.

Y agrega:  “Los brasileños integran el escalafón jerárquico de Odebrecht o fueron ya identificados -y en ciertos casos condenados- por la justicia brasileña como intermediarios y valijeros. En el caso de los argentinos, todos rodean al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien rechazó las sospechas y negó todo. Entre ellos se encuentran el ex secretario de Transporte y subalterno de De Vido Ricardo Jaime, y su supuesto testaferro, Manuel Vázquez. También está comprometido el empresario Jorge «Corcho» Rodríguez.”

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.