El juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl, recibió este lunes por la tarde en audiencia un pedido de procedimiento de juicio abreviado que prevé la condena a tres años de prisión de cumplimiento condicional –sin ir a la cárcel— para los empleados involucrados en el robo de armas que estaban en custodia en el Poder Judicial.

A ese acuerdo llegaron el fiscal, Ignacio Aramberry, y los defensores oficiales, Mariana Montefiori y Gaspar Reca, Susana Daglio, Boris Cohen y Andrés Bacigalupo y la defensora oficial, María Fernanda Álvarez  en el marco de un procedimiento abreviado previsto en el Código Procesal Penal vigente, que implica el consentimiento y admisión de los hechos por parte de los imputados.

investigación por la supuesta venta de armas que habían sido secuestradas y debían estar bajo resguardo judicial, que involucra a empleados de tribunales, está en su etapa final y el fiscal Ignacio Aramberry cree que antes de fin de año será elevada a juicio.

Del inventario hecho en Tribunales, según publicó “El Diario” a principios de mes, sobre un total de más de 3 mil armas, se determinó que faltaban alrededor de 50, de distinto tipo y calibre: 9 milímetros, revólveres calibre 22, 32 y 38 y armas de guerra. Aramberry explicó que el valor de las armas, en el marcado ilegal en el que se comercializaban cuando eran sustraídas de Tribunales, oscilaba entre 2 mil y 3 mil pesos, según el caso, y que “era un comercio definitivo, eran ventas concretas”, descartando que se tratara de alquileres.

El principal acusado en la causa es el perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Antonio Daniel Vitali; pero también hay otro empleado judicial involucrado en la maniobra, Maximiliano Bertoni, que trabajaba en el Departamento Médico Forense.

Según lo que ha podido reconstruir el fiscal durante los nueve meses que lleva de investigación, se trataba de una sustracción de armas que se encontraban depositadas en Tribunales para insertarlas en el mercado ilegal. “Eran entregadas (las armas) por uno de los imputados (Vitali) a otro (Bertoni), y a su vez eran distribuidas por ese otro a terceros que las comercializaban entre otras personas”, detalló.

La acusación del fiscal estableció que “durante aproximadamente dos años, hasta mayo último, Antonio Daniel María Vitale y Mauro Maximiliano Bertoni, agentes del Poder Judicial de Entre Ríos, sustrajeron armas de fuego que se hallaban depositadas en dependencias de la oficina `Sección Depósito de Efectos Secuestrados´, situadas en el edificio del Palacio de Tribunales, sito en calle Narciso Laprida Nº 255 de esta ciudad de Paraná”.

Además, que esos elementos “eran sacados por el primero de los nombrados de los lugares donde se encontraban y a los cuales éste tenía acceso en su carácter de Perito Oficial del Superior Tribunal de Justicia, especializado en balística”. Los imputados admitieron que, “luego de ser detraídas, las armas de fuego eran entregadas” por Bertoni a Borgogno y López Alonso, “para que éstos las vendieran a personas que carecían de la condición de legítimo usuario. En concreto, se encargaban de conseguir los adquirentes…”algunos de los cuales fueron debidamente identificados en la causa, e “intervenir directamente en la propia gestión de venta y percibir el dinero resultante de las mismas”. También se los acusó de repartir el dinero producto de esas ventas entre los tres condenados, mientras que “otra parte era entregada por Bertoni a Vitale”.

Además de la pena de prisión de cumplimiento condicional, los imputados deberán seguir una serie de reglas de conducta entre las que se destacan la prohibición de realizar cualquier tipo de acto molesto y/o perturbador, por sí o por interpósita persona, por cualquier medio, hacia testigos de la causa, y cualquier otro sujeto que tuviere datos que aportar; la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto con testigos de la causa y coimputados, y de acercarse al Palacio de Tribunales, salvo en cumplimiento de citaciones cursadas por organismo judicial; la prohibición de reunirse con personas que posean armas de fuego y de concurrir a lugares donde las haya; y la obligación de realizar tareas no remuneradas en provecho de alguna institución de beneficencia, durante el término de un año para Bertoni y Borgogno y de seis meses para López Alonso.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.