Los diputados que integran la comisión de Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento de la Cámara Baja se reunirán este martes para continuar la investigación sobre la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Claudia Mizawak, denunciada por mal desempeño por un grupo de abogados y dirigentes. La comisión investigadora fijó hora de reunión para las 14.

En el encuentro, los diputados valorarán los informes remitidos por diferentes organismos a los que se libraron oficios la semana pasada. El 13 de enero es la fecha límite para que los legisladores den a conocer una resolución respecto del expediente Nº 2898, que contiene la denuncia. Y es que ese día se cumplen los 30 días que establece el artículo Nº 143 de la Constitución de Entre Ríos para que emitan un dictamen que luego tratará el pleno de la Cámara Baja provincial.

Mizawak fue denunciada por los abogados Guillermo Mulet, Rubén Pagliotto, Luciano Rotman, Luis Leissa, María Emma Barganga y Jaime y Emilio Martínez Garbino, entre otros. El pedido de enjuiciamiento ingresó a la comisión el lunes 12 de diciembre al mediodía, y los diputados tomaron conocimiento de ello en la reunión del martes 13, día en que firmaron el dictamen a favor del juicio político a Carlos Chiara Díaz, hoy juez suspendido y pronto a enfrentar al Senado, que lo juzgará.

Cabe señalar, además, que a la acusación adhirieron otros ciudadanos y abogados, entre los cuales se encuentra Rubén Virué, exsecretario de Justicia del entonces gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

En la reunión del último martes, el presidente de la comisión, Diego Lara (FpV), señaló que la fecha para convocar a la sesión especial de la Cámara de Diputados podría ser el martes 11 de enero. Aún resta la confirmación, que llegará conforme el avance de la investigación.

La producción de la prueba es sustancial para la elaboración del informe escrito que fundamentará el dictamen a favor o en contra del enjuiciamiento de la máxima autoridad del Poder Judicial de la provincia. En un breve diálogo con Entre Ríos Ahora, la diputada Gabriela Lena (Cambiemos), integrante de la comisión investigadora, señaló que “mañana (por este martes) una resolución va a salir. Necesitamos mirar bien la prueba y ver si necesitamos pedir más”.

Oficios por sociedades comerciales

La primera diligencia en busca de pruebas se realizó miércoles de la semana pasada cuando el presidente de la comisión junto a otros legisladores se trasladaron a Buenos Aires para presentar un pedido de informe a la Inspección General de Justicia (IGJ). Al organismo se le consultó si existen o existieron sociedades comerciales a nombre de Mizawak en Junín 658, piso 6, departamento A, Torre B de la Capital Federal. En esa misma dirección se encuentran dos firmas: Residential SA y Construyendo SA, donde una de las hijas de la jueza, Eugenia Ormache y su padre, Jorge Mizawak, integran el directorio junto a Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech y Claudio Tórtul. Además, en el mismo domicilio están las empresas Kriptax y Agro Premiun, ligadas al ex gobernador Urribarri.

El oficialismo no accedió a indagar sobre estas empresas relacionadas a la familia de Mizawak, ya que las firmas no están mencionadas en la denuncia. La oposición, entre los que se encuentran el diputado Alejandro Bahler (Frente Renovador/ Unión Popular) y los representantes de Cambiemos, pidieron sin éxito que se informe sobre esas firmas. El oficialismo sólo cedió a preguntar si en ese mismo domicilio social, legal y fiscal se encuentran varias sociedades comerciales.

Otro de los oficios fue enviado a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, a fin de que informe si desde el mes de enero de 2008 a la fecha Mizawak integró o integra algún tipo de sociedad comercial. Es porque en la denuncia se menciona que hasta agosto de 2008 la magistrada integró la firma AyM S.A. junto a Raúl Arroyo, su esposo y secretario de Energía de la provincia. Los documentos podrían probar una de las principales acusaciones de los denunciantes: la supuesta incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura. Y es que afirman que la magistrada habría ejercido como vocal del STJ durante nueve meses violando la ley orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo cuarto dice que “es incompatible el cargo de magistrado con la actividad comercial (…)”.

Además de la supuesta incompatibilidad y participación en sociedades comerciales, a Mizawak también se la acusa de abandonos excesivos de la jurisdicción, “falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias”; “manipulación del trámite de la causa ‘Arralde’ y tráfico de información”; “percepción de sobresueldos – enriquecimiento sin causa”; negligencia e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia, a raíz del caso del robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, entre otras.

Por ello se libraron oficios a la Dirección Nacional de Migraciones y a la empresa Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), para que reporten los viajes de la jueza; a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, para conocer cómo está compuesto el haber jubilatorio de los jueces y si en el mismo existe el rubro de “Gastos Protocolares”, señalado por los denunciantes como la forma de recibir un “sobresueldo”.

Además, los diputados pidieron toda la documental sobre la causa por la irregular designación de Guillermo Smaldone en el Tribunal de Cuentas. El STJ demoró dos años (de 2014 a 2016) en resolver el planteo de inconstitucionalidad del nombramiento que formuló el ex senador radical Carlos Arralde. Smaldone renunció y el planteo fue declarado abstracto. Esta acusación se basa en los dichos del juez suspendido Carlos Chiara Diaz, quien aseguró que Mizawak maniobró para que la resolución se demorase.

Otro de los oficios librados fue a la Contaduría del STJ, para que remita información sobre los haberes de la presidenta del STJ, desde que era vocal hasta la fecha. Al STJ, además, se le pidió que informe sobre las ausencias y los viáticos. Otro dato que se exigió es si existe algún tipo de control de los viáticos de los magistrados. También enviaron un oficio a la Unidad Fiscal de Investigaciones, para que de cuenta de todo lo realizado en la causa por el robo de armas de Tribunales.

Integrantes de la comisión
La comisión de juicio político está integrada por Diego Lara (presidente), Rosario Romero, Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.