Las empresas en la que aparecen familiares de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, ingresaron finalmente en la órbita de la pesquisa de los diputados que integran la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja.

Este martes, en la reunión de la comisión investigadora, los diputados acordaron ampliar un oficio a la Inspección General de Justicia (IGJ), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que informe la composición societaria de las empresas que estarían vinculadas a empresarios que fueron beneficiados con obra pública de la provincia y a firmas que integran familiares de la magistrada.

Concretamente, en el nuevo oficio enviado a la IGJ, los legisladores consultarán sobre el domicilio, la composición societaria y los movimientos económicos de tres sociedades: Construyendo S.A, Residential S.A y Mandato Fiduciario S.A. Esta última la integrarían Jorge Mizawak, padre de la jueza; Raúl Arroyo, su esposo; y Néstor Iván Szczech, conocido contratista de obra pública.
En tanto, Residential y Construyendo, tiene entre sus socios a la hija de la magistrada, Eugenia Ormache y también a su padre. En el directorio, además, están los empresarios Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech y Claudio Tórtul.

Cabe señalar que en marzo de este año que finaliza, la revista “Análisis” reveló que las empresas Residential SA y Construyendo SA tienen el mismo domicilio que las firmas Kriptax, de los hijos del ex gobernador Sergio Urribarri: Mauro, Sergio Damián y Bruno Urribarri, el futbolista; y Agro Premium S.A., que integran Jorge Guillermo Ramón Urribarri, Armando Arturo Urribarri, hermanos del actual presidente de la Cámara Baja; y su hijo mayor Sergio Damián. El domicilio en donde se encuentran las sociedades de los Mizawak y Urribarri es Junín 658, Piso 6o, Torre B, oficina A, de Capital Federal.

En la misma línea, los diputados que investigan a Mizawak también libraron un oficio a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos para que informe sobre la empresa De la Costa SRL, que está radicada en la provincia. La firma fue incorporada a pedido de Cambiemos, quienes señalaron que se enteraron de su existencia a través de las publicaciones periodísticas.
En rigor, en la última edición de la revista “Análisis”, su director, Daniel Enz, señaló que la magistrada, siendo vocal del STJ, adquirió en 2010 la casa donde actualmente vive a la empresa De la Costa SRL, propiedad del constructor Néstor Iván Szczech.

Por el momento sólo se conoce que Mizawak integró, junto a su esposo Raúl Arroyo, la empresa A y M Emprendimiento Sociedad Anónima. En relación a esta, los diputados ya tienen en sus manos copias de la información remitida por la IGJ para comenzar a analizarlas. Del estudio de la documental, los diputados deben determinar si Mizawak incurrió en una incompatibilidad, ya que habría integrado la empresa, ya siendo vocal del STJ, hasta agosto de 2008. Los abogados y dirigentes que denunciaron a la magistrada señalan que podría haber violado la ley orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo cuarto dice que “es incompatible el cargo de magistrado con la actividad comercial (…)”.

El miércoles pasado el presidente de la Comisión de Juicio Político, Diego Lara (FPV), Juan Navarro (FPV) y Esteban Vitor (Cambiemos) viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para diligenciar el oficio en la Inspección General de Justicia (IGJ), en la que se buscó saber si la magistrada integra o integró una sociedad comercial con domicilio en la capital federal. El pedido de informe que entregaron era restrictivo, ya que no se preguntaba sobre las empresas vinculadas a familiares de Mizawak.
El oficialismo se había opuesto a tal cosa, ya que argumentaban que el asunto no figuraba en la denuncia que originó la investigación.
En la reunión de este martes, el oficialismo reiteró los motivos por los cuales considera que no deben indagar en cuestiones que no forman parte de la denuncia explícitamente. Sin embargo, luego de un intercambio con los diputados de Cambiemos, accedieron a requerir información sobre las sociedades vinculadas a la familia de la presidenta del STJ.
En el medio, hubo un fuerte cruce de palabras entre el diputado Alejandro Bahler (Frente Renovador/Unión Popular) y los oficialistas Diego Lara (presidente de la comisión), el jefe del bloque del FPV, Juan José Bahillo y Juan Navarro.

El diputado massista se retiró ofuscado del encuentro cuando los legisladores oficialistas le impidieron hablar por no integrar la comisión investigadora. Bahler se fue con la palabra “testaferros” entre los labios, y es que parte de su alocución refería al papel de los integrantes de las sociedades comerciales que ahora se investigan.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.