El concejal Diego Zapata, del bloque Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Rosario del Tala, bajo arresto con prisión preventiva durante 90 días e imputado en una causa por corrupción de menores, podría recibir una pena, en caso de que la investigación penal prospere y llegue a juicio oral, de entre 4 y 10 años de prisión.
El dato lo dio a conocer la fiscal Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, que tiene en sus manos la investigación penal preparatoria sobre Zapata, que es enfermero en el Hospital San Roque, coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Julio Ossola, y secretarios de organización de la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado.
El caso estalló tras una serie de publicaciones que hizo Natalia Herlein, una chica trans que se desempeña como barrendera municipal y además es ordenanza en una escuela. Los posteos en Facebook llegaron a conocimiento de la Policía, que actuó de oficio y luego se dio intervención a la Unidad Fiscal. Hubo allanamientos a la vivienda de Zapata, a quien se le dictó prisión preventiva por 90 días.
Los primeros 30 días de arresto del concejal de Juntos por el Cambio los cumplirá en la Jefatura de Policía de Tala; el resto del tiempo será enviado a una unidad penal, tal cual lo establece una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En ese estado de sitaución, Zapata ya tuvo las primeras consecuencias: en Salud se pidió instrucción sumaria con pedido de cesantía; el Consejo de Educación, en tanto, lo separó del cargo.
La fiscal Reynoso habló con el periodista Fernando Gervasoni en el programa Dimensión Con Todos que se emite por FM Dimensión 90.1. y dijo que la injvestigación «se inicia a partir de que tomamos conocimiento de la autoridad policial de una denuncia anónima de una persona que pone en conocimiento de la autoridad de hechos de contenido sexual, que involucraban a personas menores de edad. Es por eso que iniciamos la investigación de oficio, entre el miércoles y jueves de la semana pasada. Fuimos obteniendo las primeras evidencias».
La representante del Ministerio Público Fiscal señaló que «a partir de las primeras evidencias que colectamos, desde Fiscalía entendimkos que había elementos para iniciar una investigación y por eso así se dispuso. Las diligencias que se han ordenado son diverass, desde declaraciones testimoniales y solicitudes de informes. Es decir, lo propio de cada investigación penal. En ese marco, requerimos a la jueza de GFarantías la aplicación de una medida cautelar y la jueza entendió los fundamentos brindados por nuestra parte, e hizo lugar a la medida cautelar».
Cauta al momento de dar detalles, Reynoso dijo que la invesetigación penal «trata de hechos de contenido sexual. Hay un legajo en trámite. Las presuntas víctimas son menores». Respecto de la calificación legal, aunque no la quiso revelar, dijo que es provisoria, como en toda investigación. «Particuarlmente, teniendo en cuenta las calificaciones legales, hablaríamos en caso de condena en un juicio que la misma necesariamente sería de cumplimiento efectivo, atendiendo a un mínimo de 4 años en principio con la calirficación provisoria de ahora. Y un máximo que está por encima de los 10 años».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora