“En el presente juicio político hay una velada pero concreta intromisión del poder legislativo bajo la dirección del presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Urribarri, a quien no nombra directamente), que institucionalmente resulta insoportable porque pretende controlar aspectos de su funcionamiento, trámites, características de los desempeños de cada uno de los magistrados, que al parecer y a pesar de ser intolerable institucionalmente ha contado con la aquiescencia fundamentalmente de la titular del STJ, Dra (Claudia) Mizawak, quien ha permitido que desde la Comisión Investigadora se pida informes directos a la Contaduría General o a las Secretarías de Superintendencia, presentándose también una recepción sin control de pedidos de la llamada Comisión Investigadora que fueron derivados a la Sala de Amparos con premura, sabiendo de la ausencia por licencia otorgada al denunciado”, dice el texto de Guillermo Brunner, defensor del juez Carlos Alberto Chiara Díaz, ante el Senado, convertido en tribunal que lo juzgará por mal desempeño de su función.

Pero el juez hizo lo que siempre: sacó un as de la manga y atacó primero: dijo que todo “sirve para abonar la convicción del vocal de haber sido elegido entre todos los vocales del STJ para someterlo a un reiterado y alevoso ataque tendiente a su desprestigio y eliminación del cargo cuanto antes por ser considerado un juez independiente, sobre todo en los casos vinculados con acusaciones de corrupción en la función pública y en los cuales no parece que se le merezca confianza para decidirlos, considerándolo a ello un defecto por parte de los amigos del poder”.

No sólo Carlos Alberto Chiara Díaz disparó, en su defensa en el proceso de juicio político, contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Daniel Urribarri, y la titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, sino que también reprochó cada uno de los cargos por mal desempeño que le achacan.
Respecto de las cuantiosas ausencias a su despacho del STJ –era, hasta su suspensión como juez, presidente de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales–, dice, en su descargo ante el Senado de la acusación de Diputados, que durante los últimos diez años “nunca” efectuó un viaje, comisión o licencia o actividad dentro o fuera de la provincia “utilizando pasajes aéreos, auto particular y/o auto oficial sin contar con la previa autorización” de parte de al “menos cinco miembros” del máximo tribunal de justicia.
En ese orden de ideas, sostiene que si hubiera “alguna ilegalidad” la “supuesta responsabilidad de Chiara Díaz” debería extenderse a “quienes concedieron la autorización”. Pero dice que no hubo ninguna ilegalidad por cuanto “todos los señores vocales, en mayor o menor medida, solicitaron la misma autorización, licencias y/o ausencias que ahora selectivamente se le reprocha”.
Refuta el dictamen de la Comisión de Juicio Político de Diputados que lo acusó de ausentarse por motivos atinentes a la vocalía “que no existieron”, y dice que la acusación “es falsa”. Y que la acusación se basa en “muletillas”.
Respecto del cobro de “doble viático”, la defensa de Chiara Díaz argumenta con declaraciones periodísticas de la propia Mizawak que explica de qué modo se asignan los fondos. “Niego enfáticamente haber percibido alguna vez doble viático”, refuta a Diputados ante el Senado.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.