El Superior Tribunal de Justicia (STJ) se pronunció a favor de los cambios introducidos por la Legislatura al Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y de ese modo tomó distancia de la postura crítica que expresaron el Colegio de la Abogacía y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial.
En acuerdo del martes 6 -el STJ se reunió en La Paz- el alto tribuna dijo compartir «en líneas generales las necesarias _aggiornantes_ propuestas de modificación del Instituto que coadyuvarán en la transparencia y celeridad de sus procedimientos; en especial, el reconocimiento de integración del estamento académico con docentes de Universidades con sede en la provincia, la conformación de listas anuales de Jurados y su sorteo en acto público para intervenir en cada concurso, la conformación de un banco de casos de conocimiento público del cual emergerían por sorteo los casos concretos para cada examen de oposición y, por último, la simplificación del control judicial de las decisiones administrativas del Consejo, evitando una extensa tramitación por la vía administrativa o Contencioso Administrativa ordinaria, contraria a la necesaria pronta resolución definitiva de los eventuales conflictos que se susciten, llevándolos directamente a decisión del último órgano judicial competente en la materia».
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El artículo 26 del proyecto que envió el Ejecutivo establece que el resultado de la calificación de antecedentes y del resultado final de la prueba de oposición de los postulantes se podrá interponer una impugnación en caso de disconformidad la que deberá ser resuelta en un plazo de diez días hábiles.
“La decisión será causatoria de estado, mediante resolución fundada, la que será irrecurrible jerárquicamente, considerándose agotada la vìa administrativa”, señala.
Y agrega: “La revisión judicial de la decisión corresponderá al Superior Tribunal de Justicia en pleno, a través de un recurso directo que deberá interponerse fundadamente por ante este Tribunal dentro de los cinco días de notificada la decisión del Consejo de la Magistratura”.
Después de la media sanción en Diputados, este miércoles el Senado lo conviertió en ley al proyecto, en ambos casos solo con el voto del oficialismo.
Consejo de la Magistratura: Diputados dio media sanción a la reforma
“Desde el interbloque hemos analizado profundamente el proyecto del oficialismo y los aportes brindados por diversas instituciones en el debate en comisión y, salvo excepciones, nadie apoya el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura porque atenta contra la imparcialidad que debe tener el organismo en el proceso de designación de los funcionarios judiciales en un claro intento de afectar la independencia de la justicia y garantizar impunidad”, opinaron los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados.
Consejo de la Magistratura: fuerte crítica de abogados y magistrados a los cambios
En una declaración conjunta, el Colegio de la Abogacía y la Asociación de la Magistratura destacaron que el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos “ha sido un organismo modelo en el país y su funcionamiento ha sido correcto durante los casi veinte años de su vigencia”. Y recordaron que por invitación de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expusieron en el recinto sus observaciones a la iniciativa del Gobierno y “cuestionamos” tanto la oportunidad como la velocidad del tratamiento de un proyecto de ley “que no promovimos, ni alentamos”.
“No obstante, junto a otras instituciones, realizamos observaciones al proyecto de reforma, respecto de algunas modificaciones que, entendimos, no resultaban adecuadas ni beneficiosas para el sistema de designación de las y los miembros de las magistraturas judiciales”, apuntaron.
Una voz a favor fue la de la Universidad Autònoma de Entre Ríos (Uader), en especial el punto que le da mayor relevancia a las universidades provinciales en el Consejo de la Magistratura.
El rector de Uader, Luciano Filipuzzi, puso énfasis en “la importancia de estar discutiendo la representatividad de las universidades en el organismo que resuelve quiénes van a ser jueces y funcionarios de la fiscalía y la defensoría”. Opinó que “es fundamental, para garantizar mayor democracia y participación, que sean parte de ese ámbito las universidades que tienen asiento en la provincia y que cuentan con docentes que son abogados de carrera, que dictan cátedras de derecho y que poseen una gran idoneidad, experiencia y conocimiento del territorio”.
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De la Redacciòn de Entre Rîos Ahora