La guerra familiar entre los hermanos Barggio por el control de la empresa RPB, elaboradora de los Juegos Baggio, en el Parque Industrial de Gualeguaychú –un gigante del sector, con 1.500 empleados, que exporta a más de 72 países y factura unos USD 300 millones por año- no cesa desde que el escándalo estalló en forma pública en 2020.
La compañía, con base en Gualeguaychú, es una de las principales procesadoras de jugos de fruta envasados del país y su origen data de 1959, cuando fue creada por Rufino Pablo Baggio (RPB, tal su nombre), quien se inspiró en su padre Juan, que comercializaba damajuanas en la zona desde la década del 20. En los comienzos, la empresa, que se llamaba como su dueño, Rufino Pablo Baggio, se centraba en la elaboración y la comercialización de vinos. Posteriormente, sumó la de jugos y bebidas a partir de frutas, aguas y lácteos, entre otros alimentos.
El desarrollo de los diversos mercados y canales de comercialización del país los obligó a crecer permanente hasta localizar, en 1983, su primera planta productiva en el Parque Industrial de Gualeguaychú.
Entre mediados de los ’80 y durante la década del ’90, Baggio comenzó su gran expansión, compitiendo con Pindapoy, otra grande nacional del jugo de frutas. En ese entonces Baggio ya había descartado el fraccionamiento de vino porque no le era redituable, pero su programa de crecimiento y diversificación de productos lo llevó a Mendoza, donde adquirió bodegas, se instaló en Uruguay e incursionó en el negocio de los lácteos.
El fundador operó la firma de forma unipersonal hasta 1993, cuando la convirtió en RPB SA. Estuvo al frente de las operaciones hasta que falleció en 2005 a causa de un cáncer. Al morir el socio fundador, se desató la guerra entre sus hijos. Al morir Baggio padre, la titularidad de las acciones se repartió entre sus hijos Rufino Pablo (conocido como «Pino»), Alejandro, Aníbal y Celia María, quien, a su vez, le vendió su parte a Pino, lo que lo hizo titular del 50% del paquete. Pero, a pesar de ser el socio mayoritario, no dirige la compañía, ya que su madre María Cecilia Munilla conservó el usufructo de la titularidad y eligió a Alejandro para esa tarea.
Las cosas entre los herederos fueron de mal en peor al punto de que se presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, quien en 2020 ordenó allanamientos: fueron dos allanamientos a una sucursal del banco Santander y a la casa de una de la involucradas en la causa, una empleada de la empresa que asegura haber sido víctima de una maniobra de phishing, por medio de la cual fue engañada y transfirió USD 7 millones de dólares a varias cuentas en Hong Kong que luego fueron vaciadas.
La causa iniciada por estafa está a punto de ser elevada a juicio oral. Se investigan también los delitos por evasión tributaria, lavado de dinero e infracciones a la ley penal cambiaria. Tramita una segunda causa por el sobreprecio en compras realizadas en el extranjero. También pesa una denuncia administrativa por el no reconocimiento del socio mayoritario de la firma.
Ignacio Pérez Nuñez, apoderado del socio mayoritario de la firma –Rufino Pablo Baggio- explicó la situación actual de una de las empresas más importantes del país: “Estamos muy preocupados por la crisis que se está viviendo en RPB SA ya que luego del fallecimiento de la señora María Celia “Biyu” Munilla de Baggio, madre de los accionistas de la empresa familiar, se celebró una asamblea a instancias de mi cliente el pasado 8 de junio con el objetivo de renovar las autoridades que conducen la firma. La situación que allí se vivió fue de suma gravedad porque no se le permitió a mi cliente ejercer el derecho de la mayoría accionaria y asumir el control de la empresa».
Según explicó el abogado, Rufino Baggio habría adquirido la mayoría del paquete accionario al comprar la parte heredada por una de las hermanas en el año 2008.
Y aclaró: «Si bien son tres los socios –los hermanos Aníbal Román, Juan Alejandro y Rufino Pablo Baggio, este último tiene más del 50 % de las acciones, es decir el dominio de la voluntad social- bajo pretextos completamente infundados y de una manera arbitraria e ilegal, no le permitieron ejercer el derecho de la conducción de la empresa y hoy conduce los destinos de la empresa Aníbal Román Baggio cuando antes lo hacía Juan Alejandro Baggio quien decidió renunciar, acción que debe leerse en un contexto de gran gravedad y que tiene que ver que hemos logrado demostrar en sede judicial las irregularidades en la conducción de la firma».
«Esta conducción es de facto, no cumple con los procesos administrativos que están comunicados ante la Provincia, ya que este directorio no podría inscribirse en estas condiciones», sumó.
«Estamos denunciando el vaciamiento de la empresa, lo cual excede lo que es una disputa familiar por una herencia, ya que la situación afecta a la sociedad y seguramente tendrá implicancias económicas en Gualeguaychú, a raíz de la cantidad de personas que viven de manera directa e indirecta de la empresa. Este es el motivo por el que hacemos pública esta cuestión, ya que entendemos que excede los intereses de mi cliente, se está afectando el orden público», consideró el abogado.
«Que un accionista mayoritario no pueda ejercer el control de la empresa es una flagrante violación a la ley y con la comisión de delitos que se están investigando», fustigó.
«La empresa está teniendo un déficit en stocks de algunos productos por el mal manejo. Nos preocupan los puestos de trabajo y lo que pueda ocurrir a corto plazo», alertó el abogado de Rufino Pablo Baggio en declaraciones a R2820Radio.
Las denuncias en la Justicia Federal
Pérez Nuñez explicó que una primera causa parte de la denuncia realizada en 2020 por «el desvío de 7 millones de dólares al exterior; esa causa ya está pronta a elevarse a juicio. Han sido procesados directivos que integran las segundas líneas de la conducción de RPB SA y algunos empleados del Banco Santander Río que fue la entidad que intervino en las operaciones, y funcionarios del Banco Central de la República Argentina aún están siendo investigados».
Asimismo explicó que «hay una segunda causa -realizada en enero- tan importante en la suma de dinero como la primera. En este caso se investiga la compra con sobreprecios de envases de tetra brik fuera del país: alguien dentro de la firma ha decidido comprar esos envases con un 40% de sobreprecio en dólares en Brasil, tratándose de productos homogéneos con aquellos que pueden adquirirse más baratos en nuestro país en la empresa que se encarga de producirlos».
«Lo que se investiga es si ese dinero por sobreprecios es fugado hacia un fideicomiso que figura dentro de la nómina de los Panama Papers en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Juan Alejandro Baggio. Todo esto es materia de investigación en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri», aclaró.
En relación a la denuncia del 2020, fuentes judiciales confirmaron que «la cámara Federal de Paraná confirmó los autos de procesamiento que Viri dictó por los hechos de la causa madre: Defraudación a la empresa (con una pena en expectativa de hasta 6 años de prisión por estafa, tratándose de alrededor de 8 transferencias al exterior consumadas y la número 9 en grado de tentativa) en breve la causa sería elevada a juicio oral para evitar prescripción (concluida instrucción, con indagados y procesados) queda pendiente la evasión tributaria, el lavado de dinero y delitos por infracción a la ley penal cambiaria (se está investigando porque resta la contestación a requerimientos a la AFIP, al Banco Central)».
Por último, el abogado señaló que «las dos maniobras quizá pueden formar parte del delito de vaciamiento de la empresa».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora