«No puedo entrar en los detalles, pero desde hace cinco años me he ocupado de modo intensivo -lo mismo que los párrocos anteriores- de la situación para intentar una resolución. Le ha venido al arzobispo la comunicación, con fecha 14 de julio de este año, desde la ciudad de Buenos Aires, de la venta de parte de la propiedad, con lo cual la parroquia queda sin las dependencias para uso pastoral, y que luchábamos para que permanezca dentro de la iglesia, al menos una parte, porque la parroquia, si esto se lleva adelante, queda desprovista de espacios pastorales».
El domingo 31 de julio, al concluir la misa en el Templo a Jesús Misericordioso, el párroco de Nuestra Señora de la Piedad, Mario Haller, corrió el velo de una negociación que hasta entonces conocían poco y cuya difusión pública se convirtió en un escándalo para la Iglesia: la curia había perdido la posesión del viejo Asilo San Antonio, y con ello parte de las dependencias que utiliza La Piedad -para Cáritas, Liga de Madres de Familia, catequesis, Un Cielo Nuevo- por cuanto las religiosas de la Congregación Hermanas Franciscanas Terciarias de la Caaridad, propietarias hasta 2021 del inmenso edificio que se levanta en Paraguay e Italia, contiguo al templo, habían resuelto venderlo a un particular, el odontólogo paranaense Jorge Sapettti.
Lo que siguió fue una situación tensa y de cruces polémicos, que concluyó con la decisión de Sapetti de ingresar al edificio, cambiar la cerradura y dejar a las dependencias parroquiales sin posibildiad de utilizar parte de un dificio que hasta entonces habían ocupado con permiso de las franciscanas. Sin posibilidad de acuerdo entre las partes, la disputa siguió en la Justicia para determinar a quién correspondía la titularidad del edificio.
El viernes 12 de agosto, el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, junto a los curas de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Mario Alberto Haller y Horacio Alejandro Correa, denunciaron penalmente al odontólogo Jorge Claudio Sapetti, por el delito de usurpación luego de haber tomado posesión del edificio que ocupó el Asilo San Antonio, en Paraguay e Italia, y que había sido transferido mediante una operación inmobiliaria por la comunidad de las religiosas Franciscanas Terciarias de la Caridad.
El lunes 15 de agosto, en medio de un feriado largo por el 17 de agosto, la fiscal María Jimena Ballesteros resolvió desestimar la denuncia por usurpación que había presentado Puiggari contra el odontólogo Sapetti por el litigio creado en torno a la propiedad del edificio que ocupó el Asilo San Antonio.
«Que analizando el caso -dice la fiscal Ballestero en su resolución-, y a los fines del juicio de adecuación corresponde subsumir el suceso denunciado en el delito de Usurpación -artículo 181 del Código Penal- figura que requiere para su configuración que el despojo ( total o parcial) de la posesión o tenencia de un inmueble se produzca por los medios enumerados taxativamente por la ley, esto es violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad». Pero esos presupuestos no se dieron en el caso del exAsilo San Antonio.
«Respecto a ello cabe concluir que por medio de las diligencias practicadas en la presente investigación, no ha podido ser acreditado que el ingreso o mantenimiento de Sapetti haya ocurrido a través alguno de las formas o medios comisivos establecidos por la ley para la figura en cuestión. Por otro lado, obra dentro de la documentación aportada por el Sr. Sapetti, autorización firmada por la Madre Superiora de la congregación, Marta Quipildor -fechada el 17 de julio del corriente- autorizando el ingreso a la propiedad al adquirente (por lo que no podría en el caso hablarse de usurpación cuando el comprador hace ingreso autorizado por el vendedor)», señaló la fiscal.
Lego del revés que tuvo con la denuncia penal por usurpación, el Arzobispado acudió a Tribunales con un «interdicto de recobrar» posesión del edificio, del que fue despojada la Iglesia luego de que el 6 de agosto Sapetti ingresara con escribano y cambiara las cerraduras y le vedara el acceso a todos los grupos pastorales que utilizaban la planta baja del edificio. Se trata de un recurso judicial que técnicamente implica el pedido a la Justicia para que se le restituya la posesión de un inmueble del cual era el tenedor y del que fue total o parcialmente despojado.
Fue entonces que el Arzobispado presentó un interdicto de recobrar ante el fuero civil. «Pero quienes se presentan a reclamar la propiedad son el arzobispo y los sacerdotes, y ninguno de ellos tenían la posesión ni ocupaban esas dependencias que ahora no ocupan. En todo caso, debieron presentarse Cáritas, Un Cielo Nuevo o la Liga de Madres. Son instituciones distintas a ellos. Entendemos que hay falta de legitimación en el reclamo», asevera Panceri.
Pero además, el interdicto de recobrar tiene un plazo de un año para ser presentado. Y la escritura se firmó en abril de 2021, con lo cual, asegura el letrado, ya venció el tiempo para efectuar reclamos judiciales.
El otro planteo que hace la Iglesia es pedir la «nulidad de la escritura», con lo cual haría intervenir a la Santa Sede bajo el argumento de que toda enajenación de bienes de la Iglesia, cuando supere los 360 mil dólares, requiere la participación de Roma. «Acá no se superó ese monto», asegura Panceri.
Pero además, apunta, «ese planteo deberían hacerlo contra las monjas franciscanas, no contra nosotros».
De la Redacción de Entre Rïos Ahora