El martes, a las 12, está convocada la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en uno de los pasos previos a emitir dictamen sobre la procedencia o no del denuncia por mal desempeño contra la titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak.

 

El plazo para emitir dictamen se cumple el miércoles, y para entonces se especula que podría llevarse a cabo la sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar la resolución a la que lleguen los diputados Diego Lara (presidente de la comisión), Rosario Romero, Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador.

 

Mizawak fue denunciada por los abogados Guillermo Mulet, Rubén Pagliotto, Luciano Rotman, Luis Leissa, María Emma Barganga y Jaime y Emilio Martínez Garbino, entre otros, el lunes 12 de diciembre al mediodía, y los diputados tomaron conocimiento de ello del martes 13, cuando dictaminaron enjuiciar a Carlos Chiara Díaz, hoy juez suspendido y pronto a enfrentar al Senado, constituido en Corte de Justicia.

 

Cabe señalar, además, que a la acusación de Mizawak adhirieron otros ciudadanos y abogados, entre los cuales se encuentra Rubén Virué, exsecretario de Justicia del entonces gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

 

La primera diligencia en busca de pruebas se realizó en la Inspección General de Justicia (IGJ), en Capital Federal. Al organismo se le consultó si existen o existieron sociedades comerciales a nombre de Mizawak en Junín 658, piso 6, departamento A, Torre B de la Capital Federal. En esa misma dirección se encuentran dos firmas: Residential SA y Construyendo SA, donde una de las hijas de la jueza, Eugenia Ormache y su padre, Jorge Mizawak, integran el directorio junto a Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech y Claudio Tórtul. Además, en el mismo domicilio están las empresas Kriptax y Agro Premiun, ligadas al ex gobernador Urribarri.

 

En la reunión del 20 de diciembre de 2016, el oficialismo no accedió a indagar sobre estas empresas relacionadas a la familia de Mizawak, ya que las firmas no están mencionadas en la denuncia. La oposición, entre los que se encuentran el diputado Alejandro Bahler (Frente Renovador/ Unión Popular) y los representantes de Cambiemos, pidieron sin éxito que se informe sobre esas firmas. El oficialismo sólo accedió a preguntar si en ese mismo domicilio social, legal y fiscal se encuentran varias sociedades comerciales.

 

Siete días después, el 27 de diciembre, la comisión volvió a reunirse, ya con los primeros informes de los organismos en la mano. En ese encuentro, la oposición logró que el oficialismo cediera para hacer consultas sobre las empresas de los familiares de la magistrada y sobre otras empresas que aparecieron en un informe periodístico.

 

En esa oportunidad, libraron un nuevo oficio a la IGJ, en la que se pidió datos sobre el domicilio, la composición societaria y los movimientos económicos de tres sociedades: Construyendo S.A, Residential S.A y Mandato Fiduciario S.A. Esta última la integrarían Jorge Mizawak, padre de la jueza; Raúl Arroyo, su esposo; y Néstor Iván Szczech, conocido contratista de obra pública.

En tanto, a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos pidieron un informe sobre la empresa De la Costa SRL, que está radicada en la provincia. En la última edición de la revista “Análisis”, su director, Daniel Enz, señaló que la magistrada, siendo vocal del STJ, adquirió en 2010 la casa donde actualmente vive a la empresa De la Costa SRL, propiedad del constructor Néstor Iván Szczech.

Por el momento sólo se conoce que Mizawak integró, junto a su esposo Raúl Arroyo, la empresa A y M Emprendimiento Sociedad Anónima. Del estudio de la documental, los diputados deben determinar si Mizawak incurrió en una incompatibilidad, ya que habría integrado la empresa siendo vocal del STJ, hasta agosto de 2008. Los abogados y dirigentes que denunciaron a la magistrada señalan que podría haber violado la ley orgánica del Poder Judicial, cuyo artículo cuarto dice que “es incompatible el cargo de magistrado con la actividad comercial (…)”.

 

Otras denuncias

 

Además de la supuesta incompatibilidad y participación en sociedades comerciales, a Mizawak también se la acusa de abandonos excesivos de la jurisdicción, “falta de diligencia debida en el control del otorgamiento de viáticos y licencias”; “manipulación del trámite de la causa ‘Arralde’ y tráfico de información”; “percepción de sobresueldos – enriquecimiento sin causa”; negligencia e incumplimiento de las obligaciones y atribuciones de superintendencia, a raíz del caso del robo de armas bajo custodia directa del Poder Judicial, entre otras.

 

Por ello, los diputados tienen en manos un informe detallado de la empresa Líneas Aéreas de Entre Ríos (LAER), sobre los viajes de la jueza. La Dirección Nacional de Migraciones, hasta este martes no había respondido los requerimientos de los diputados. Además, los legisladores cuentan con información de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, en la que se detalla cómo está compuesto el haber jubilatorio de los jueces. Los diputados investigadores buscaron conocer si en el mismo existe el rubro de “Gastos Protocolares”, señalado por los denunciantes como la forma de recibir un “sobresueldo”.

 

Además, los diputados cuentan con toda la documental sobre la causa por la irregular designación de Guillermo Smaldone en el Tribunal de Cuentas. El STJ demoró dos años (de 2014 a 2016) en resolver el planteo de inconstitucionalidad del nombramiento que formuló el ex senador radical Carlos Arralde. Smaldone renunció y el planteo fue declarado abstracto. Esta acusación se basa en los dichos del juez suspendido Carlos Chiara Diaz, quien aseguró que Mizawak maniobró para que la resolución se demorase.

 

Otros expedientes que poseen los legisladores es la remitida por el vicepresidente del STJ, hoy en ejercicio de la presidencia, Bernardo Salduna, quien informó sobre los haberes de Mizawak, desde que era vocal hasta la fecha. El STJ, también contestó oficios sobre las ausencias, los viáticos de la magistrada investigada y el procedimiento de control de esos recursos. La Unidad Fiscal de Investigaciones, en tanto, envió el expediente con todo lo realizado en la causa por el robo de armas de Tribunales.

 

El interrogatorio a los jueces, una incógnita

 

El viernes 30 de diciembre de 2016, los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) respondieron un pliego de preguntas que confeccionaron los diputados. Los magistrados declararon por escrito – a pedido del oficialismo- sobre el uso de viáticos y cómo son los procedimientos para su asignación y control. 

 

Los siete jueces que contestaron el interrogatorio, fueron: el vicepresidente del STJ, Bernardo Salduna, y los vocales Emilio Castrillón, Leonor Pañeda, Susana Medina de Rizzo, Germán Reynaldo Carlomagno y Juan Ramón Smaldone.

 

Al vocal Emilio Castrillón se le preguntó, puntualmente, si existió un incidente en el acuerdo Nº 20, del 28 de junio de 2016, con la presidenta del Superior Tribunal. Esta requisitoria buscó probar o descartar los dichos de Chiara Díaz, quien el 1º de diciembre, en ejercicio de su defensa ante la Comisión de Juicio Político, aseguró que el juez oriundo de La Paz le dijo a Mizawak que renuncie porque le habían descubierto que “era socia del señor Urribarri”.

 

Hasta el día de hoy, se desconoce el contenido de las respuestas de los magistrados. Al fin y al cabo, ese fue el objetivo del oficialismo al oponerse a que los supremos declaren de forma oral y pública.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.