La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, se enfrenta a una semana de definiciones, y particularmente, al futuro del trámite de juicio político que la tiene como protagonista.

Mizawak se ha mostrado sorprendida por la petición para que la investiguen, y ha dicho que no hay razones para que la pongan ante un tribunal de enjuiciamiento.

Más aún, minimiza los cargos en su contra.

Ha dicho la magistrada que se enteró “por un medio digital” de la denuncia que presentaron en su contra Guillermo Roberto Mulet, Rubén Pagliotti, María Emma Bargagna, María Eugenia Díaz, Luciano Rotman. Alejandro Matías Plugoboy, Jaime Gustavo Martínez Garbino, Andrés Sobredo, Luis Leissa, Alfredo Vitale y Emilio Martínez Garbino, el 12 de diciembre último, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

El trámite de esa denuncia será resuelto esta semana por los diputados que integran la comisión investigadora. Le reprochan los denunciantes a Mizawak no sólo sus “viajes”, las supuestas irregularidades sino que también ponen el ojo, más que en la jurisprudencia que produce la magistrada, en los dividendos de las empresas de las que sospechan que participa. Básicamente, la composición societaria y los movimientos económicos de tres sociedades: Construyendo S.A, Residential S.A y Mandato Fiduciario S.A. Esta última la integrarían Jorge Mizawak, padre de la jueza; Raúl Arroyo, su esposo; y Néstor Iván Szczech, conocido contratista de obra pública.
En tanto, Residential y Construyendo, tiene entre sus socios a la hija de la magistrada, Eugenia Ormache y también a su padre. En el directorio, además, están los empresarios Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech y Claudio Tórtul.
En marzo de 2016, la revista “Análisis” reveló que las empresas Residential SA y Construyendo SA tienen el mismo domicilio que las firmas Kriptax, de los hijos del ex gobernador Sergio Urribarri: Mauro, Sergio Damián y Bruno Urribarri, el futbolista; y Agro Premium S.A., que integran Jorge Guillermo Ramón Urribarri, Armando Arturo Urribarri, hermanos del actual presidente de la Cámara Baja; y su hijo mayor Sergio Damián. El domicilio en donde se encuentran las sociedades de los Mizawak y Urribarri es Junín 658, Piso 6o, Torre B, oficina A, de Capital Federal.

Mizawak niega cualquier lazo comercial con Urribarri.
Lo hizo a través de una presentación que transcurre en un tono displicente, y hasta cierto punto, con cierta sorna por cuanto el texto de la denuncia en su contra confundió el nombre de su esposo, el secretario de Energía, Raúl Arroyo, y lo nombra “Daniel Arroyo”. La jueza, que antes fue funcionaria durante el gobierno de Jorge Busti –ocupó la Fiscalía de Estado—dice primero que no sabe de quién se trata. “En cuanto a una supuesta persona de nombre Daniel Arroyo, no sé de quién se trata, ni conozco personal alguna con esa identidad”, desliza Mizawak, en un texto que olvida casi por completo las reglas de la ortografía y el uso de tildes.
La presentación “espontánea” ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, dice Mizawak en el escrito, apunta a “coadyuvar a la averiguación de la verdad, que es uno de los principios rectores que debe guiar la actividad de quienes de alguna manera definen los destinos de la República”.

Envalentonada, la magistrada pidió a los legisladores “la apertura de la investigación de los hechos que falsamente se me endilgan, como motivo de mal desempeño, atento a que su reproducción mediática pretende arrojar un manto de duda sobre mi honorabilidad e idoneidad en el desempeño de la Presidencia del Poder Judicial, y por ello entiendo que es imprescindible despejar”, aunque no acaba la frase, se entiende qué es lo que pretende despejar.
La denuncia, entiende Mizawak, está basada en los dichos del suspendido vocal del STJ Carlos Alberto Chiara Díaz, en proceso de juicio político, que le reprochó mal desempeño, irregularidades y constantes ausencias del Poder Judicial, por lo que no dudó en calificarla como la “reina de los viajes”. A ese respecto, Mizawak hace notar a los legisladores que, “aunque no debiera resaltarlo, señoras y señores diputados, saben ustedes sobradamente que el contenido del descargo de un investigado como ejercicio material de defensa, no puede erigirse en medio de prueba para sostener otra denuncia”.
“Resultan manifiestos los gruesos errores de la denuncia que derivan en atribución de irregularidades e interpretaciones sesgadas que no han sido corroboradas, y en otras ocasiones anteriores han sido públicamente desmentidas”, señala. Niega, después, ser la “reina de los viajes” y para eso se apoyó en una documental que el STJ envió a la comisión investigadora, que el propio Chiara Díaz tachó de parcial e interesada.
“Sobre el punto por el que se me acusa respecto de la participación en sociedad comercial con Sergio Daniel Urribarri. No tengo, no tuve, ni personalmente, ni mi padre, ni mi esposo, ni mis hijos, nunca una sociedad con Sergio Daniel Urribarri”, señala.
La única sociedad que reconoce es la que armó con su esposo, Raúl Arroyo, en 2003, AyM SA, inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ), “cuyas siglas corresponden a los apellidos Arroyo y Mizawak emprendimientos”, aclara.
También hace su descargo respecto a su accionar en la sentencia en torno a la denuncia por la inconstitucional designación de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que efectuara el exconstitucional Juan Carlos Arralde. Dice que ese cargo es errado. “Tan segura estoy, que el Dr Chiara Díaz se equivoca preguntándome con qué inconfesables propósitos, porque mínimamente debería reconocer que está confundido y que confunde a los denunciantes, ya la sociedad toda. Y que no hay “sobresueldos” en el Poder Judicial, ni “fondos secretos, ocultos o ilegales”, dice Mizawak.
Ahora, los legisladores de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tendrán que expedirse