A través de los laberintos judiciales transitan distintas denuncias por los incendios en el Delta. Por un lado, se encuentran las demandas penales en las cuales el Juzgado Federal de Victoria ha venido acumulando un promedio de dos presentaciones por semana en el último tiempo, según confirmaron fuentes oficiales.

A Victoria fue girada a su vez la investigación de la causa iniciada en 2020 en los tribunales de Paraná, pero hoy no cuenta con mayores avances. Por otro lado transcurre la demanda civil, en la que se busca la reparación de los daños por los siniestros. Este expediente también se encuentra “empantanado”, pero por una razón impensada. Resulta que uno de los propietarios de los lotes quemados, un poderoso hombre de negocios, se niega a ser notificado y por lo tanto no puede ser citado a comparecer. Por este incidente se ha frenado todo el proceso.

En declaraciones de funcionarios nacionales de Ambiente, y también de parte de algunos de Entre Ríos y Santa Fe, suele escucharse la queja en cuanto a que esperan una respuesta de la Justicia frente a las problemáticas generadas por los incendios en el Delta. Así puede parecer que los reclamos por soluciones y castigos a los responsables por las quemas no encuentran en los tribunales la celeridad esperada. Pero lo cierto es que esta demora bien puede atribuirse a la dinámica propia de la administración judicial, así como a lo complejo de dilucidar las cuestiones aquí planteadas.

Desde el inicio de las quemas descontroladas en las islas del río Paraná inferior, hace ya más de dos años, con el humo, la destrucción de la biodiversidad y sus consecuentes daños a la salud y el ambiente, este problema ha sido expuesto en la Justicia. En primer término intervino el juzgado Federal con asiento en Paraná. Fue en esta sede porque en 2020 era quien tenía jurisdicción sobre Victoria, el departamento entrerriano epicentro de los focos ígneos. Y la competencia se formalizó en el fuero Federal porque las causales, daños y perjuicios de los incendios afectan a dos o más provincias: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. De allí se explica lo en vano que fue llevar a la jurisdicción santafesina un asunto de índole interjurisdiccional.

De este modo, en 2020 se abrieron dos grandes procesos judiciales que tratan dos tipos de demandas. Por un lado está la de tipo penal, iniciada el 4 de marzo de 2020, a partir de una denuncia de la Municipalidad de Rosario y a la cual luego se agregaron once denuncias más. Esta investigación está caratulada como “Baggio, Rufino Pablo y otros s/incendio u otro estrago (Art. 186º Inc. 1) y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves pretenso querellante: Asociación Civil Con Personería Jurídica Cuenca Río Paraná y otros”. Estas presentaciones recayeron en el juzgado Federal 1 de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, pero que al excusarse pasó al juez Federal 2 de la misma capital entrerriana, a cargo de Daniel Edgardo Alonso. Esta causa es conocida como expediente penal 840/20.

Por otro lado, está lo que es la demanda civil. El 22 de junio de 2020 las ONG Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental presentaron en el Juzgado Federal 2 de Paraná un pedido de “acción preventiva de daños ambientales” y una “medida cautelar inaudita” con carácter de urgencia con respecto a los incendios en las islas entrerrianas. A partir de esta demanda las entidades ambientales lograron una medida histórica: el 1 de julio de ese año, Alonso dispuso una cautelar que continúa vigente donde establece “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente” en la zona de humedales en Victoria. Este expediente identificado como Nº 2.427/20 también pide dar con los responsables —los propietarios y/o arrendatarios de los campos quemados— por “el daño al ambiente y la salud pública”. Justamente solicitan conocer los nombres de “los dueños del fuego” porque apuntan a una acción reparadora o en su defecto una indemnización. Esto actualmente se encuentra pendiente de resolución.

En Tribunales

Estas causas mencionadas, tanto en lo civil como en lo penal, son llevadas hoy por el actual fiscal federal de Victoria, Claudio Kishimoto. El funcionario también investiga las últimas demandas penales que fueron presentadas directamente en el Juzgado Federal con sede en Victoria luego de que comenzó a operar en abril de 2022. Entonces aquí tenemos el tercer gran expediente, el Nº 6.507/22, donde se han ido unificando todas las denuncias penales presentadas por los incendios este año. En recientes declaraciones a la prensa, Kishimoto adelantó que habría “medidas” y se definiría la situación de las cuatro únicas personas que en dos hechos habían sido detenidas in fraganti iniciando fuego.

De todos modos, se debe tener en cuenta que con el recrudecimiento de los episodios ígneos en el inicio del otoño, las denuncias han continuado. Hasta el mes pasado se recibían dos denuncias por semana que inmediatamente eran derivadas a la Fiscalía debido a que no se contaba con autores identificados. Al pasado mes de julio totalizaban unas 30 presentaciones de este tipo. Sobre estas acusaciones se aguardan algunas decisiones del fiscal a cargo.

Lo que no parece tener avances significativos es la antigua causa penal. Dentro del expediente 840, a fines de 2020 el fallecido fiscal Federal de Victoria, Carlos García Escalada, había citado a 46 ciudadanos que fueron identificados con relación a las quemas denunciadas. Luego de las indagatorias algunos fueron desvinculados y otros quedaron todavía supeditados a las indagaciones. Desde entonces no se registraron mayores avances ya que no hubo más requerimientos del nuevo fiscal, Claudio Kishimoto, ante la falta de elementos que lo ameritaran, comentaron desde el Juzgado Federal de Paraná. Y allí deslizan que el principal dilema en esta causa es cómo atribuir una relación directa de estas personas con el inicio del fuego.

En la demanda civil, en el expediente 2.427/20 que pasó a tramitarse en Victoria con la creación del juzgado, pasa algo similar, aunque con algunos hechos curiosos. Hoy por hoy el avance de las testimoniales para dar con los responsables y determinar las responsabilidades que permitan un eventual pedido de reparación y/o indemnización está “empantanado”, graficó un abogado de las partes. Resulta que el principal imputado, Rufino Pablo Baggio, empresario ganadero e integrante del emporio de la reconocida marca de jugos que lleva su nombre, se niega a recibir la cédula judicial. Este trámite es necesario para que sea citado a comparecer a tribunales.

El ardid por el cual Baggio elude su testimonial hoy por hoy ha frenado la marcha del expediente. Las demandantes exigen al juez Federal de Victoria, Federico Ángel Claudio Martín, que instrumente otros modos de notificación, y sobre este punto resta aún que resuelva. El caso es llamativo porque el domicilio donde se le da aviso al empresario y en el cual se niega su presencia, es justamente el mismo que ya fue declarado para su citatoria en la causa penal, en la Nº 840/20. Baggio, junto con otras 45 personas, integra ese lote de ciudadanos llamados a prestar declaración por “atentado a la seguridad”, en lo que se conoce como la primera lista de los “dueños del fuego”. Pero esta vez el “barón de los jugos” no quiere concurrir a tribunales y en el lugar donde le llevan la cédula judicial, lo niegan y lo desconocen.

 

Autor: Silvio Méndez

Fuente: Suma Política