El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia condenó al exintendente de Chajarí -también exsenador provincial y expresidente del Consejo General de Educación (CGE)- a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y a cuatro años de  inhabilitación especial para ejercer cargos públicos ejecutivos y/o de administración de bienes públicos, «que devengan o no de la elección popular». El delito que se le reprochó fue el de abuso de autoridad al habilitar un proceso de venta de terrenos en el predio del complejo termal sin dar intervención al Concejo Deliberante.

La causa tardó siete años en cerrar en Tribuanles.

Fue en el marco de un proceso de juicio abreviado, en el que también resultó condenada la exsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de Chajarí, Alicia Catalina Peliquero, como partícipe necesaria, a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Además, la Justicia le impuso a Panozzo y a Peliquero la obligación de realizar dos horas de tareas comunitarias semanales, durante dos años y seis meses, en el Hospital «Santa Rosa, de Chajarí.

El tribunal, conformado por los vocales Silvina Gallo, Mariano Caprarulo y Anìbal Lafourcade, sobreseyó a Panozzo y a Peliquero de los delitos de fraude a la Administración Pública, negociaciones incompatibles con la función pública y utilización de informaciones y datos privados en concurso ideal en cinco hechos.

La investigación comenzó por una denuncia formulada por el exviceintendente Chajarí, Avelino Pezzini; la exconcejal Gabriela Lena (hoy diputada nacional) y el exconcejal Rubén Alberto Dal Molin (hoy senador provincial), todos integrantes de la UCR.

Los dirigentes denunciaron la venta de terrenos a particulares en forma irregular en el predio termal de la ciudad. Los denunciantes dijeron que los lotes del predio termal habrían sido adquiridos a 150 pesos por metro cuadrado por el hijo de la exsecretaria de Gobierno y Hacienda, Alicia Peliquero; el padre y la prima de la ahora exconcejal Julieta Racigh; la pareja del exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Lalosa y la hermana del exdirector de Obras Públicas, Matías Díaz, entre otros.

La Justicia declaró inconstitucional un decreto de 2013 firmado por el exintendente de Chajarí.  Mediante ese decreto, el exintendente Panozzo, y “ante el fracaso del segundo llamado a licitación por falta de oferentes” para la venta de lotes de tierras a particulares para distintos emprendimientos en el predio terminal, “declaró desierta la licitación pública” y dispuso “proceder a la venta directa de los mismos a algún oferente interesado, ordenándose allí darle amplia publicidad; no obstante, pese a esto último, el decreto nunca fue publicado en el Boletín Municipal correspondiente”. Los adquirentes de esos lotes, dice la denuncia, “en su mayoría habrían tenido vínculos de parentesco o serían allegados a funcionarios municipales”.

Más allá de lo reprochable que sea que los beneficiarios de las ventas directas de esos lotes sean personas allegadas a la gestión Panozo, dijeron los denunciantes que el exintendente violó normativa expresa, en particular las ordenanzas N° 1.028 y N° 1.262 por cuanto el jefe comunal no contaba con facultades para disponer libremente de bienes inmuebles de propiedad municipal, y menos aún, para fijarles precio, y tampoco se legitima con ellas el procedimiento instaurado por el Ejecutivo.

Repercusiones

Panozzo habló tras el fallo judicial y dijo  tener “sensaciones encontradas” pero con “la tranquilidad se ser absuelto de las imputaciones de negociación incompatible con la función pública, en fraude en perjuicio del Estado. Eso es muy importante para mí, porque quedó claro que, de lo que se vendió, ingresó el cien por ciento al municipio. Quedó claro que se vendió al precio que autorizó el Concejo Deliberante y que hubo llamados a licitación pública, vendiéndose al precio que fijó el Concejo”.

Sobre la condena por “abuso de autoridad”, Panozzo reconoció “quizá como error administrativo” de haber llevado adelante la venta directa de esos terrenos, avalado por el entonces asesor letrado del municipio, Ignacio Acevedo Miño, quien falleció tiempo atrás. Al respecto, consideró que su aporte como testigo hubiese sido relevante, al igual que el testimonio de otro comprador, Leonides Pezzelatto, quien falleció recientemente. En ese contexto, Panozzo aludió a lo extenso que fue el proceso y a la desaparición física, además de los mencionados, del abogado de una de las imputadas, José Aranda y otro de los imputados como comprador, Eduardo Racigh. “Fueron 7 años de este proceso. En el medio pasaron infinidad de cosas, como estas cuatro muertes clave”, resaltó. “Para mi lo más importante eran las absoluciones, quedó comprobado la absolución por fraude al Estado. Se hicieron allanamientos, en buena hora y ahí aparecieron todos los comprobantes y el dinero ingresó el cien por ciento al municipio”, agregó.

“Siete años es una eternidad, solo nosotros sabemos lo que pasamos. Incluso la muerte de mi viejo el día en que debía iniciarse el juicio y se dio la suspensión. Un montón de sensaciones encontradas, pero con tranquilidad y quizás el error administrativo, asesorado por abogado, sobre la venta directa por haber caída cinco veces la licitación”, sostuvo en declaraciones a Chajarí Al Día.

 

Al respecto, Panozzo mencionó igual situación de los terrenos del Eva Perón, pero que fueron homologados en 2015.

“Queda claro que es una causa netamente política. Hay un hecho no menor y es que imputan a uno de los socios de un terreno y no al otro, por la misma venta. Fueron vendidos con la anuencia del asesor letrado”, acotó sobre lo que consideró un juicio en el que se mezcló “lo de termas y Eva Perón”. “Otra de las pruebas contundentes fue la expropiación fallida del predio que se intentó expropiar frente termas. Los montos de terrenos escriturados, contemporáneos, por escribanías locales, donde se escrituraron terrenos a precios sumamente inferior a los de termas, también se sumaron como pruebas”, expuso.

“Se terminó un capítulo importante para mí en lo personal y una mochila que me saqué de encima”, concluyó el ex intendente de Chajarí.

 

Lena: «La Justicia tarda, pero llega»

La diputada nacional Gabriela Lena celebró que, tras siete años de haber impulsado la denuncia, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia haya tomado una resolución en la causa por la venta directa de terrenos en el predio termal de Chajarí, durante la gestión de José Luis Panozzo.

Lena, por entonces concejal de Chajarí, junto a ex concejales Esteban PezzIni, Jose Fochesatto y el actual Senador Ruben Dal Molin llevaron adelante la denuncia contra el entonces intendente por la venta directa a un precio considerablemente menor del mercado de terrenos ubicados en el predio termal a familiares directos de funcionarios municipales.

“La Justicia nos dio la razón. Si bien demoró en su pronunciamiento, tenemos la satisfacción del deber cumplido al haber presentado la denuncia por un acto que consideramos ilícito”, resaltó la legisladora nacional.

Luego, expresó: “Esperamos que los terrenos que fueron malvendidos vuelvan a ser propiedad de todos los chajarienses”.

Panozzo y Alicia Peliquero, exsecretaria de Gobierno, fueron condenados por abuso de autoridad a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos ejecutivos y/o de gestión y/o de administración de bienes públicos que devengan o no de la elección popular. De esa manera, se ratificó una resolución de la Cámara de Concepción del Uruguay que dejó en claro que no debió realizarse la venta directa de esos terrenos por parte del municipio.

 

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De la Redacción de Entre Ríos Ahora