La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak, quedó a salvo del juicio político, y lo consiguió gracias al voto del Frente para la Victoria (FPV), que impondrá su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja.

El argumento es que no se encontraron pruebas suficientes que permitan someter a la magistrada al proceso de juicio político, una posición que no comparten los diputados de Cambiemos, que juzgan que hay elementos suficientes, y de peso, para sentar en el banquillo a la magistrada.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió aplazar un día el dictamen en relación al expediente administrativo N° 2. 898 referido a la solicitud de Juicio Político contra  Mizawak.

En una primera instancia se había fijado que la resolución iba a darse a conocer este martes, a las 12, pero el presidente de la comisión investigadora, Diego Lara (Frente para la Victoria, FPV), dispuso que los diputados se expidan recién el miércoles a la misma hora. También ese día, pero a las 19, será la sesión de la Cámara Baja, donde el FPV aprobará el dictamen por el no enjuiciamiento de la magistrada.

Lo que se sabe extraoficialmente es que la jueza no será enjuiciada, ya que cuenta con los votos de los diputados oficialistas para salir indemne del proceso que se inició el 12 de diciembre, cuando fue denunciada por mal desempeño por un grupo de abogados y dirigentes.

El FPV cuenta con siete diputados en la Comisión de Juicio Político como para imponer su postura: Diego Lara, Rosario Romero, Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán y Ángel Vázquez; Cambiemos cuenta con 4, Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador.

El oficialismo asegura que no se encontraron pruebas en contra de Mizawak. En Cambiemos dicen los contrario. Por ello, habrá dos dictámenes: uno del FPV (por la mayoría), que sostiene que no hay pruebas contra la presidenta del STJ, y el de Cambiemos (por la minoría), que le endilga una serie de irregularidades en el ejercicio de su magistratura. En la oposición señalan que las pruebas en contra de Mizawak son más contundentes que las que pesan sobre el suspendido titular de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ, Carlos Chiara Diaz.

“Nuestro dictamen es acusatorio”, confirmó la diputada Gabriela Lena (Cambiemos) en diálogo con Entre Ríos Ahora. Los diputados opositores trabajan a contrarreloj para cerrar el dictamen que darán a conocer el miércoles. La resolución tiene más 100 páginas y anticipan que cuentan con sobrados elementos para enjuiciar a Mizawak. “Es bastante la cantidad de pruebas que encontramos para acusarla. De todas las causas hay”, afirmó la diputada que rompió el hermetismo que impera por estas horas. Por citar un caso, mencionó que “hay algunos viáticos que son a un determinado lugar pero que después Mizawak aparece saliendo del país”.

En ese sentido, señaló que encontraron que las causales de los viáticos son más de lo que se le encontró al juez suspendido Chiara Díaz. “No sólo porque no controlaba sino porque tiene mucho más pedido de viáticos”, señaló Lena. En ese marco, manifestó que “lamentablemente el Poder Judicial no contestó de la misma manera” que lo hizo con el juez suspendido.“Hubo una animosidad con Chaira Díaz y una protección a Mizawak, es evidente eso”, sentenció Lena.

Los diputados de Cambiemos también lograron probar que Mizawak “tuvo una etapa de incompatibilidad” durante el ejercicio de la magistratura. Se trata del hecho de que haya integrado la empresa AyM SA, junto a su esposo Raúl Arroyo, al mismo tiempo que era vocal del STJ. La conclusión es que violó la ley orgánica del Poder Judicial que prohíbe que los jueces tengan participación en emprendimientos comerciales. Entre los puntos no probados, se encuentra la supuesta sociedad entre Mizawak y el ex gobernador y actual presidenta de la Cámara Baja, Sergio Urribarri: “no lo pudimos comprobar”, se limitó a señalar Lena.

En la solicitud de juicio político, los denunciantes citaron una nota del periodista Osvaldo Bodean, quien en una carta abierta a la magistrada preguntó si “no es verdad entonces que hasta agosto de 2008 integró una sociedad (AyM S.A.) con quien es su actual esposo, Raúl Arroyo, y contemporáneamente, durante nueve meses, ejerció como Vocal del Superior Tribunal de Justicia? De ser ello cierto, ¿recayó en incompatibilidad?”. Este dato fue corroborado por los legisladores.

Protección del FPV a Mizawak

En cuanto al dictamen en contra del juicio político a Mizawak que trabaja el FPV, Lena se mostró sorprendida por esa posición: “Que no hayan encontrado pruebas es rarísimo porque la verdad es que hay un montón de pruebas, muy evidentes y muy duras”.

“Tendrán que defenderlo (al dictamen) porque las pruebas que tenemos son contundentes”, completó la diputada oriunda de Chajarí.

Pronóstico cumplido

“No creo que el oficialismo levante la mano a favor de la acusación de Mizawak”, dijo hace un mes el abogado Rubén Pagliotto, uno de los que firmó la solicitud de juicio político contra la jueza del Superior Tribunal de Justicia

La ex diputada provincial, María Emma Bargagna, también lo advirtió en un comunicado de alerta difundido a fines de diciembre: “peligra el juicio político promovido contra Claudia Mizawak, una de las vocales del Superior Tribunal de Justicia asociadas desde hace larga data al ex gobernador y actual diputado provincial Sergio Daniel Urribarri y a su gobierno, el más corrupto de la historia de la provincia”, dijo la abogada y dirigente.

Para los denunciantes, lo que suceda el miércoles comprobará la tesis de que el juzgamiento al presidente de la Sala de Procedimientos Penales del STJ, Carlos Chiara Díaz, obedece a la necesidad que tienen exfuncionarios del urribarrismo y algunos actuales de garantizarse su impunidad en causas en la que están denunciados por hechos de corrupción.

Los diputados oficialistas expondrán el miércoles que no se encontraron pruebas determinantes para enjuiciar a Mizawak. Sostendrán que no realizó abandono excesivo de la jurisdicción o que haya cometido una falta de control del otorgamiento de viáticos y licencias. También señalarán que no se encontró empresa a nombre de Mizawak en la Inspección General de Justicia (IGJ) que haya operado mientras estuvo en ejercicio de la magistratura. Así, se descartará que haya violado la ley orgánica del Poder Judicial. La única sociedad que se reconocerá es la que la misma jueza admitió en su descargo de principios de diciembre de 2016: la que armó con su esposo, Raúl Arroyo, en 2003, AyM SA, inscripta en la IGJ.

Los diputados oficialistas también la eximirán de responsabilidad en el caso del robo de armas de Tribunales. No hubo negligencia, concluirán. En tanto, en relación a la supuesta manipulación del trámite de la causa ‘Smaldone- Arralde’, como deslizó el vocal Carlos Chiara Díaz durante el ejercicio de su defensa, el oficialismo no daría crédito a esa versión. Tampoco están dispuestos a enjuiciarla por el presunto cobro de sobresueldos, otra de los hechos por lo que fue acusada.

Mizawak fue denunciada por los abogados Guillermo Mulet, Rubén Pagliotto, Luciano Rotman, Luis Leissa, María Emma Barganga y Jaime y Emilio Martínez Garbino, entre otros, el lunes 12 de diciembre. A la acusación adhirieron otros ciudadanos y abogados, entre los cuales se encuentraba Rubén Virué, exsecretario de Justicia del entonces gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

 

 

 

Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.