El martes la Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de Presupuesto 2023 que incluye un artículo que introdujo el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y que prevé que el pago del Impuesto a las Ganancias se generalice a todo el Poder Judicial, en lo fueros federal y de las provincias.
«El Presidente de la Nación y sus ministros, y los legisladores pagamos Impuesto a las Ganancias. El costo fiscal de la exención de Ganancias a jueces es de $ 237.850 millones para 2023. A esta altura, eso es un privilegio inaceptable en la sociedad argentina. Todos tenemos que ser iguales ante la ley», postuló Casaretto al dar argumentos de su proyecto.
El pago de Ganancias es un tema que toca la parte más sensible de los miembros de la Justicia: el bolsillo. Sobre ese punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, al interpretar una ley de 2016, que todos los jueces nombrados desde 2017 en adelante, con algunas excepciones, deben abonar este tributo.
Los funcionarios judiciales estaban eximidos de pagar Ganancias por un antiguo fallo de la Corte de la década del ‘30. En 1996 el Congreso sancionó la Ley 24.631, que eliminó la exención de Ganancias para los jueces. Sin embargo, pocas semanas después la Corte dictó una acordada en la que declaró inaplicable esa norma por el principio constitucional que establece que los salarios de los jueces no pueden ser disminuidos.
En diciembre de 2016, el Congreso sancionó la Ley 27.346, que en su artículo 5, inciso a, estableció que los funcionarios del Poder Judicial no deben pagar Ganancias a menos que su nombramiento haya sido posterior a 2017. Este artículo dio origen a expedientes judiciales para dilucidar su interpretación.
Conocida la iniciativa de Casaretto, que ya tuvo dictamen favorable de comisión por mayoría, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos compartió un pronunciamiento de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) en la que «expresa su preocupación y rechazo a la incorporación de un artículo al dictamen del Presupuesto vinculado con la tributación de Ganancias por parte de las y los integrantes de los poderes judiciales».
También la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) replicó un documento de la Federación Judicial Argentina (FJA) que reaccionó junto a otras entidades gremiales para cuestionar “el injusto impuesto al trabajo y por reimplantar el principio de igualdad ante la ley”.
“Nos reunimos para establecer una estrategia común que responda a la desmesura en que se transformó el mal llamado Impuesto a las Ganancias. El denominador común es enfrentar el despropósito de los descuentos realizados a quienes trabajamos en sectores estratégicos para el funcionamiento de la economía y expresar la disposición a actuar en común para enfrentar este ´descuento´ desproporcionado que ocurre mes a mes”, sostuvo la FJA.
“Es inaudito pero real: hoy, porcentualmente, los trabajadores/as pagamos más Impuesto a las Ganancias que nuestros empleadores. Las empresas pueden descontar todos los gastos ocasionados en su actividad, pero los trabajadores/as no, solo tenemos deducciones parciales y acotadas”, dice el pronunciamiento. “Además, a los trabajadores/as se nos impone la carga de ser expertos contables para develar si el descuento que sufrimos es correcto o no y desentrañar una metodología impositiva inentendible. Las últimas modificaciones realizadas tienen un efecto de corto plazo e impactos heterogéneos. No lograron el objetivo de modificar el mínimo no imponible. Solo se crearon nuevos topes que se neutralizan con la lucha organizada para defender nuestros salarios y nos remiten nuevamente a la intocable ´tablita´ que corroe nuestros ingresos”, fustigó.
“Esta sustracción confiscatoria a nuestros salarios implica un desincentivo profundo para tomar tareas de mayor responsabilidad o realizar horas extras, significa un castigo para quienes acumulamos antigüedad, trabajamos en zonas inhóspitas o desfavorables, hacemos turnos rotativos o guardias, nos capacitamos en forma continua, ocupamos cargos de supervisión o conducción, cobramos comisiones, logramos bonificaciones o gratificaciones por medio de la lucha y deteriora el marco de aplicación de normas de seguridad operativa y control técnico de actividades sensibles”, subrayó la entidad.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora