La decisión del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) de restablecer la cobertura odontológica a sus 293 mil afiliados a través de la firma de convenios individuales con los Círculos Odontológicos choca con la férrea oposición del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que busca imponer lo que por ley, dice, le corresponde: fijar los aranceles que los profesionales perciben de las obras sociales y prepagas.

El Colegio de Odontólogos dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales «mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.)». Además,  impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones.

 

El Círculo Odontológico de Paraná buscó poner en discusión judicialmente esa medida. Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó por «inadmisible e improcedente» el recurso de amparo que había presentado el Círculo Odontológico de Paraná a raíz de una resolución que dictó el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, que impuso pisos mínimos de aranceles a cobrar a las obras sociales, medida que generó la airada reacción del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

En el marco de la fijación de aranceles mínimos, el Colegio de Odontólogos ha indicado a sus afiliados que “la hora odontológica” tiene un valor de $2.782,45, y “el minuto odontológico”, $46,374.  Además, “el costo de funcionamiento” del consultorio se ha establecido en $1.712,42 la hora. “Tener ese valor muy presente, pues este costo lo tengo siempre, esté trabajando o no. Su administración debe apuntar a tener el costo indirecto contenido. No olvide que cada 10 minutos, usted tiene un costo de $285,40”, dice una comunicación que llegó a los odontólogos.

Convenios particulares

El Iosper rechazó el sistema de imposición de aranceles, y busca acordar con los Círculos Odontológicos en forma independiente del Colegio.

En ese contexto, el Iosper le pidió a la Fiscalía de Estado un dictamen para determinar si el Colegio de Odontólogos tiene facultad para imponer aranceles obligatorios a todos los Círculos Odontológicos.

La obra social acudió a Fiscalía para que dictamine  sobre la “obligatoriedad, alcance y legalidad de la normativa interna que aplica el Colegio de Odontólogos de la Provincia para establecer los aranceles mínimos para sus colegiados y para la obra social, lo que para ese Colegio se consideran de cumplimiento obligatorio”. Los aranceles que impone el Colegio resultan “excesivamente onerosos y por lo tanto inconvenientes” en comparación con las tarifas que cobran los Cïrculos Odontológicos, con los que el Iosper pretende rubricar convenios prestaciones.

Dictamen Fiscalíla de Estad… by Entre Ríos Ahora

 

 

En opinión de la Fiscalía de Estado, por aplicación de la Ley N° 7.468, de creación del Colegio de Odontólogos, “existe una facultad expresa consagrada” de negociar aranceles con el Poder Ejecutivo, “pero no para establecer o imponer, sin más, aranceles mínimos y obligatorios para sus colegiados y para las obras sociales, sino para propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”.

“Del análisis de esa norma –dice el dictamen que firma el fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, surge entonces que dicha facultad se limita a la posibilidad  de proponer al Poder Ejecutivo los aranceles mínimos que se pretendan, siendo este último quien, en definitiva decidirá respecto de ello mediante la emisión del respectivo acto administrativo que así lo determine. Recién en esa instancia, y para el caso que el Poder Ejecutivo acepte como conveniente la fijación de tales aranceles, podrá ese Colegio imponerlos a sus matriculados y a las obras sociales. Lo cierto es que el propio Iosper desconocer la existencia de decreto o resolución emitida por el Poder Ejecutivo”, instrumento mediante “los cuales se haya avalado o aprobado la fijación de los aranceles mínimos que el Colegio pretende aplicar”.

En ese marco, la Fiscalía de Estado opinó que “el consejo directivo del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos no se encuentra jurídicamente habilitado para imponer aranceles mínimos a sus matriculados y a las obras sociales, y consecuentemente, tampoco debería aplicar las sanciones previstas por la Ley N° 7.468 para el caso de incumplimiento de los mismos; en caso contrario, tal facultad se estaría ejerciendo de manera ilegítima y abusiva. Ello así dado que tal prerrogativa consagrada legalmente para establecer tales aranceles se encuentra condicionada a su aprobación por parte del Poder Ejecutivo Provincial”.

Así, y en respecto al “principio de autonomía de la voluntad, (los odontólogos) deberían poder concertar con los círculos odontológicos de cada departamento provincial los respectivos convenios profesionales para el caso de así resultar conveniente en resguardo de la libertad profesional de cada uno de ellos”.

 

El Colegio de Odontólogos minimizó el dictamen de Fiscalía de Estado. «Es solo un pedido de opinión», dijo la entidad. Además, afirmó que «no es vinculante» para las resoluciones que adopte el Colegio. Y planteó que los aranceles que fija «están vigente. Su cumplimiento es obligatorio».

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

 

 

De la Redacción de Entre Rïos Ahora