El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, de Paraná, Ángel Luis Moia, se plantó y declaró la invalidez de una resolución que adoptó el juez Laboral N° 3, José Antonio Reviriego, que en el marco de una demanda de extrabajadores de Sociedad Anónima Entre Rïos (SAER), editora de El Diario, que ingresó en concurso preventivo en 2018, reguló honorarios por una suma de $2.100.000 en beneficio de los abogados César Bechetti, Alexis Beade y Stefanía María Luz Eymann.
La primera decisión la firmó Moia el 8 de septiembre, cuando declaró «inválidos» los acuerdos de pago rubricados por su colega del fuero laboral José Antonio Reviriego. «El contenido de las sentencias dictadas en estos procesos carecen deaptitud ejecutiva, la que se sustituye por su calidad de ser incluidas enel pasivo concursal. En este entendimiento, los honorarios generados en estoscomparten esta situación por constituir un título verificatorio y no uno ejecutorio, como lo sería el caso de los honorarios regulados en una sentencia común, ajena a las disposiciones concursales», expresó el juez.
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Moia se sorprendió por la postura que adoptó la Sindicatura-a cargo de Mariana Elena Cerini y Pablo Andrés Grippaldi- en el proceso de concurso de El Diario. «La Sindicatura, en esta ocasión, considera que los honorarios en cuestión resultan ajenos al concurso. Sin embargo, según surge del informe deactuarial de fecha 31.05.22, la Sindicatura en una multiplicidad de casos análogos entendió que se trataba de créditos concurrentes», planteó. Y apuntó: «En todos estos casos, la Sindicatura expresó su anuencia con la admisión de estos créditos -semejantes a los créditos en cuesitón- por resultar alcanzados por la concursalidad. El cambio de criterio sindical carece de razones que lo justifiquen».
El caso no se agotó en esa resolución de Moia. Los abogados recurrieron la resolución, recusaron al juez Reviriego y comenzó a intervenir la jueza Laboral N° 4, María Alejandra Abud. El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9 arguyó la anulación en el pago de honorarios en la certeza de que todo trámite que tenga que ver con el concurso de El Diario es de su competencia. «Así, la invalidez dispuesta derivó de haberse tramitado la causa al margen de las disposiciones imperativas que fija el estatuto concursal», señaló en una nueva resolución, firmada el miércoles 2 de noviembre.
Moia pídió el expediente al Juzgado Laboral, la jueza Abud se lo envió aunque no obstante dispuso embargos en las cuentas de El Diario para el pago de los honorarios en discusión.
En ese marco, el juez del concurso firmó una resolución que contiene tres puntos clave:
- declaró la competencia del Juzgado Civil y Comercial N° 9 para todo trámite relacionado con el concurso de El Diario.
- dispuso “la radicación definitiva” de la causa en la que se reclama el pago de honorarios a los abogados.
- Libró oficio al Juzgado Laboral N° 4 “a fin de poner en conocimiento de la Magistrada remitente el contenido de la presente, de la resolución de invalidez de fecha 8.9.22 y de la que rechaza la concesión del recurso de apelación planteado por los ejecutantes del 4.10.22”.
Mientras este entuerto sigue su curso, la suerte de los 80 trabajadores que despidió El Diario en 2018 continúa a la espera de que la Justicia disponga el pago de las indemnizaciones de ley, y desentrañe, en otra causa paralela, de qué modo ocurrió el vaciamiento de la empresa editora y cómo la familia Etchevehere -junto a otros actores de esta historia- enajenó bienes que eran parte del patrimonio de la empresa.
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De la Redacción de Entre Ríos Ahora