El fiscal José Arias, que batalló judicialmente contra el gobierno de Gustavo Bordet por la realización del concurso que diseñó el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para cubrir los cargos en la Fiscalía Anticorrupción -que finalmente naufragó- estará al frente de la investigación sobre el patrimonio del exgobernador.
El dato, que lo publica el sitio El Entre Ríos, da cuenta que la Procuración General, a cargo de Jorge Amílcar Luciano García, resolvió iniciar una investigación formal del patrimonio del exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet.
La resolución, firmada por el Coordinador de Fiscales de Concordia, José Costa, asignó la tarea a tres fiscales: José Emiliano Arias, Martín Núñez y Mario Guerrero.
La decisión de la Procuración fue adoptada en respuesta a una solicitud formal presentada en los Tribunales de Concordia por el empresario Héctor Daniel D’Ambros, de militancia en Juntos por Entre Ríos. D’Ambros pidió a la Justicia entrerriana que sometiera a investigación la Declaración Jurada Patrimonial de Bordet.
En esa Declaración Jurada, Gustavo Bordet informó acerca de un patrimonio que supera los 147 millones de pesos. En la lista, mencionó 14 inmuebles y depósitos y plazos fijos en pesos y en dólares.12 de ellos ingresaron a su patrimonio después de asumir en la función pública. Dos (de los cuales es titular de un porcentaje) ingresaron por herencia en 2023, y un departamento lo recibió por donación, según declaró.
Bordet ha minimizado ese pedido de investigación sobre su patrimonio. “He trabajo con honestidad y responsabilidad toda mi vida, respondiendo con mis declaraciones juradas, impuesto a las ganancias y bienes personales en cada uno de los roles cumplí tanto en la actividad pública como privada a lo largo de más de 40 años”, respondió. “No me sorprende –cuestionó- que este dirigente de Cambiemos intente menoscabar mi credibilidad. En los últimos tiempos hay una clara intención de hacerlo desde algunos sectores de la oposición”.
La batalla perdida del fiscal Arias
Uno de los tres fiscales que ahora investigará el patrimonio de Bordet, José Emiliano Arias, mantuvo una dura batalla con la administración del exgobernador durante 2023 que terminó resolviendo el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en noviembre pasado.
El máximo tribunal de Entre Ríos, con el voto de los vocales Daniel Carubia, Gisela Schumacher y Leonardo Portela, volteó la resolución judicial que había hecho lugar, en septiembre último, a un amparo presentado por el fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia y uno de los postulantes a cubrir la Fiscalía Anticorrupción. La decisión del juez civil y comercial Nº 9 Ángel Moia, que frenó el concurso para Fiscalía Anticorrupción, fue revocada por el máximo tribunal al hacer lugar el STJ a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado.
En su escrito, Fiscalía de Estado señaló que la decisión del juez Moia al declarar la invalidez de las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura «no tuvo correlato con la pretensión del actor, quien solicitó se dejen sin efecto las resoluciones atacadas, se ordene la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso del concurso hasta que se regularicen los mismos». Cuestionó también «la ausencia de fundamentación respecto a los elementos viciados del acto administrativo para declarar su invalidez y la alusión genérica realizada a la ´lucha contra la corrupción´ y la `transparencia`, sin explicar cuáles serían en concreto los actos sospechosos de vulnerar esos bienes jurídicos, volviendo arbitraria la decisión».
La Fiscalía agregó que el juez tampoco trató la cuestión vinculada a la improponibilidad subjetiva de la acción, porque ignoró que la pretensión actoral afectaba los derechos de los demás postulantes inscriptos en los Concursos Públicos N.º 285, 286, 287 y 288. Adujo que se comprometieron los derechos de terceros no demandados en la causa sin que se les diera algún tipo de intervención en el proceso.
En cambio, el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar Luciano García dictaminó en contrario y opinó que la sentencia de Moia debía ser confirmada.
La pelea de fondo
En septiembre último, la Justicia le había dado una buena al fiscal José Emiliano Arias: hizo lugar al recurso de amparo presentado por uno de los postulantes para ocupar cargo en la Fiscalía Anticorrupción. La resolución favorable fue firmada por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, Ángel Moia, que desarmó la estrategia del Gobierno y del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos que había buscado apurar la designación de esos cargos en el actual período de gobierno. Arias declaró «la invalidez» de dos resoluciones del Consejo de la Magistratura que dieron vía libre al concurso para la Fiscalía Anticorrupción al aprobar las modificaciones al banco de casos.
Conocida la resolución judicial, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes anunció que el Gobierno apelaría la medida ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). En el máximo tribunal no prosperó una acción de Arias que pretendió recusar a todos los supremos.
El juez Arias entendió que no se respetó la reglamentación del Consejo en la aprobación de las actas que derivaron en la ampliación del banco de casos con los cuales concursarán los postulantes al momento que se concrete el concurso. «La reglamentación vigente es clara en cuanto a la exclusividad del tratamiento de temas incluidos en el orden del día previamente publicitado. Así, el art. 4 del Reglamento General del Consejo establece que `las reuniones del Consejo serán públicas, salvo que su Presidente o la mayoría absoluta del cuerpo resuelva lo contrario respecto de todos o algunos puntos de los temas a tratar. Deberán respetar el orden del día, que será confeccionado por el Secretario General y aprobado por el Presidente. El temario se hará conocer a los integrantes del organismo con una antelación de, por lo menos, 48 horas a la fijada como fecha de reunión. Cualquier integrante del Consejo podrá solicitar la inclusión de puntos en el orden del día o la alteración del temario fijado, pero su tratamiento requerirá del voto de la mayoría absoluta de los presentes`. De las actas acompañadas surge que el tema fue propuesto sobre el final de la reunión, debatiéndose sobre la existencia de un acto aprobatorio. Mientras el Presidente del organismo suponía que se había aprobado por imperio del silencio traducido en la falta de impugnaciones y su publicación, otros consejeros consideraron que esto no resultaba suficiente».
«Si bien el acta refiere a la adopción de la decisión por la unanimidad, refiere a los miembros presentes. Previamente se había dispuesto hacer lugar parcialmente a los cuestionamientos planteados, incorporando
nuevos casos que no fueron sometidos al mismo control que la generalidad delbanco de casos», agrega el juez.
Una semana previa a esa resolución de septiembre pasado, Moia le había dado otro golpe a las aspiraciones del Consejo de la Magistratura y frenó la instancia de oposición en el concurso para la Fiscalía Anticorrupción, trámite previsto para los días 18, 19 y 20 del actual.
Moia hizo lugar a la medida cautelar pedida por el fiscal de Concordia José Emiliano Arias y suspendió la instancia de oposición prevista para este lunes en el marco del concurso para designar fucionarios en la Fiscalía Anticorrupción.
Arias es uno de los postulantes al cargo de Fiscal Anticorrupción y había presentado un recurso de amparo acompañado de una medida cautelar. El juez Moia entendió que «resulta conveniente acceder a la suspensión cautelar de la oposición a las resultas de la sentencia definitiva. Esto no provocaría una dilación significativa ante la inminencia de su dictado, considerando los plazos vigentes, como lo reconoce la misma accionada».
El fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, uno de los postulantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción, acudió con un recurso de amparo ante el juez Civil y Comercial Nº 9, de Paraná, Ángel Moia, con el agregado de una medida cautelar que busca frenar el proceso del concurso de la Fiscalía Anticorrupción.
Arias acudió a la vía judicial cuando no encontró respuesta a su pedido de suspensión del proceso del concurso por parte del Consejo de la Magistratura, organismo al que requirió que se aplace el trámite «en virtud de la irregular conformación y ausencia de aprobación del banco de casos (Res. 1311) y aprueba el mismo banco de casos (Res. 1312), dejándola sin efecto por su manifiesta ilegalidad, ordenando la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso de concurso hasta que se regularicen los mismos». Así, le pidió al juez que ordene la suspensión de la instancia de oposición de los días 18, 19 y 20, a través de una medida cautelar.
En ese marco, este miércoles el juez dispuso que el Poder Ejecutivo «en el término de 7 días informe sobre la exactitud de los hechos que motivaron la pretensión y en caso afirmativo la razón en que fundan dicha actitud -haciéndole saber que es la oportunidad para contestar la demanda y para ser oído».
Respecto de la medida cautelar, el magistrado otorgó un plazo de 24 horas al Consejo de la Magistratura para que «informe integración consignando los miembros titulares y suplentes» del organismo, «y al momento de celebrarse las sesiones de fecha 04.09.23 y 08.09.23), consignando las resoluciones que habilitaron su participación en cada caso; y que remita la siguiente documentación: 1.- Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos del 04/09/23; 2.- Acta de Sesión del Pleno del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos del 08/09/23; 3.- Constancia de convocatoria (con orden del día) a Sesión Extraordinaria para el día 08/09/23; 4. Nota presentada por el Consejero Juan Pablo Filipuzzi el día 12/9/23 a las 8,30 hs. en relación con las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura, y las medidas consecuentes que se hubieran tomado, librándose por Secretaría el oficio de rigor y diligenciándose en los correos electrónicos denunciados».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora