Un grupo de abogados expuso ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos una serie de vicios y defectos que advierten en el funcionamiento del sistema acusatorio, y pidieron que se intervenga a fin de controlar los fines del proceso. En el planteo cuestionan algunos manejos del Ministerio Público Fiscal, que dirige Jorge Amilcar García.

En el encuentro estuvieron el presidente de la Sala Penal del STJ, Miguel Ángel Giorgio, el vocal Daniel Carubia y, a través de videoconferencia, la vocal Claudia Mizawak.

El planteo lo realizaron en representación del Colegio de Abogados los letrados Miguel Ángel Cullen, Raúl Barrandeguy, Iván Vernengo, Emilio Fouces, Leopoldo Cappa y José Raúl Velázquez.

Los abogados son defensores de algunos imputados en la conocida causa de los supuestos contratos truchos de la Legislatura, que a principios de junio tuvo un nuevo capítulo cuando salió a la luz prueba del expediente en una publicación periodística.

Fue cuando la revista Análisis publicó, en la edición del 4 de junio, que la causa tiene 150 testimonios en dos mil horas de entrevistas realizadas en la Fiscalía; entre otros detalles. Esa publicación motivó una denuncia penal por parte de Fouces, que pidió que se investigue quién filtró información sobre dicha prueba.

Luego, junto a otros abogados presentaron formalmente una queja ante la Sala Penal del STJ pidiendo que tome conocimiento de este hecho y evalúe medidas a tomar, como una investigación interna sobre filtración de datos.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, Cullen reconoció que “la gota que rebalsó el vaso” fue la publicación periodística pero aclaró que el planteo en relación a vicios en el sistema acusatorio es de vieja data y que el encuentro de hoy no fue para hablar de esta causa en concreto. Además, recordó que a raíz de las anomalías que ven en las investigaciones buscan que se reforme el Código Procesal Penal de la provincia para que los defensores estén en igualdad de armas con la Fiscalía.

Por otra parte, indicó que al máximo tribunal también llevaron otro planteo que tiene que ver con la posibilidad de que los internos de la Unidad Penal N°1 de Paraná puedan tener visitas, ya que fueron suspendidas cuando inició la cuarentena por la pandemia.

“Uno de los planteos que hemos hechos desde el Colegio de Abogados tiene que ver con distintas anormalidades de cómo se está implementando el Código acusatorio en la provincia. Lo que creemos que es el Superior tiene que vigilar que se cumpla la finalidad del proceso y nosotros estamos convencidos que no está siendo así. A menos nos sentimos desprotegidos en las investigaciones que llevan adelante los fiscales”, explicó Cullen a Entre Ríos Ahora.

En ese sentido, afirmó que observan que “se está desvirtuando el sistema acusatorio” ya que “no se nos permite ingresar a algunas audiencias y tenemos algunas cuestiones con la prueba. Les explicamos a los vocales que nunca podemos llegar a ellos porque siempre llegamos a través de apelaciones, pero hay cosas que exceden lo que tiene que ver con alguna cuestión que pueda ser objeto de una resolución judicial”.

Sobre ese punto, explicó: “Unos de los fundamentos del sistema acusatorio es que el juez llegue descontaminado y que no vea el legajo antes del juicio. Sin embargo, se lo dan a terceras personas que, por así decirlo, inclinan la balanza hacia el lado de la Fiscalía. Así, el juez llega contaminado con una sola versión”.

“Nosotros entendemos que la Sala Penal tiene la competencia para verificar que se cumplen los fines del proceso, y entendemos que no se están cumpliendo. Ahora, qué harán los magistrados ya es un problema interno. Nosotros dimos el primer paso. El Colegio de Abogados ya presentó un proyecto de reforma del Código Procesal Penal, porque vemos que en vez de mejorarse cada vez se está empeorando y eso le queríamos hacer notar a la Sala Penal”, agregó.

Consultado si las recientes publicaciones periodísticas en la causa contratos también tuvieron que ver con el planteo que formularon, Cullen reconoció que es así pero que en la reunión de este martes “no planteamos cuestiones sobre una causa concreta”.

“Nosotros observamos en muchísimas causas que se le da parte de la prueba a personas que no tienen porqué tener acceso a los expedientes. Por eso fue más que nada una petición sobre cómo se nos dificulta a los abogados defensores ejercer nuestra función. No es igual en todas las jurisdicciones. Hay otras donde se trabaja de forma correcta: nos informan de las entrevistas y tenemos acceso irrestricto al legajo cuando lo pedimos. Acá (por Paraná) es donde se nota más la situación que planteamos”, finalizó.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.