El gerente de Administración del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Arnoldo Schmidt, mostró los números de la obra social en relación a la creciente litigiosidad que enfrenta en la Justicia por parte de afiliados disconforme que consiguen prestaciones a través de recursos de amparo y cuestionó la creciente incidencia en el presupuesto de los costos por honorarios.
Iosper proyectó para 2024 un gasto presupuestario de $402 millones en juicios y mediaciones; pero ese monto debió ampliarse en $1.400 millones como consecuencia de la modificación a la Ley de Honorarios que introdujo la Legislatura, y que actualizó el valor del jurista, la base de cálculo de los honorarios. La obra social ha gastado $1.802 millones. Aumentó un 348% el gasto en costas.
Por eso, desde Iosper piden cambiar la Ley de Honorarios. “Hoy es un valor movible, porque es el 1,5% del sueldo de un juez de primera instancia. Antes era un valor fijo. Pensamos que se podría poner un porcentaje menor, o con otra base de cálculo –asevera-. En 2023, cuando se proyectó el Presupuesto, se previó una suma de $402 millones en gastos de honorarios judiciales; en junio de 2023, el valor jurista estaba en $2.750; pero luego de la modificación de la Ley de Honorarios, porque el valor jurista hoy está en $53.823, se debió aumentar en $1.400 millones más, llevándolo a $1.800 a la partida de honorarios”.
El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos recogió el guante y le respondió: «La mala gestión de los recursos de los afiliados ha llevado a que el Iosper no cubra en debida forma las necesidades de los trabajadores entrerrianos y sus familias, obligándolos a acudir a las acciones de amparo, a fines de recibir prestaciones médicas básicas que el Iosper y sus autoridades desatienden».
La entidad reprochó la «mala administración» en la obra social provincial como «causa de cualquier déficit de la institución, y no los afiliados que acuden desesperadamente a los profesionales de la abogacía para que se atiendan sus urgencias de salud. Tampoco es el problema la Justicia o la Ley de Honorarios, ya que sólo se escuchan quejas del señor (Fernando) Cañete (presidente de Iosper) y sus funcionarios al respecto».
«Pretender reducir el desfinanciamiento a una cuestión de honorarios es de una ignorancia e inoperancia alarmante de quienes tienen que administrar la obra social más importante de la provincia. Ninguna otra obra social o empresa de medicina prepaga cuestiona esos aspectos. Al contrario, intentan mejorar y optimizar sus prestaciones a fines que sus afiliados las reciban en tiempo y forma», lanzó el Colegio de la Abogacía.
En una dura respuesta a las afirmaciones del gerente de Administración de Iosper -que reprodujo Entre Ríos Ahora-, el Colegio señaló: «Las autoridades del Iosper deberían focalizarse en resolver el verdadero problema de ese Instituto: la eficiencia en el manejo de los recursos. El Iosper se financia principalmente con los aportes de los trabajadores activos y pasivos de la provincia. Si las autoridades del Iosper administraran de manera correcta esos recursos, seguramente las acciones de amparo serían menores».
En una durísima respuesta, señaló que «si las autoridades del Iosper destinaran sus horas de labor en atender las necesidades de los trabajadores entrerrianos, las acciones de amparo se reducirían significativamente. Debe quedar claro que si el Iosper cumpliera sus obligaciones, no habría amparos ni honorarios. Por ello, la culpa no es de los honorarios y los amparos, sino que son las autoridades del IOSPER las que deben administrar los recursos de sus afiliados de manera más eficiente, transparente y responsable, para que esto repercuta en más y mejores prestaciones para aquellos».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora