Después de las sucesivas condenas a tres sacerdotes por abuso y corrupción de menores en la Justicia provincial, la Iglesia de Paraná salió a brindar un informe sobre los avances, pocos, que han registrado las investigaciones canónicas ordenadas tras conocerse las primeras denuncias de las víctimas.

El primero, Juan Diego Escobar Gaviria fue condenado el 6 de septiembre por haber abusado a cuatro menores. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en la parroquia San Lucas Evangelista, de Lucas González, en el departamento Nogoyá, donde estuvo destinado desde 2005 hasta 2016.

El segundo, Justo José Ilarraz fue condenado el 21 de mayo de 2018 a 25 años de prisión . El 1° de junio se conocieron los fundamentos del fallo unánime firmado por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel.  Los jueces valoraron los testimonios de las siete víctimas que denunciaron -“la declaración de la víctima, aún cuando sea el único testigo de los hechos, tendrá entidad para ser considerada prueba válida de cargo, y, por ende, virtualidad procesal para enervar el principio de inocencia del acusado, cuando no se adviertan en ella razones objetivas que invaliden las afirmaciones que realiza”, dijeron- y reprocharon el silenciamiento de la cúpula e la Iglesia.

El último miembro del clero condenado fue Marcelino Ricardo Moya, el viernes 5 de abril último, cuyos fundamentos se darán a conocer el 15 de este mes por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Moya fue condenado a 17 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores.

María Inés Frank.

La abogada María Inés Frank, que integra la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores, formuló declaraciones este lunes a la radio de la curia FM Corazón, y  brindó detalles de los procesos canónico a los curas condenados por la Justicia por pederastia.

Sobre  Moya, explicó que al tomar conocimiento la Iglesia en 2015 inició la investigación canónica y aplicó, entre tanto, medidas cautelares. «A pesar de la dificultad que supuso no contar desde el inicio con todos los elementos necesarios para el desarrollo de esta investigación, ella se encuentra actualmente encaminada según las prescripciones del derecho propio de la Iglesia», publicó la radio de la curia.

Y agregó que el procedimiento canónico ya iniciado sigue su curso con los datos y pruebas disponibles, a fin de alcanzar la más justa decisión posible en ese ámbito.

Respecto de Ilarraz,»la Iglesia también se encuentra en las instancias finales del proceso canónico». Frank aseguró que ese proceso fue instruido por el Arzobispado de Paraná, que solicitó a las autoridades del obispado de Concepción, Tucumán, donde estaba radicado, la realización de una investigación canónica y la imposición de medidas cautelares sobre el sacerdote.

«La investigación se llevó a cabo oportunamente y, en 2014 la Santa Sede encomendó al Tribunal Arquidiocesano de Buenos Aires la realización de un proceso penal canónico, el cual se encuentra actualmente en la fase de la decisión final», indicó.

Respecto de Escobar Gaviria, «sacerdote no diocesano sino perteneciente a la Cruzada del Espíritu Santo, fue la Iglesia de Paraná, a través de las autoridades de la escuela de religiosas de Lucas González y a instancias de su arzobispo (Juan Alberto Puiggari), la que puso en conocimiento de la Fiscalía de Nogoyá las denuncias sobre abusos para que se realizara la investigación correspondiente».

«Al mismo tiempo que las religiosas acudían a la justicia, el Arzobispado de Paraná inició una investigación en el ámbito de la Iglesia e impuso medidas cautelares al sacerdote. Al concluirse esta investigación, sus resultados fueron enviados a la Santa Sede, tal como corresponde a los procesos que involucran delitos de este tipo sobre personas menores de edad. Actualmente se están aguardando instrucciones sobre el modo de proceder dado que, según las prescripciones del derecho canónico en esta materia. Se trata de procedimientos que dirige la Santa Sede y no las diócesis», indicó.

 

 

 

Fotos: Arzobispado de Paraná

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.