Juan Alberto Puiggari asumió el gobierno de la Iglesia de Paraná el 7 de marzo de 2011, pero antes fue rector del Seminario Nuestra Señora del Cenáculo, entre 1992 y 1997. De modo que Puiggari fue superior del cura Justo José Ilarraz, que ejerció como prefecto de disciplina y administrador del Seminario entre 1985 y 1993.

Puiggari, precisamente, fue quien primero tomó conocimiento de los abusos cometidos por Ilarraz, luego de que una víctima se lo comentara a un seminarista, el hoy sacerdote Pedro Barzán. Más tarde, llevó el caso a oídos del entonces arzobispo Estanislao Karlic, quien en 1995 ordenó la realización de una investigación diocesana, que al año siguiente concluyó con la expulsión de Ilarraz de la diócesis, un juicio sumarísimo que en ningún momento contó con el testimonio del principal acusado.

Extrañamente, Puiggari se ha movido con parsimonia en el urticante asunto de los casos de pedofilia que alcanzan a su propio rebaño: Justo José Ilarraz fue denunciado en la Justicia por abusos y corrupción de menores en 2012, y este lunes 16 de abril se sentará en el banquillo de los acusados en el inicio del juicio oral; Juan Diego Escobar Gaviria fue condenado por abusos y corrupción de menores a 25 años de prisión; y Marcelino Ricardo Moya también carga con dos denuncias, aunque en este caso el trámite judicial viene más demorado: está a resolución de la Cámara de Casación Penal un planteo de prescripción.

En la Semana Santa de 2018 -siete años después de haber asumido como arzobispo; 23 años después de haberse enterado de los abusos de Ilarraz en el Seminario; a un año de que el sacerdote Escobar Gaviria permanezca tras las rejas con prisión preventiva- hizo público un protocolo de actuación en casos de abuso en la Iglesia.

Se llama “Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de abusos sexuales en los que sean víctimas menores o adultos vulnerables”, y fue hecho público el último Miércoles Santo, durante la reunión general del clero en el Centro Mariápolis El Salvador. Fue redactado por la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores, creada en agosto de 2017.

María Inés Franck es coordinadora de la Comisión para la Protección de los Menores.

“El objetivo (del Protocolo) es cuidar a los niños y que no vuelva a pasar”, dice esta abogada especialista en Derecho Canónico.

“Son temas muy delicados y es bueno que aquellos que trabajen con menores sepan estas cuestiones de manera simple. Es para que todo adulto sepa qué hacer para prevenir un abuso y ante la sospecha”, sostiene.

En declaraciones a FM Corazón -la radio de la curia- Franck sostuvo: “Desde hace algunos años, muchas arquidiócesis empezaron a generar estos protocolos debido a los problemas de abuso que emergieron”. El documento, dijo la abogada, apunta a que “cuando haya un adulto en algún ámbito eclesial en la arquidiócesis de Paraná, tiene que tener en cuenta ciertas cosas. Si se enteró de un abuso por el mismo menor, debe escucharlo sin interrogarlo, contenerlo con mucho respeto sin atosigarlo y, por supuesto, inmediatamente avisar a las autoridades del lugar y a los padres o tutores del niño o del adulto vulnerable. Además hay que incentivar a que se hagan presentaciones en organismos oficiales. No es denuncia porque eso es para otra instancia. Después puede haber o no denuncia”.

A su vez, “el adulto tiene que comunicarse con las autoridades eclesiales. Sabemos que se abre el proceso penal o civil y el canónico. Los católicos en Paraná tenemos que cumplir dos legislaciones: la Ley del Estado y la Ley Canónica. Son dos leyes que no se contradicen”.

El abogado canonista Carlos Lombardi, asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, ya tildó ese documento de Puiggari como «inconstitucional».

Es inconstitucional -asegura Lombardi a Entre Ríos Ahora– en tanto y en cuanto no se ajuste al marco constitucional y de los Derechos Humanos. Y por eso, se puede pedir la inconstitucionalidad de ese protocolo. La Iglesia, como persona jurídica pública no estatal, debe ajustar su funcionamiento al estado constitucional de Derecho”.

Al respecto, Franck opina: “No comprendo qué fundamentos tienen para decir eso. Esto se trata de acercar la ley al ciudadano común. Los protocolos deberían ser prácticamente obligatorios en instituciones en las que se trabaje con menores”.

“De ningún modo es inconstitucional. Hay un sistema de Derecho Humanos que tiene que ser asumido en el protocolo y así es. Está contemplado el interés superior del niño, está incorporado el deber de respetar la ley del lugar, está el derecho del niño de ser escuchado y no ser re victimizado con permanentes interrogaciones. También se opera el derecho de dar intervención a los padres y el derecho que tienen a denunciar. Y la última parte del protocolo hace especial mención a ser informados La autoridad eclesiástica debe mantenerlos periódicamente informados. Si la familia no hace la presentación, el protocolo indica que lo deben hacer las autoridades de la institución de la que se trate. Sinceramente no entiendo el planteo de inconstitucionalidad. Este protocolo es revisable. Simplemente un mecanismo frente a los casos prácticos”, explicó.

 

 

 

Foto: Arzobispado de Paraná

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.