La Justicia fijó la nueva fecha de juicio para dos integrantes de los Testigos de Jehová de Santa Elena acusados de abuso sexual en perjuicio de dos jóvenes. Las audiencias serán los días 10, 11 y 12 de marzo de 2021.
El debate oral y público estaba previsto realizarse en mayo de este año, pero a raíz de la pandemia por el coronavirus fue suspendido.
La causa se abrió en 2017, cuando una joven de 18 años escrachó en Facebook a Matías Vargas y Vito Panza. En el posteo los acusó de abusadores de menores.
La publicación la realizó Belén –se preserva su identidad- el 25 de abril de 2017. El escrito motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la municipalidad de Santa Elena, que brindó contención a la joven y a su prima, que también denunció abusos. Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial, donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años.
La investigación penal preparatoria la llevó adelante el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa, quien imputó a Vargas (de alrededor de 42 años) y su cuñado Panza (32 años).
Al primero le atribuyó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, abuso sexual simple reiterados, agravado por ser cometido por ministro de culto, más corrupción de menores; en tanto, a su cuñado le endilgó abuso sexual gravemente ultrajante agravado y corrupción de menores.
A juicio
La investigación concluyó en noviembre de 2018, cuando el fiscal pidió la remisión de la causa a juicio. A esa solicitud se sumó la abogada querellante Valeria Burckhard. El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, hizo lugar al pedido el 20 de febrero de 2020.
Tras ese trámite, el Tribunal de Juicio quedó compuesto por los jueces Carolina Castagno, Gustavo Pimentel y Elvio Garzón. El debate se iba a realizar el 6, 7 y 8 de mayo, pero a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que paralizó la actividad judicial, fue suspendido.
Ahora, la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial (OGA) fijó para marzo del año que viene las audiencias. Un mes antes, el caso cumplirá 4 años a la espera de una resolución judicial.
Entre Ríos Ahora supo que la primera jornada del juicio será el 10 de marzo. Comenzará a las 9, y se prevé que declaren 5 testigos. A las 16,30 se realizará una segunda parte donde se escucharán otros 5 testimonios.
El 11 de marzo será el segundo día de juicio y también se realizará en dos partes. Por la mañana, se escuchará a 5 testigos y la tarde a 4. El 12 de marzo serán los alegatos de clausura del juicio, a las 9.
Las penas para los acusados
En su escrito de elevación a juicio, el fiscal Barbosa pidió una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 para Panza. En tanto, la abogada querellante Burckhard, que representa a Belén, solicitó 20 años de prisión para ambos imputados.
Vargas era Siervo Ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los Ancianos -nombre que reciben los líderes de la congregación-. Ese cargo o ‘privilegio’ –como se lo denomina en la congregación- se le retiró cuando fue denunciado. Por esa condición que supo ostentar, la pena es mayor a la de su cuñado, Panza. Este último actualmente vive en San Luis, y también fue expulsado de la congregación.
Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alsina, quien pide la absolución de sus defendidos por cuanto considera que los delitos están prescriptos por el paso del tiempo. Ese fue uno de los planteos presentados ante el juez de Garantías, cuando pidió el sobreseimiento de sus pupilos.
Cabe recordar que Vargas, el mayor de los acusados, demandó por calumnias e injurias a la primera joven denunciante, pero el caso no prosperó por la existencia de la causa penal. Así lo dispuso el 6 de junio de 2017 la jueza de Garantías y Transición de La Paz, Silvina Cufré de Millán.
A mediados de 2019, una joven de María Grande se animó a denunciar a un miembro de los Testigos de Jehová. Al contar su historia de forma anónima, dijo que tomó valor luego de conocer la historia de la joven santaelenense que denunció a Vargas y Panza. El caso de María Grande fue investigado por el fiscal Leandro Dato, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora