La Multisectorial integrada especialmente en rechazo a la ley promovida en la gestión Urribarri en función de contraer deuda y llevar adelante la obra de acueductos chinos en el noreste de la provincia, reúne en estos días toda la información posible acerca del nuevo proyecto de Bordet. Las dudas son las mismas: el costo de la obra, impacto ambiental y potenciales beneficiarios. Se preguntan quién costearía el gasto energético.
La gestión de Gustavo Bordet dio una señal clara el jueves 9 del actual al convocar al bloque de legisladores de Cambiemos y presentar, en ese ámbito, una nueva versión del polémico proyecto de acueductos chinos para el noreste entrerriano. Lo que el Gobierno entrerriano intentó hacer, en un mismo movimiento, fue dejar atrás la propuesta anterior, viciada de sospechas, y al mismo tiempo plantear ante los legisladores una suerte ganga: el crédito está ahí, en buenas condiciones y no es ocasión de dejar pasar la oportunidad.
A su favor, Bordet cuenta con el aliento del Gobierno Nacional para contraer la deuda y hacer las obras.
Concretamente, en el encuentro del jueves el Gobernador propuso conformar una comisión bicameral para hacer el seguimiento de un proyecto productivo integral que incluye el acueducto Mandisoví, caminos, redes de fibra óptica y agua potable.
Del proyecto anterior, motorizado por el exgobernador Sergio Urribarri, se cae el acueducto La Paz-Estacas, rechazado hasta por los propios productores. También, se modifican montos: de los 430 millones de dólares que tomaba el Estado entrerriano en créditos a organismos chinos, ahora se habla de un proyecto en dos etapas que suman, en conjunto, 366 millones de dólares.
Sin embargo, en una primera mirada, algunos de los referentes de Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos, constituida especialmente para rechazar el proyecto de acueductos chinos tal cual lo presentó Urribarri, no observan cambios tan significativos como para diferenciar de modo notable aquella propuesta que calificaron en su momento como “arquitectura de la estafa” a esta que emerge en la actualidad.
RETROSPECTIVA
La Ley N° 10.352, impulsada por Urribarri, autorizó al Poder Ejecutivo “a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano – La Paz– Estacas y Sistematización y distribución de agua para riego –Mandisoví Chico”. Y lo habilitaba a tomar un crédito “por hasta 430.387.551 de dólares, con más los intereses necesarios” para financiar la construcción de esas dos obras “con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China y con los organismos multilaterales y/o entidades financieras que formulen una oferta de financiamiento para la ejecución de las obras”.
Y para eso, el Gobierno podría afectar en garantía “y/o ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”.
Oportunamente, la Multisectorial interpuso una demanda de inconstitucionalidad frente a la iniciativa aprobada, que se fundaba en por lo menos cuatro aspectos: el argumento procedimental, la sospecha de un monumental sobreprecio, la razón ambiental y, como señaló la entonces diputada María Emma Bargagna, el “secretismo” con el que se llevó adelante todo el proceso. La Justicia no avanzó, ni resolvió nada al respecto.
El nuevo proyecto que presenta Bordet intenta despejar algunos aspectos polémicos de la iniciativa de origen: en principio, desaloja de los papeles el acueducto La Paz-Estacas que no era requerido; en segundo término, le da intervención a la Legislatura para transparentar el proceso; y en tercer lugar, compone un plan de obras más amplio, que incluiría no solo el acueducto de Mandisovi, sino también obras sobre la Ruta 6 y Puerto Ibicuy.
El financiamiento proviene, exactamente, del mismo lugar. Son capitales chinos y la constructoras es china. Los legisladores que hablaron con Bordet destacaron la ventaja de un crédito blando, con cinco años de gracia y a una tasa que no supera el 5%. Parecen convencidos y son legisladores, algunos de ellos, firmantes de la denuncia de inconstitucionalidad contra el proyecto original.
No representa la posición de los legisladores de Cambiemos el total de aquella asamblea que reunía a mas de 80 organizaciones, entre partidos políticos, colegios profesionales, gremios, ONGs ambientales, productores, entre otras. Concretamente, para algunos de los referentes de la Multisectorial no hay una distancia tan visible entre un proyecto y el otro, al menos si se lo observa desde los planteos de la asamblea.
Luis Laferriere, entre otros, considera que el cuestionamiento económico persiste: “Todavía no se explica cómo pasamos de un acueducto valuado por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap) en 40 millones a uno de casi 200 millones; tampoco está claro quiénes son los beneficiarios y no se conoce cuál es el estudio de impacto ambiental o si todavía se remiten al que realizó el Prosap”, asegura.
En otra dirección, lo que se preguntan algunos de los asambleístas es quién asumirá el costo del gasto en energía del acueducto o si acaso irá a cuenta de los productores.
Más allá de la primera foto de Bordet con los legisladores y el aparente beneplácito frente al proyecto, en el corazón de la asamblea que denunció a Urribarri la sensación es que nada ha cambiado tanto como parece. Y en ese sentido, reúnen información y argumentos para comenzar otra etapa de ese debate que se inauguró en diciembre de 2014 cuando el accionar del Gobierno era un secreto para el resto de los entrerrianos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.