La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores decidió acatar la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ante un recurso de inconstitucionalidad que presentó el exconvencional constituyente Juan Carlos Arralde, ordenó suspender el trámite de acuerdo para 15 fiscales auxiliares de distintos puntos de la provincia. Aunque fue un poco más allá y amplió el número a 18.

La Comisión de Acuerdos, que preside Lucas Larrarte, se reunió esta mañana, con la participación de los senadores Pablo Canali, Rogelio Schild, Roque Ferrari, Raymundo Kisser, Nancy Miranda y Aldo Ballestena. Fue distinta la resolución de los senadores respecto de los pliegos de los defensores oficiales, cuyos pliegos seguirán en tratamiento legislativa. 

Los senadores Ferrari y Kisser se opusieron ya que consideran que los procedimientos de selección de estos profesionales fueron idénticos a los de los fiscales auxiliares, y por tanto está en discusión si no hubo violación del texto constitucional. 

El miércoles 6 del actual, la Justica hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el exconvencional constituyente Juan Carlos Arralde respecto del trámite de designación de 15 fiscales, cuyos pliegos están siendo analizados por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Provincia.

La resolución fue adoptada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la causa “Geist Delfina Valeria c/Estado Provincial s/Medica cautelar. Prohibición de innovar”, al hacer lugar al planteo de Arralde. De ese modo, ordenó “la suspensión en el ámbito del Honorable Senado de la Provincia y del Poder Ejecutivo Provincial, hasta la existencia de sentencia definitiva firme en los autos principales, del procedimiento tendiente a la eventual designación de los fiscales auxilares tramitado bajo expediente Nº 12.206”.

La resolución la adoptó un tribunal especialmente conformado por cuanto ocho de los vocales del STJ se excusaron. Sólo firmó el fallo el vocal Miguel Ángel Giorgio. Junto a Giorgio, el tribunal estuvo integrado por los camaristas Andrés Marfil, Alejandro Galanti, Valentina Ramírez Amable, Santiago Morande, Emilio Matorras, Fernando Bonabotta, Hugo Perotti y Guillermo Leopoldo Federik.

La suspensión incluye los pliegos de los siguientes fiscales: María Josefina Penón Busaniche para el cargo de fiscal auxiliar de Federación; Fernando René Martínez, fiscal auxiliar de Gualeguay; Eduardo Horacio Guaita, de Victoria; Boris Nicolás Telenta, de Gualeguay; José Emiliano Arias, de Concordia; Juan Pablo Mariano Gile, de Concepción del Uruguay; Agustín Andrés Gianini, de Gualeguay; Nadia Paola Benedetti, de Villaguay; Fabio Javier Zabaleta, de Concordia; Juan Francisco Malvasio, de Colón; María José Fonseca, de Concordia; Eugenia Ester Molina, de Federal; Priscila Ramos Muzio, de Paraná-; Juan Sebastián Blanc, de Colón; y María Gabriela Seró, para fiscal auxiliar de Concepción del Uruguay.

La abogada que representa Arralde, dice el escrito judicial, “con 35 años de edad y con más de 3 años de ejercicio  activo de la profesión” aspira a cubrir el cargo de fiscal pero mediante “el método del concurso público”. El artículo 50° de la orgánica del Ministerio Público Fiscal establece que los cargos de fiscales y defensores auxiliares no se cubren mediante el sistema de concursos a través del Consejo de la Magistratura.

En su dictamen contrario a la pretensión de Arralde, el Procurador General, Jorge Amílcar García  consideró que Geist tuvo garantizada la posibilidad de presentarse para cubrir un cargo de fiscal. “Un relato no malintencionado de los sucesos, demostrará con toda evidencia que la actora tuvo desde antaño todas las oportunidades para presentarse a los concursos de fiscal auxiliar o de defensor auxiliar que con toda publicidad, amplitud y transparencia se llevaron a cabo en las distintas jurisdicciones, pero que además pudo también presentarse y no lo hizo en los concursos de fiscales y defensores que se han llevado a cabo ante el Consejo de la Magistratura en estos años”.

Reprocha el Procurador que “la accionante nada dice del concurso para defensores auxiliares que se convocó por parte del Ministerio Público de la Defensa, con igual transparencia, publicidad, contralor” del Colegio de Abogados y  de la Asociación Judicial de Entre Ríos, en 2015.

“Sin duda –sostiene García con una afilada ironía- que al parecer la doctora Geist posee una fuerte vocación hacia la Fiscalía, pues no ha mencionado siquiera al Ministerio de la Defensa, pero ello no obsta a que pudo sin obstáculo alguno intervenir en este concurso, al igual que pudo participar en los numerosos concursos para defensores y fiscales que se han llevado a cabo desde la puesta en marcha del código acusatorio, y no lo ha hecho, -ni siquiera en los que están en curso de aprobación en la costa del Uruguay”.

En ese orden, sostiene que “la alegada afectación es falsa. La accionante pudo, puede y podrá intervenir en todos los concursos sin otro límite que su sapiencia. No hay quebranto a derecho fundamental alguno  y menos aún inminencia de algún riesgo que amerite cautelar alguna. Solo una mentirosa ´mise en escene´ que se desbarata al menor análisis en profundidad”.

“Para decirlo con palabras simples y contundentes, la ley que rigió desde el inicio de la puesta en marcha del nuevo sistema adversarial, (decreto 4.384, ratificado por Ley 10.049), consideró que las tareas investigativas que realizaba por delegación el fiscal auxiliar, -igual que en su ámbito el defensor auxiliar-, eran las correspondientes a la jerarquía de secretario del antiguo sistema, y que el sistema de designación de los mismos no era igual que el de los restantes magistrados, en el sentido que no requerían su tramitación ante el Consejo de la Magistratura”.

El Senado se ciñó a lo que resolvió la Justicia, y no consideró la situación de los defensores oficiales.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.