La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció que acatará la conciliación obligatoria que dictó este jueves la jueza Laboral María Alejandra Abud a pedido del Gobierno y de ese modo dejó en suspenso las huelgas de este viernes 23, martes 27, miércoles 28 y jueves 20.

La conciliación judicial se dictó por un plazo de 20 días hábiles. “El paro y las acciones sindicales de este jueves 22 se sostienen como estaba previsto. A partir de la hora 0 de este viernes 23 acatamos la conciliación, suspendiendo las otras medidas”, anunció el gremio docente.

La solicitud de conciliación que planteó el miércoles el Poder Ejecutivo recayó en el Juzgado Laboral Nº 4, a cargo de la jueza María Alejandra Abud “quien –rápidamente- notificó a las partes sobre el cese momentáneo del ´estado de beligerancia´ surgido a partir del conflicto salarial que es de público conocimiento. Significa, llanamente, conciliación obligatoria. Es decir, un trámite exprés. Curioso, pero parece que, en algunas ocasiones, la Justicia sí es presurosa y expeditiva”.

En ese marco, Agmer planteó: “La Ley Nº 9.624/06 aprobada por la Legislatura de Entre Ríos, establece y regula las Convenciones Colectivas de Trabajo Docente (conocidas, comúnmente, como paritarias). En su artículo 16 establece que finalizada la instancia administrativa en el ámbito de la Secretaría de Trabajo (cinco días) y ante el fracaso de la misma (lo que ocurrió efectivamente) ´cualquiera de las partes podrá pedir al Juzgado de Trabajo en turno de la ciudad de Paraná que disponga la conciliación obligatoria, ordenando a las partes suspender las medidas que se hubieren dispuesto en relación al conflicto. Para el caso que el Juez interviniente interprete que se cumplimentan los requisitos de admisibilidad del pedido acogerá la medida peticionada por un término máximo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la resolución, dentro del cual se realizarán las audiencias de conciliación que el magistrado entienda necesarias. Vencido dicho plazo sin que se hubiere arribado a una fórmula de conciliación, automáticamente podrán las partes proseguir con las medidas suspendidas por el Juzgado´”

Agmer señaló que en este caso, “el Gobierno de la provincia es quien solicita a la Justicia la conciliación obligatoria. Lo hace luego de incumplir con el pago de la diferencia existente entre el salario docente y el proceso inflacionario del primer semestre, ofreciendo bonos en negro que, además, no llegan a jubilados; con el inicial docente por debajo de la línea de indigencia y la gran mayoría sin poder superar el umbral de la pobreza, y jaqueado por una marcha docente multitudinaria, histórica, contundente y una andanada de movilizaciones registradas en cada uno de los departamentos de la provincia (de variadas formas y modalidades); y con altísimos índices de acatamiento a las medidas de fuerza de la docencia entrerriana que no banca ya los aprietes y amenazas de descuentos de la patronal. La conciliación suena, entonces, a un recurso desesperado”.

Pero aclaró enseguida que la conducción provincial del gremio “jamás tomará una sola decisión irresponsable, ni va a permitir que ninguna o ningún trabajador/a de la educación quede expuesto a las represalias del poder. Actuamos conforme a derecho y apegados a la ley, precisamente, lo que el Gobierno no ha hecho en este tiempo, ofreciendo montos en negro y violentando la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, o condenando a nuestras jubiladas/os al negarles una recomposición justa. Procedemos, además, apegados a nuestro Estatuto de Agmer, concretamente, en su artículo 21, donde se establece que las resoluciones del congreso son inapelables, y sólo revocables por autoridad judicial”.

En tal sentido, en resguardo de los derechos laborales del conjunto de la docencia, en protección además de una organización sindical que no es de propiedad ni individual ni de un grupo de dirigentes, sino que es de pertenencia colectiva (por lo que aspiramos nos trascenderá en el tiempo), esta CDC se pone a derecho y acata lo dispuesto por el Juzgado Laboral Nº 4. Aclaramos además que el paro y las acciones sindicales de este jueves 22 se sostienen como estaba previsto. Y a partir de la hora 0 de este viernes 23 acatamos la conciliación, suspendiendo las otras medidas.

El gremio acudirá a la audiencia de conciliación pero pidió que el Gobierno “negocie de buena fe; que dé marcha atrás con la amenaza de descontar los días de huelga y pare con declaraciones fuera de lugar, que sólo profundizan el malestar y la bronca de las y los docentes. Descartamos que la Justicia pondrá el mismo empeño y prontitud para llamarle la atención al gobierno sobre accionar ilegalmente, violando la Constitución de la Provincia”.


De la Redacción de Entre Ríos Ahora