El plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que este martes sesionó en Concepción del Uruguay, decidió pedir al Gobierno la baja del acuerdo con la empresa Lemondata SA, responsable del nuevo sistema de liquidación de sueldos y que desde noviembre viene generando «errores» que han provocado el continuo malestar y la queja de maestros y profesores.

La última vez ocurrió con la liquidación de la primera cuota del sueldo anual complementario. El Gobierno primero rechazó que hubiera errores, pero después tuvo que aceptar los yerros, y los corrigó mediante planillas complementarias.  «Los llamados errores de liquidación aumentaron en proporción al pagarse el aguinaldo y así vemos cómo el sistema proporcionado por la empresa Lemondata S.A. no se adapta a la realidad docente y por lo tanto debe ser dejado de lado y volver al sistema vigente hasta octubre de 2016», dice el documento que aprobaron los secretarios generales de las 17 seccionales de Agmer.

En ese marco, el gremio pidió  una «audiencia inmediata» con el vicegobernador Adán Bahl, el ministro de Economía, Hugo Ballay, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, y los equipos técnicos encargados de las liquidaciones. En ese encuentro Agmer tiene previsto demandar «precisiones acerca de los motivos de los errores de liquidación, los plazos en que se subsanarán los mismos y que se vuelva al sistema anterior de liquidaciones. En caso de no tener respuesta a estas demandas se convocará a congreso de la entidad para resolver los pasos a seguir».

Pero Agmer dio un paso más y anunció que va a reclamar que el Tribunal de Cuentas de la Provincia encare una «auditoría acerca del funcionamiento del sistema de liquidaciones docentes desde la implementación del actual sistema a la fecha, donde se determine quiénes realizan las liquidaciones (si fueron empleados estatales o privados), y la magnitud de los errores».

Como publicó Entre Ríos Ahora el último 4 de junio, el funcionamiento de Lemondata SA no es investigado por ningún organismo de control del Estado, menos el Tribunal de Cuentas. Este sitio publicó que el organismo  no tiene bajo la lupa ningún expediente con el membrete “Lemondata SA”.

Una alta fuente del organismo de control señaló que “aún no hay ninguna investigación sobre Lemondata”. Y agregó que en el Tribunal de Cuentas “no tenemos ningún expediente sobre esa empresa. No sabemos más que lo que salió en los medios. No hay ningún informe”.

 

Sergio Urribarri, siendo gobernador, fue quien contrató los servicios de Lemondata, cuyo dueño es el empresario Diego Armando Cardona Herreros, según reveló la revista Análisis. Herreros también aparece en la firma Relevamientos Catastrales SA, a la cual se le adjudicaron contratos millonarios durante el Gobierno del hoy presidente de la Cámara Baja.

Lo que se conoce de la empresa y el empresario se supo por investigaciones periodísticas, pero que aún parece no mover ninguna investigación en la administración pública.

En el Boletín Oficial de Entre Ríos, de fecha 6 de junio de 2012, se encuentra el decreto Nº 482 del 29 de diciembre de 2011, con el cual el entonces gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Economía, Diego Valiero, aprobaron el contrato de Relevamientos Catastrales SA para que brinde “un servicio de soporte técnico, operativo y de mantenimiento de software, por un período de dieciocho (18) meses, con opción a prórroga a favor del Estado por dieciocho (18) meses más, con destino a las Direcciones Generales de Ajustes y Liquidaciones y de Informática”. Por ese servicio se le pagó un importe mensual de ochenta mil novecientos (u$s 80.900) dólares, y “un importe total por dieciocho (18) meses de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos (u$s 1.456.200), por cumplir con los pliegos y resultar el precio cotizado conveniente a los intereses del Estado”.

En enero de 2014, el entonces ministro de Trabajo (y con un paso escandaloso por el Tribunal de Cuentas), Guillermo Smaldone, contrató a la misma empresa para la provisión de un servicio de “relevamiento, análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e implementación de un software de gestión y administración integral” por un plazo de 3 años, a un precio mensual de $ 550.000. El monto total que se le pagó fue de $19.800.000.

El 21 de diciembre de 2015, el periodista y director de la revista Análisis, Daniel Enz, reveló que ese año el entonces gobernador Sergio Urribarri le adjudicó a Relevamientos Catastrales SA un contrato anual por $7.833.600 por la prestación de un servicio de soporte técnico operativo y de mantenimiento de software en Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía.

En esa publicación, Enz dio más datos sobre el empresario detrás de la empresa (y empresas) contratadas por Urribarri. Precisó que al firma tiene sede en Capital Federal, y estaba presidida por el empresario Diego Armando Cardona Herreros que “es amigo personal de Urribarri (hay quienes lo vinculan a ambos con la pasión por el fútbol y algunos negocios relacionados a ello) y a su alrededor giran por lo menos diez empresas que, en su mayoría, tienen el mismo domicilio: avenida Córdoba 1184, piso 4, en Capital Federal y, por lo general, se dedican a tareas de consultoría. Entre ellas aparecen TPI Invest SA; Organización Mesopotámica de Asesoramiento y Servicios; Economía y Regiones SA; Sistemas, Administraciones y Consultorías; Macadel SA; Novopharma SRL; Relevamientos fiscales SA; Mandatos y gestiones SA; Lemondata SA y Relevamientos Catastrales SA”.

Las preguntas sobre Lemondata, empresa encargada de liquidación de los sueldos de los empleados de la administración pública, llegaron a la Legislatura en abril de este año. Fue a través de senadores de Cambiemos, primero; y luego le siguieron los diputados.

Lo cierto es que la semana pasada, cuando se inició el pago de sueldos, el sistema volvió a fallar y Lemondata reapareció en boca de los docentes entrerrianos. Los interrogantes fueron siempre los mismos: ¿Por qué se contrató una empresa cuando el Estado cuenta con un sistema para liquidar los sueldos? y ¿quién controla a Lemondata? Esas preguntas seguirán, por ahora, sin respuestas.

En función de los inconvenientes que ha provocado el nuevo sistema de liquidaciones que lleva adelante Lemondata SA, el plenario de secretarios generales de Agmer se declaró en sesión permanente y estableció una próxima reunión «no más allá del jueves 27». En forma previa, además, se fijó la realización de una jornada provincial de asambleas escolares de dos horas por turno el martes 25.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.