El acuerdo salarial que firmaron los docentes en abril último con el Gobierno, con cláusulas trimestrales de actualización del salario en función del índice inflacionario, tendrá una rediscusión en un punto: la posibilidad de que el Poder Ejecutivo adelante alguna suma antes de noviembre, cuando se dé la próxima revisión de los haberes de los maestros.
El acuerdo paritario que aceptaron los docentes fija una actualización salarial según el índice inflacionario del primer trimestre del segundo semestre (julio, agosto, septiembre) con los haberes de octubre, esto es a principios de noviembre. Y una segunda actualización para el segundo trimestre (octubre, noviembre, diciembre), que se percibirá con los salarios de enero de 2020, a inicios de marzo.
Marcelo Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), entiende que en el nuevo escenario que se vive en el país luego de la corrida cambiaria y la devalución, exige una rediscusión de los tiempos en los que los docentes recibirán la actualización salarial. Y dice que la cláusula gatillo de octubre, que se cobraría en noviembre, deberá ser adelantada. «Ese acuerdo que firmamos los docentes en abril, con cláusula gatillo trimestral, y que fue criticado por algunos sectores, ahora cobra mucho sentido. Es la garantía que tenemos los docentes para no perder frente a la inflación», señala.
En declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, Pagani observó que hay «preocupación» en la docencia por la crisis del país, y planteó la necesidad de que el Gobierno reformule los tiempos del acuerdo paritario. «Antes de noviembre tiene que pagar algo, un adelanto», plantea. «El acuerdo que firmamos nos deja a salvo: nuestro salario no pierde ante la inflación. Claro que a principios de año nadie imaginaba este escenario de hoy, con un proceso de devaluación fenomenal, en el que los que más perdemos somos los trabajadores», apuntó.
Respecto del bono de $5.000 que reclamó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Pagani se mostró cauto por cuanto en la provincia la Constitución prohíbe sumas en negro en el salario de los empleados estatales. «El bono se plantea en una situación absolutamente excepcional y atípica. Es verdad que uno escucha la demanda de los propios compañeros que preguntan por ese bono. Pero nosotros nos paramos en el mejor escenario en el que toda suma que se agregue al salario tiene que ser en blanco. Por eso, planteamos que lo que correspondería sería un adelanto del acuerdo paritario». señaló.
El acuerdo de abril
El acuerdo paritario salarial que rige en la provincia para los docentes fue producto de una negociación extensa, que se dirimió en la Justicia.
El miércoles 24 de abril, el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que ese día sesionó en Larroque, departamento Gualeguaychú, aceptó la última oferta salarial presentada por el Gobierno en el marco de la negociación paritaria que se desarrolló, desde el 22 de marzo, en el despacho de la jueza laboral Gladys Beatriz Pinto, que había dictado la conciliación obligatoria a pedido del Gobierno.
La discusión en el congreso de Larroque giró en torno a la última oferta salarial del Gobierno, un aumento del 22% -10% ya percibido en marzo, más otro 12% en mayo, y una cláusula gatillo de revisión para julio en función del índice inflacionario de los primeros seis meses-, y la certeza de que en el segundo semestre habrá “gatillos” trimestrales, con revisiones automáticas del salario en octubre y en enero de 2020. Producto de ese 22% de incremento, el salario del cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, pasa de $15.291, el valor que tenía a comienzos de 2019, a $18.504, cifra que se alcanzará en mayo próximo.
La oferta excluyó la devolución de los días descontados por paro, 18 en total durante 2018, que el Gobierno había propuesto, y que después retiró.
Escenario
El congreso de Agmer que sesionó el jueves 21 de marzo en Chajarí rechazó la última oferta que el Gobierno había presentada en la mesa paritaria que se había abierto en la Secretaría de Trabajo luego de los fracasos previos en las reuniones que se llevaron adelante en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno. El gremio rechazó la oferta de aumento de un 20% en dos tramos: 10% en marzo y 10% en mayo, y votó dos días de paro: viernes 22 y lunes 25.
La resolución gremial movió al Gobierno a presentar ese mismo jueves 21 un pedido de conciliación obligatoria ante la Justicia Laboral.
La negociación salarial entre el Gobierno y los sindicatos docentes -Agmer, el mayoritario, pero también en la mesa se sientan la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (Uda)- transitó distintas etapas.
El 12 de marzo, en San Salvador, el congreso de Agmer había rechazado la oferta salarial del Poder Ejecutivo, pero no adoptó ninguna medida de fuerza: sólo exigió al Gobierno la presentación de una nueva propuesta.
Esa nueva oferta salarial se conoció en la reunión paritaria del lunes 18: la oferta reconocía un 11% corresponde al recupero por la pérdida salarial de 2018 (desfase entre el aumento salarial anual, del 33%, y la inflación anual acumulada, del 46,7%). E incorporó una cláusula de actualización automática semestral (enero-junio).
El tercer encuentro paritario de este lunes 18 sobrevino luego de una serie de reuniones que no habían logrado cerrar un acuerdo salarial.
Después de tres sucesivos encuentros en Casa de Gobierno, el Poder Ejecutivo decidió llevar la discusión a la mesa paritaria, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, y reformular la propuesta salarial que ya había cosechado dos sucesivos rechazos.
En esas primeras reuniones, no hubo acuerdo posible. Primero, fue una reunión formal. Después, en el segundo encuentro ofertó un 15% en tres tramos del 5% entre marzo, abril y mayo; luego, un 15% en dos tramos, un 10% en marzo y un 5% en mayo.
El viernes 8 de marzo se abrió la mesa paritaria salarial en la Secretaría de Trabajo, y entonces el Gobierno presentó la tercera oferta de aumento, un 20%, en dos tramos: 10% en marzo y 10% en mayo. El nuevo escenario permitió desactivar la amenaza de una huelga de tres días, entre lunes 11 y miércoles 13, que había sido votado en congreso por Agmer el viernes 1° de marzo en Concordia.
Aunque ya al inicio del ciclo, entre el miércoles 6 y el viernes 8 de marzo hubo tres días de huelga, pero enmarcados en una protesta nacional definida por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Lo que resta es una pulseada local. El miércoles 14 de marzo Agmer reunió su congreso en San Salvador y ocurrió lo previsible: por mayoría se rechazó la última oferta salarial .
La última decisión, previa a la conciliación obligatoria, fue el congreso del 21 de marzo, que aprobó dos días de huelga.
Los paros se cumplieron aún cuando el viernes 22 la jueza laboral Gladys Pinto dispuso la conciliación obligatoria por un plazo de 20 días hábiles. En ese ámbito, hubo cuatro reuniones sucesivas, la última, el lunes 22 de abril, cuando se conoció la última oferta salarial del Gobierno, que Agmer terminó aceptando. De ese modo, cerró la negociación con el Gobierno.
En 2018, el Gobierno había acudido en dos ocasiones a la Justicia Laboral con sendos pedidos de conciliación obligatoria, en abril ante el juez José Reviriego, en noviembre intervino la jueza Gladys Pinto, y así consiguió cerrar los dos acuerdos salariales del año.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.