La política entrerriana de los últimos diez años estuvo hegemonizada por una persona: Sergio Daniel Urribarri. El dos veces exgobernador construyó su poder haciendo uso de los fondos del Estado que, en algunos casos, hoy la Justicia investiga, o al menos eso parece.
En el último libro que publicó el periodista y director de la revista «Análisis», Daniel Enz, “El Clan. La familia que se apropió del Estado. Negocios, corrupción y falsedad ideológica”, se describe la historia del político, su familia, amigos y empresarios cercanos y su relación con el Estado entrerriano. Relación entendida siempre como negocio, usufructo de un selecto grupo que practica una especie de omertá política, un pacto de silencio.
El libro puede leerse como una especie de novela de Mario Puzo –quien escribió «El Padrino»-, en clave política, donde se pueden encontrar elementos de todo tipo: traiciones políticas, campañas con fondos poco claros, narcotraficantes que llegan a choferes de la Gobernación, empresarios que se reparten los contratos del Estado, y cuñados que llegan a controlar distintas cajas de dinero.
Hay mucho para comentar sobre el libro de Enz, que no deja historia por contar y funcionarios, empresarios y hasta empleados del Estado por mencionar. Se podría construir un organigrama de relaciones a partir del trabajo, que, en gran media, se nutre de sus propias investigaciones periodísticas en la revista que dirige y de otros periodistas entrerrianos. Todo lo que el poder le molesta que se conozca están contenidas en 425 páginas.
Uno de las tantas figuras de la comunidad del poder que aparecen en el libro de Enz es Juan Pablo Aguilera, «Juampi», como le dicen sus allegados, el hermano de la mujer de Urribarri, Ana Lía Aguilera.
Aguilera, «Juampi», es mucho más que el cuñado del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri. En el libro se lo retrata como el recaudador de campaña, el hombre clave en contrataciones presuntamente direccionadas y, en definitiva “un nuevo millonario”, de los tantos que dio el urribarrismo.
Aguilera cumplió diferentes funciones en el Estado entrerriano y un variada gama de tareas durante las últimas campañas electorales de su cuñado, que pasaban más por el manejo de fondos que por el trabajo militante. También incursionó en el mundo empresario y sus negocios lo llevaron a que hoy tenga que responder ante la Justicia provincial por contrataciones poco claras.
El nombre de «Juampi» Aguilera cruza todo el libro de Enz. A veces con más o menos protagonismo. Siempre al lado de Mauro Urribarri, hijo del ex gobernador, y de figuras como Pedro Báez, ex ministro de Comunicación, hoy diputado del FPV.
El cuñado se convirtió en una de las personas más cercana en las aventuras políticas y en los negocios del hombre que gobernó la provincia en dos períodos, de 2007 a 2011 y desde 2011 a 2015. En el medio, cuenta detalladamente «El Clan», estuvo el “sueño entrerriano” de la Casa Rosada que sólo quedó en eso: una expresión de deseo.
Aguilera fue prosecretario del Senado desde diciembre de 2011, cuando Mauro Urribarri era secretario de la Cámara Alta. Y años después, en 2014, llegó a ser el director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Pero las historias más comprometedoras para el cuñado del «jefe del clan» parece que pasaban más por el Senado y por el mundo empresario.
En el capítulo XII, “Los manejos de las ‘cajas’”, Enz cuenta que Mauro Urribarri y Aguilera se trasformaron en hombres clave en el Senado. Ese año, revela el periodista, se llegaron a desviar 18 millones de pesos de la Cámara Alta, pero que el Tribunal de Cuentas nunca dijo nada al respecto.
“Cuando el cuñado del exgobernador llegó al Senado, desplazó del área de Despacho hacia unas oficinas poco funcionales y armaron una especie de bunker en ese sector”, cuenta Enz, para luego relatar lo que se conoció como la ‘Mesa de Dinero’ que muchos aseguran que operaba en la Cámara Alta. Una especie de cueva financiera donde políticos, empresarios y hasta hombres de la Justicia frecuentaban para compran dólares, en tiempos en que imperaba el cepo al dólar impuesto en 2011 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según cuenta Enz, “cuando se le preguntó a Aguilera por qué había ordenado tal situación fue claro y concreto: ‘A mí no me van a descubrir los negocios como a (José Maximiliano) Crettón Pereyra’”, en referencia al ex director administrativo del exvicegobernador Héctor Alanis (1995-1999), que se convirtió de la noche a la mañana en millonario.
En el Senado, en 2012, en pleno cepo al dólar, la Cámara se convirtió en una cueva financiera donde los compradores de la divisa norteamericana se acercaban a hacer negocios con un personaje clave, ignoto para la gran mayoría de los entrerrianos: un empleado del Senado llamado Juan Sebastián Robledo, revela «El Clan».
Enz cuenta que Robledo se fue del Senado luego de recibir una serie de amenazas que estarían vinculadas a la mesa del dinero que funcionó en el Senado. Indica que terminó en Porto Alegre, en Brasil, en el departamento de un allegado. Allí se ocultó de sus perseguidores y recién volvió en 2015, pero no se presentó a trabajar ya que pidió licencia psiquiátrica. “En junio de 2016 radicó una denuncia por amenazas ante la Fiscalía del Poder Judicial, según consta en el expediente 14364 (643). Tiene numerosos juicios ejecutivos por deudas en distintos juzgados civiles y comerciales de Paraná”, precisa Enz y luego señala que hay una causa en la Justicia federal, que llegó tras la publicación de la revista «Análisis».
El nombre de Aguilera reaparece con fuerza en el capítulo XVI, “El sueño y el fantasma narco”, donde el periodista de investigación pone el foco en el año 2014, año especial para Urribarri, ya que buscaba posicionarse como un referente del kirchnerismo, con miras a las elecciones presidenciales de 2015.
Ese año encuentra a Aguilera asumiendo –el 15 de mayo- como director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. “La movida respondía a la necesidad de tener una base desde donde operar en Buenos Aires para la intención de Urribarri de ser candidato a presidente de la Nación que ya era un hecho por esos días”, escribe Enz.
Ese año tuvo otro hecho que marcó a fuego la gestión de Urribarri: el 13 de agosto la revista «Análisis» publica la investigación que revela que el chofer de la gobernación, Marcelo Acosta, fue detenido con 20 kilógramos de cocaína en Santa Fe.
Otro capítulo para destacar es el XVII, “Cumbre, amigos y aportantes”, donde se cuenta cómo se gestó la 47 ª Cumbre del Mercosur que se celebró en diciembre de 2014, en Paraná.
El cónclave fue propicio para un festival de contrataciones que siempre giraron en torno a empresarios vinculados al urribarrismo, a través de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), creada especialmente para la ocasión. Al frente de ese organismo estuvo Hugo Céspedes, y también estuvo integrado por el empresario Miguel Marizza, presidente de Caballi S.A. Lo hizo en representación de la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
Los gastos que insumió la Cumbre fueron de 84.577.000,29 pesos y contó con 18 millones más aportados por la Cancillería argentina. El gobierno informó que gastó mucho más: $26.3 millones. “Cerca del 50% de los fondos se repartieron entre apenas cinco empresas constructoras que se alzaron con más de $38 millones”, señala Enz y agrega que el hijo de Julio De Vido, Facundo, se llevó otros tantos millones a través de una productora audiovisual, un dato que reveló Entre Ríos Ahora.
En ese apartado, Enz relata que “el gran cuñado vivía su mejor momento”. Y detalla por qué: “Hacía años que disfrutaba de los placeres económicos derivados de los negocios con el Estado, con la imprenta de calle Racedo o de la librería ‘familiar’, ubicada en la intersección de las calles Gualeguaychú y Monte Caseros de Paraná. No les fue tan mal: entre 2011 y 2015 facturaron 16 millones de pesos y el mayor porcentaje fue al Estado entrerriano. En ese período desplazaron a todas las librerías de la competencia y se ocuparon de ser los proveedores casi de manera absoluta de las diferentes reparticiones del gobierno provincial y la Municipalidad de Paraná, como así también varias comunas de Entre Ríos”. Luego indica que la librería bajó las persianas en 2015, aunque siguió haciendo negocios con el Estado.
En relación a la librería Alfa, de ella se trata, vinculada a Aguilera, señala que operaba a través del sello Next SRL, donde aparece un amigo personal del cuñado, Maximiliano Romero Sena y Alejandro Almada, un oficial de la Policía de Entre Ríos que fue custodio de Urribarri. Aguilera es el cuñado de Almada, ya que está casado con su hermana, Luciana María Belén Almada. Alfa, en rigor, dice Enz, estaba a nombre de la esposa de Aguilera desde 2009 y figura como socia de la empresa Tep SRL, que funciona bajo el nombre de Formato Urbano en un galpón ubicado en Boulevard Racedo 415, en Paraná.
El diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi es otro de los socios de la imprenta y, casualmente, también es amigo de Aguilera. Enz llama la atención sobre un punto: “Lo saliente del caso es que ni Sena –con la primera sociedad-ni Giacopuzzi son gente con algún capital ni bien mueble. Todo el dinero salió del Estado para armar empresas que lucraron con el gobierno entrerriano, O sea: Aguilera, con sus aliados en las reparticiones del Estado, siempre hicieron esos negocios de los dos lados del mostrador, imponiendo su poder y los números más convenientes”.
Pero no se queda ahí el director de la revista «Análisis», y aporta más datos sobre el “gran cuñado”. Por ejemplo, que posee una casa de importantes dimensiones cerca del Seminario de Paraná, y a metros de la vivienda de Urribarri. “La millonaria vivienda de ´Juampi´, de dos plantas, varios dormitorios, salones de reuniones, en calle Fray Antonio de Montesinos 2107, con una piscina de amplias dimensiones y un patio con zona parquizada, está valuada en varios millones de pesos, aunque ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) aparece registrada en no más de 800 mil pesos”, detalla.
Casi al final del capítulo se revela que durante la Cumbre del Mercosur empresas vinculadas a Aguilera “facturaron casi 1,5 millones de pesos. Lo recibió a través de Tep SRL: fueron dos facturas, por importes idénticos, $459.558, que cobraron el 10 de diciembre de 2014. Otra factura, por $487.706, fue abonada el 8 de enero de 2014”.
Más adelante se cuenta que el cuñado de Urribarri fue imputado por la fiscal Patricia Yedro en 2016 por supuesta defraudación al Estado. Además de Aguilera también fueron imputados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y Gustavo Raúl Tamay, ex responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública. Y los empresarios Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis Almada y Maximiliano Sena, todos socios en la empresa Formato Urbano SRL (Tep SRL), principal proveedora de los servicios de publicidad que contrató el ex gobernador Urribarri.
Hay mucho más sobre Aguilera y su papel dentro del círculo de poder de Urribarri. Pero para profundizar hay que ir a las páginas de “El Clan”.
Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora