A finales de junio, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, recibió a la secretaria general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Seccional 12 Entre Ríos, Bibiana Starck –el gremio que dirige a nivel nacional Julio Piumato- y hablaron “sobre las gestiones realizadas en torno de la recomposición salarial del 25,6 % de los haberes del personal judicial tras la finalización de la vigencia de la Ley de Emergencia”.
No hay tal recomposición: en realidad es un reclamo de restitución de ese porcentaje aplicado durante la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, entre 2020 y 2021
Aquella Ley de Emergencia N° 10.806 que rigió durante la pandemia de coronavirus tuvo efectos en los ingresos de los empleados de la Administración por aplicación de los artículos 4°, 6° y 10°.
Los judiciales entrerrianos inician medida de fuerza y no se olvidan de la Ley de Emergencia
El artículo 4° de la Ley de Emergencia estableció: “En razón del estado de emergencia declarado, y con el fin de mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial, los aportes personales se calcularán sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:
Salario Nominal (en $) – Aportes Personales (en %)
- a) hasta 75.000 – 16 %
- b) desde 75.001 a 100.000 – 18%
- c) desde 100.001 a 200.000 – 20%
- d) desde 200.001 en adelante – 22%”.
En tanto, el artículo 6° de la norma, fijó aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y se estableció que serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
El reclamo por la devolución de ese porcentaje fue iniciado por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y paradójicamente, aún cuando la titular del STJ escuche a la dirigente del gremio de los judiciales nacionales, sobre el tema el alto cuerpo ya se expidió. Y fue por la negativa. Fue a través del Acuerdo General N° 30, del 30 de septiembre de 2022.
Los judiciales entrerrianos habían presentado una acción judicial ante el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Moia, que hizo lugar a una cautelar, luego volteada por el STJ con el argumento de que “no era la vía”, y que la competencia para esos pleitos correspondía a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que terminó fallando por la constitucionalidad de la Ley de Emergencia y, va de suyo, el rechazo a la pretensión de la Asociación Judicial.
Así pues, aquel acuerdo de septiembre de 2022 dispuso, sin ambages: “Considerando que la pretensión ha sido resuelta por la Cámara en lo Contensioso Administrativo N° 1 y encontrándose firme, no corresponde expedirse por vía de Superintendencia”.
AJER había solicitado, entre otros puntos, la “devolución de los aportes retenidos a la planta de personal del Poder Judicial por aplicación de los artículos 4° y 6° de la Ley N° 10.806 de Emergencia, mientras la misma se encontró vigente, con más los intereses”.
El gremio de los judiciales ha tratado el tema en los últimos dos plenarios, que incluso han derivado en la aplicación de medidas de fuerza ante la falta de respuesta. El viernes 30 de junio, en Chajarí, el plenario provincial de AJER se expidió nuevamente: allí se abordó la situación salarial de los judiciales, especialmente la deuda del 25,57% que el Gobierno mantiene desde la Emergencia “y que fuera reclamada administrativamente ante nuestro empleador, el Superior Tribunal de Justicia, y oportunamente rechazada”.
Después del Acuerdo General N° 30, de 2022, emitido por el STJ, AJER acudió con un recurso de apelación jerárquica ante el Gobernador Gustavo Bordet, que acabó del peor modo: el 31 de enero de 2023, y a través del decreto N° 84 del Ministerio de Gobierno, el Poder Ejecutivo rechazó “in límine” –sin tratarlo ni considerarlo- al planteo de los judiciales.
La negociación después incluyó también a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos que, junto a AJER; mantuvo encuentros con el STJ para destrabar el conflicto. Según el gremio judicial, “se decidió que las negociaciones con el Gobierno las llevaría adelante el STJ en representación de todos los sectores. Debido a la falta de respuestas, se decidió en plenario provincial el 6 de junio realizar asambleas de 3 horas en cada jurisdicción y la presentación de una nota dirigida al ministro de Gobierno (Hugo Ballay) solicitando la restitución de lo adeudado”.
Esa presentación, del 16 de junio, generó la formación de un nuevo expediente, que incorporó una nota del STJ, y reclamos del personal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. El asunto está para resolución en la Fiscalía de Estado.
Pero en medio ocurrieron una serie de versiones que daban cuenta de una supuesta decisión oficial de acceder a la petición de los judiciales. AJER no lo dice enfáticamente pero las miradas apuntan a sectores de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio de Julio Piumato, con quien la titular del STJ ha cultivado buenos lazos y que pretende hacer pie en la estructura judicial entrerriana.
En el documento que emitió el plenario de Chajarí de AJER se alude a “diversos mensajes que son reenviados sin firma y sin conocerse su fuente en los que se asegura o que ya hay acuerdo de pago en cuotas de la deuda o que hay dictámenes favorables en el citado expediente”.
Nada de eso ha ocurrido. “Estas prácticas desleales –reprochó AJER-, que nunca habíamos visto en nuestro ámbito antes, aparecen llamativamente en los últimos tiempos”,
Plenario Ajer Chajari by Entre Ríos Ahora
De la Redacción de Entre Ríos Ahora