Por Jorge Oscar Daneri
Entre Ríos vive hoy uno de los momentos más vacíos de plenitud democrática. Lo que hay es una provincia saqueada por una banda de productores de deuda pública, que hipotecaron los bienes del dominio público, en beneficio del mismo poder que pretenden para siempre. Se ve de lejos la ilusión monárquica, de profundo autoritarismo, que finalizará mas temprano que tarde, pero con un daño institucional, ético, financiero y sobre todo, social y cultural de una escala impredecible para el presente y futuro de las generaciones.
El oficialismo ahora ineludiblemente feudal, son los que imputan a un miembro del Superior Tribunal de Justicia, y al mismo tiempo, con muchos mas argumentos, de diversas características, que amerita -por lo menos- profundizar la investigación hacia otro de sus miembros, lo niegan, obstaculizando el transparente ejercicio de la producción de la buena o mala prueba, pero esencialmente en la necesidad de transparencia y amplitud del proceso que consolide y beneficie al fortalecimiento del sistema de controles recíprocos y a la búsqueda de una verdad, que por los actores denunciados, debería ser despejada de todo tipo de sospechas.
Los hechos producidos durante estos días, desnuda el real corset de vinculaciones entre el poder político y miembros del más alto Tribunal, quitándose impunemente el ropaje ficticio de independencia, clara prueba política de un poder corporativo inquisidor aún liderado por Urribarri, patético símbolo del vaciamiento institucional y económico mas impune de la historia de nuestra provincia.
La clase política que hoy conduce los destinos de la provincia no está a la altura de las circunstancias. Y no lo está porque los intereses en juego no son los de la democracia o los de la República. Subterráneos y movidos por mecanismos perversos de influencias en el juego y abuso en el ejercicio del poder, trafico de intereses imposibles de transparentar hacia la consideración pública, simplemente porque son indefendibles. Su creatividad está en la militancia de la concentración del poder lo mas absoluto posible y en el imposibilitar todo riesgo de ser no solo juzgados, ni siquiera investigados.
No existe otra explicación.
La denuncia pública de un cambio en el sistema de votación de una sentencia en construcción, institucionalmente relevante frente a una institución esencial para el control del Estado de Derecho y sus actos administrativos, como lo es el Tribunal de Cuentas, es de una gravedad mas que suficiente para una actitud de inicio de la investigación acusatoria legislativa contra la Presidente del Tribunal mayor. Este hecho deja a la provincia y su democracia en estado de shock. Expone abiertamente la incertidumbre existente, destruye la confianza y credibilidad en quién juzga cotidianamente a la sociedad y los actos de los gobiernos de manera casi inapelable y pone en jaque la administración de Justicia.
En otras épocas, los jueces puestos en grave duda, en crisis esencial en su rol, dejarían transitoriamente la función sin mas vueltas, exigiendo se los investigue con mayor rigor que a cualquier otro ciudadano, para salvar su dignidad básica en el ejercicio de sus enormes responsabilidades cívicas y judiciales.
Los colegios profesionales y las Asociaciones de Magistrados estarían movilizados diciendo sus pareceres, debatiendo abiertamente, sin temores y sin dudas sobre convicciones y compromisos superiores para la integridad del sistema republicano.
Legisladores cederían sus bancas por vergüenza u honestidad para facilitar las investigaciones judiciales en su contra, o por lo menos renunciarían a sus fueros legislativos y cruzarían calle Laprida para ponerse a disposición de la Justicia.
La realidad prueba que no saben de esto o tienen miedo, o son cobardes, cobardes en la antítesis de un Artigas, un Arturo Illia, Alicia Moreau de Justo o un Jaureche.
Otros saben que esa realidad de la política de trastienda los obliga a defenderse o actuar con uñas y dientes, como parece hacerlo el doctor Chiara Díaz, sin lugar a dudas conocedor de una realidad desconocida por las mayorías, ciencia ficción real que él mismo detallo en su pasional y frontal alegato de primera defensa. Parece tener claro que no existe la independencia tan destacada en los claustros de la docencia, sabe que el sistema trasmitido en sus cátedras es, por acción u omisión de sus iguales en el mas alto tribunal o de algunos de ellos, mas de lo mismo.
Estamos frente a una institucionalidad burlada, saqueada en su ética e historia democrática. Actuando ahora mismo, todavía estamos a tiempo para resguardar, recuperar el prestigio de los poderes de la democracia, abriéndonos camino para su reconformación esencial y la recuperación de la dignidad de la política, su militancia y la calidad de la magistratura, aquella de la decencia alucinante de poder estrechar la mano mirando a los ojos de paz y seguridad que trasmite un Juez de bien o una Juez que destila incluso como bellezas en las palabras esculpidas de sus sentencias.
No podemos rendirnos ante tanto oscurantismo feudal. Saludemos y celebremos a aquellos tantos jueces que lo fueron y aún prestigian desde el compromiso por la democracia y la independencia judicial, pero aún más, con la honradez y dignidad de sus sentencias, la esperanza de que sí es viable, de que sí existen -a pesar de estos saqueadores del poder institucional- otras democracias y sus poderes judiciales, para recuperar desde esas dignidades, tanta historia y un futuro de que justicia y política, son aún posibles.
Hacia allí debemos ir, retornar, inventar, pensar lo no pensado y actuar.
Sembremos de flores al poder judicial y legislativo, en sus veredas, en sus ventanas, miles de flores, para comenzar a velar la finalización de una época y la llegada, la pronta llegada, de una nueva y renovada justicia para el pueblo de la Provincia, sembrar de flores, es sembrar de no violencia y esperanza la primavera que, sin dudas, alumbrará la democracia participativa y justa que debemos merecernos y ahora, tan señorial y feudalmente, hemos perdido.