La Justicia realizó un allanamiento en un barrio privado ubicado en la zona sur de la ciudad de Paraná, en el marco de una causa por supuesto abuso que involucra a un abogado del foro local. La investigación se disparó tras la denuncia presentada por una menor que había sido adoptada por la familia del letrado, trámite que quedó al descubierto en la investigación que pesa sobre la suspendida jueza de Familia de Diamante, Josefina Etienot.
Según pudo recabar Entre Ríos Ahora de fuentes judiciales, la causa está en manos del fiscal Oscar Sobko, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial. Y tiene que ver con un proceso de adopción con visos de irregularidad que estalló en escándalo en 2016. La entonces jueza de Familia de Diamante María Eleonora Murga -más tarde jueza de Familia en Paraná, ahora promovida a camarista en Concordia- había otorgado la guarda preadoptiva de dos niños a una pareja conformada por dos abogados, MN y VA.
Siendo titular del Juzgado de Familia y Penal de Menores de Diamante, Murga permitió, el 1º de octubre de 2013, el inicio del período de vinculación entre la pareja de abogados con los dos niños. Y poco más de un año después, el 11 de diciembre de 2014, otorgó la guarda preadoptiva, paso previo a la adopción plena. Al tomar esa determinación, la jueza Murga desoyó los informes de los técnicos de su propio Juzgado de Diamante y también del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción (Ruaer), de acuerdo a lo que publicó en 2016 El Diario. El Defensor General Maximiliano Benítez dijo esa vez que «desde el Ministerio Público de la Defensa hubo una clara oposición al otorgamiento de la guarda».
Aquella adopción que otorgó la jueza Murga derivó en un grave incidente.
El viernes 4 de diciembre de 2016, a las 7 de la mañana, el abogado MN estacionó su camioneta Toyota en calle Alem, frente al área de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná. Andaba junto a los dos niños: la nena bajó y lo acompañó hasta su trabajo, en la Defensoría del Pueblo, sobre calle Monte Caseros; el niño, quedó durmiendo, adentro del auto. Ahí permaneció varias horas. Hubo denuncias, intervención de la Policía y del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el caso derivó en una causa penal contra la familia adoptante.
Aquel caso se actualizó. La jueza de Familia de Diamante Josefina Etienot -juró en el cargo en agosto de 2021- ordenó revincular a una adolescentes con un matrimonio al que le habían revocado la guarda de dos hermanos por denuncia de violencia y maltrato. Los dos hermanos quedaron bajo la guarda del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Etienot resolvió separarlos y auspicio el regreso de la niña con la pareja que antes había sido denunciada por maltrato. Dos meses después la revinculación quedó sin efecto y en medio ocurrió una denuncia por supuesto abuso sexual infantil. La adolescente es aquella niña cuya adopción revocó la Justicia en 2016.
El STJ no tiene facultad para suspender jueces, dice el abogado de Etienot
El caso Etienot
El miércoles 20 de septiembre, los cuatro jueces que integran el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, Claudia Mizawak, Martín Carbonell y Germán Carlomagno, firmaron la resolución N° 657 a través de la cual decidieron denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento a la titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, Josefina Beatriz Etienot, por serias irregularidades y graves casos de violencia laboral.
También se dispuso «la suspensión de la Magistrada denunciada, Dra. Josefina Beatriz Etienot, con goce de haberes y mientras dure el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, atento a la gravedad de los hechos y con carácter precautorio, en orden a garantizar la investigación y proteger a quienes han declarado como testigos en el marco de la presente investigación». Dos defensores oficiales habían iniciado investigaciones en su contra y la habían denunciado, Luis Sebastián Lescano, defensor multifueros de Diamante, y Susana Carnero, defensora de Paraná.
Aquella revinculación con la menor quedó en el ojo de la tormenta luego de que la adolescente denunciara al abogado por un supuesto abuso.
Por esa razón, se ordenó dar intervención al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa «ante la eventual responsabilidad internacional del Estado Argentino por lo acontecido con C.A., a fin que informen a este Alto Cuerpo todo lo actuado en la órbita de su competencia -acompañando copia certificada de las actuaciones-, así como el estado de las causas, y solicitar la remisión de copia de idéntico tenor al Jurado de Enjuiciamiento».
La resolución N° 657 del Tribunal de Superintendencia recuerda que el STJ “ha debido intervenir en reiteradas oportunidades en el organismo a cargo de la jueza de Familia y Penal de Niñas Niños y Adolescentes de Diamante, Dra. Josefina Beatriz Etienot, desde su asunción en fecha 19.08.21”. Recordó que la magistrada asumió el 19 de agosto de 2021, y que “a poco más de dos años: a) ingresaron 2 denuncias por violencia y acoso laboral en su contra, en trámite ante este Superior Tribunal de Justicia; b) por fuera de estas, han debido intervenir -en distintos momentos y a lo largo de su desempeño, en forma puntual o simultánea- tres programas del STJ, a saber: Salud Ocupacional en distintas ocasiones, Primera Instancia -Resolución de Presidencia de fecha 18.03.22-, y Gestión Judicial -Resolución de Presidencia del 31.05.23- como intentos de brindar solución al preocupante clima laboral y humano que se ha detectado permanentemente en el organismo; c) ello, sin tomar en consideración otras intervenciones como la del Órgano de Revisión dependiente del Ministerio Público de la Defensa, para trabajar puntualmente en capacitación de Equipos Técnicos Interdisciplinarios; d) se ha debido reubicar a dos funcionarias de alto rango, secretaria y Médica Psiquiatra del ETI (equipo técnico interdisciplinario), como medida de protección a su salud física y psicológica, duplicando el costo en Recursos Humanos; e) se ha debido disponer la creación urgente de la Oficina de Gestión Única con el objeto de mitigar el desgaste emocional que sus conductas provocarían en el equipo de trabajo, generando de esa forma una nueva dependencia funcional con carácter preventivo y protectorio; f) se ha impuesto a la jueza una sanción de prevención por incumplimiento del sistema de carga en las redenuncias de violencia; g) se han debido conceder licencias por trastornos emocionales a distintas personas del organismo, lo que autoriza verosímilmente a presumir la existencia de un patrón de malestar común en las personas que trabajan en el mismo; h) se han detectado intervenciones de la magistrada en procesos judiciales, que no responderían a los parámetros desarrollados en el apartado II primer párrafo de la presente resolución, que surgen con meridiana claridad del informe sobre causas agregado a las presentes”; j) se ha dispuesto la activación del Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral del Poder Judicial de Entre Ríos; k) se ha dispuesto la realización de una información sumaria en el ámbito del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante.
Concluido el sumario a la jueza Etienot, el STJ observó “una serie de conductas que se reiteran y sostienen en el tiempo, susceptibles, prima facie, de ser encuadradas en violencia laboral e incumplimiento grave de los principios que informan el deber de debida diligencia y aquellos rectores de la actuación judicial en procesos de familia, niños, niñas y adolescentes”.
Y agrega: “Que en cuanto a la violencia laboral presuntamente atribuible a la magistrada, son contundentes los informes en cuanto a que no deberían comprenderse como un episodio aislado, sino que se enmarcan en una historicidad de hechos, y forman parte de una trama vincular de interacciones con características de violencia psicológica, surgiendo de los distintos relatos -se acompañan diez testimoniales que han sido videograbadas y las declaraciones transcriptas en formato papel- humillaciones, denigraciones, uso inadecuado de sobrenombres, gritos, amenazas a través del uso y presunción de su autoridad y destrato. Desde expresiones como ´no somos muchos pero somos machos´ (a integrantes del ETI); ´tengo el poder de hacerlas mierda, las voy a cagar, voy a ir por todo´(a integrantes del ETI); ´Si yo me hundo te llevo conmigo´ (a la Secretaria Suplente); ´trabajan para el ojete´; ´Ustedes se rascan el higo´ (a integrantes del ETI); ´los agarra un empleado de Paraná con primer año de abogacía y los da vuelta…´; o “que nunca iban a poder hacer carrera judicial porque estaban muy mal vistos”.
Los datos que transcribe la resolución del STJ son todavía más escabrosos y serán analizados por el Jurado de Enjuiciamiento, que deberá resolver si le abre causa a la magistrada y, en ese caso, si la somete a un jury de enjuiciamiento que podría derivar en su destitución.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora