El Día D es este jueves 23: el diputado provincial José Ángel Allende (Frente para la Victoria) deberá prestar declaración indagatoria en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el Juzgado de Transición N° 3, a cargo de Gustavo Adolfo Roque Maldonado. En ese expediente, la acusación está en manos de los fiscales Laura Cattáneo, Ignacio Aramberry y Juan Malvasio.
La causa viene tramitándose desde hace cuatro años, aunque hasta diciembre último la investigación sólo alcanzaba a Allende, quien ocupa una banca en la Cámara de Diputados, de forma ininterrumpida, desde 1999, y es también, desde 1998, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN9. Pero desde entonces también involucra a su familia: están imputados su actual esposa, Adriana Satler, funcionaria del Ministerio de Salud; su ex Diana Traverso y sus tres hijos Julio, Victoria y Carolina Allende.
La Justicia busca determinar el origen de su cuantiosa fortuna. La revista “Análisis” ha puesto el ojo sobre su crecimiento patrimonial a través de diversas notas.
El 6 de febrero, el sitio “Análisis Digital” dio cuenta de un primer listado de bienes que se atribuye el diputado Allende, a saber:
–Residencia en calle Castelli, pleno Parque Urquiza: 720.922 dólares.
–Piso 27 en Puerto Madero, Capital Federal: 536.000 dólares (es idéntico al que tenía el fiscal muerto Alberto Nissman).
–Casa quinta en Sauce Montrull, 368.162 dólares.
–Semipiso en el edificio Torres del Cóndor, pegado al Hotel Marán, en pleno Parque Urquiza. Fue adquirido por Diana María Traverso (ex esposa) en fecha 28/06/2007 y donado posteriormente a sus hijos en octubre del 2010. Está a nombre de Victoria, Carolina y Julio Allende. Está valuado en 297.192 dólares.
–Departamento 10 “A” en el edificio de calle Cervantes y Santiago del Estero, 130.600 dólares.
–Departamento 10 “B”, en el mismo edificio, 81.800 dólares. Los dos inmuebles están a nombre de José Angel Allende, hijos y la señora Traverso
–Inmueble ubicado en calle Laprida Nº 152, Paraná, Matricula Nº 148596, Plano nº 111159. Adquirido por Jose Angel Allende en fecha 25/11/2004, posteriormente donado a sus hijos en diciembre de 2006. Sale 378.289 dólares.
O sea que hace a un total de 2.512.965 dólares o 38.950.957 pesos, a lo que habrá que agregarle otras inversiones, tanto en Entre Ríos, como así también en la República Oriental del Uruguay.
La tasación judicial comprendió además el yate denominado Quichua, con camarote y hasta una especie de caja fuerte incrustada, que costaría 55 mil dólares en la actualidad. No obstante, sorprendió que no fuera incluida la isla de Allende, comprada en 2014. Son 13.700 metros cuadrados (poco más que una manzana) de una isla, ubicada bien en frente del Club de Pescadores de Paraná, según la publicación.
El jueves 9 de febrero, en declaraciones que formuló al programa “En el dos mil también”, de FM Litoral, el abogado del legislador, Marcos Rodríguez Allende –su sobrino—dijo que no eludiría la responsabilidad ante la Justicia. “Allende va a cumplir, no va a resguardarse en sus fueros, y va a hacer el descargo que corresponde”, contó su defensor. También habló de su idea de llevarlo a un juicio abreviado, en el que Allende reconocería su culpabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, y a cambio de una reducción de la pena, «devolvería» bienes propios al Estado.
La idea, de momento, no parece haber avanzado más allá de los anuncios.
En lo que sí se espera un cambio es la postura del legislador respecto de la tarea de la Justicia: hasta ahora ha venido negándose a prestar colaboración.
Allende se ha resguardado en sus fueros para eludir sus compromisos en la Justicia.
Lo mismo ha hecho su compañero de bancada Juan Carlos Darrichón (FPV). Darrichón está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omitir hacer los aportes de los trabajadores municipales en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Diamante, en tiempos en que fue intendente de la ciudad.
El presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador también tiene un pedido de desafuero. Es por la demanda civil por calumnias e injurias que le inició el abogado Guillermo Mulet.
Otro legislador con causa en la Justicia es Pedro Ángel Báez, por una investigación que roza al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Aunque en su caso, cuando fue citado en la Justicia, se presentó y declaró.
Este jueves se sabrá si Allende cambia de estrategia y decide finalmente no ampararse en los fueros y acudir a Tribunales.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.