El diputado José Ángel Allende (Frente para la Victoria) ha hecho conocer a través de su abogado, su sobrino Marcos Rodríguez Allende, que este 23, cuando fue citado a declaración indagatoria por el juez de Transición Gustavo Acosta en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que involucra también a su mujer, su exmujer y sus tres hijos, asistirá a Tribunales y no se amparará en sus fueros de legislador.

Será un cambio relevante.

Hace cinco días, el abogado Rodríguez Allende concedió una entrevista al periodista Antonio Tardelli, en FM Litoral, y dijo sentirse sorprendido por el giro de la causa. “Nos sorprendió, a fines de 2016, que en el requerimiento de instrucción fiscal, se haya incluido el llamado a indagatoria no sólo de José Allende, sino también del grupo familiar directo, su exmujer, su actual mujer, y sus tres hijos”, señaló.

Así pues, dijo el abogado, “al llamarse a indagatoria al grupo familiar íntimamente allegado al diputado provincial, hace que las estrategias vayan modificándose. Una cosa era hace tres años, otra cosa es el expediente ahora”. La familia está complicada en el delito de enriquecimiento ilícito. “Allende va a cumplir, no va a resguardarse en sus fueros, y va a hacer el descargo que corresponde”, contó su defensor.

No ha sido así en la Legislatura con el resto de los legisladores que tienen causas pendientes en la Justicia. El espíritu de cuerpo ha primado y han puesto trabas a los jueces.

Son cuatro los diputados provinciales del FPV que están siendo investigados por la Justicia entrerriana. Se trata del presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador, Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende; y el diamantino Juan Carlos Darrichón.

En el caso del diputado gremialista, su causa ya lleva 4 años de investigación y, los avances están lejos de considerarse importantes. Allende es investigado por el supuesto desvío de subsidios legislativos del Estado a la Fundación Esperanza, cuya titular es su esposa. La denuncia es por enriquecimiento ilícito e incompatibilidad de negocios con la función pública.

En tanto, su compañero de bancada, el diamantino Darrichón, sobre quien pesa un pedido de desafuero, tiene un expediente abierto desde 2009. El diputado está imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por omitir hacer los aportes de los trabajadores municipales en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Diamante, en tiempos en que fue intendente de la ciudad.

El presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador también tiene un pedido de desafuero. Es por la demanda civil por calumnias e injurias que le inició el abogado Guillermo Mulet.

Pero esa causa no es la que más preocuparía a Urribarri, sino aquellas que investigan su crecimiento patrimonial y contrataciones millonarias durante la Cumbre de países de la región que se realizó en Paraná en 2014.

La causa madre que puso al ex gobernador en la mira de los fiscales, se inició a raíz de una investigación periodística de la revista Análisis, que dio cuenta del crecimiento patrimonial de la familia Urribarri. La investigación se convirtió llegó a la justicia luego de que los abogados Rubén Paglioto y Guillermo Mulet denunciaran al ex gobernador por supuesto enriquecimiento ilícito.

Recientemente, los letrados pidieron a la justicia que investigue la utilización de un auto propiedad de la empresa Kaskira, que se atribuye al dueño de Canal 9 Litoral, Jorge Aníbal Pérez. El pedido se realizó tras una nueva investigación de la revista que dirige el periodista Daniel Enz.

A esa causa se sumó una segunda, que fue caratulada “Aguilera, Juan Pablo y Otros s/Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Publica, Fraude a la Administración Publica, Peculado y Abuso de Autoridad, Incumplimiento de los deberes de funcionario publico y Falsificación de documentos públicos”. Este martes la fiscal Patricia Yedro imputó y llamó a indagatoria al ex ministro de Comunicación, hoy diputado provincial del FpV, Pedro Báez, por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.

Báez es investigado por la contratación, durante el gobierno de Sergio Urribarri, de la firma Cinco Tipos (hoy TEP SRL), que se la vincula a Aguilera (cuñado del ex gobernador). La pesquisa judicial alcanzó también a Gustavo Raúl Tamay, quien fuera Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública.

Una tercera causa tiene que ver con la millonaria contratación, de forma directa, es decir sin licitación, de la empresa Nelly Entretaiment S.A, cuyo integrante es Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal y hoy diputado nacional del FpV. A De Vido junior y compañía el Estado entrerriano le pagó 28 millones de pesos por el servicio de publicidad de la Cumbre del Mercosur en 2014. Hay quienes creen que ese dinero podría haberse destinado para financiar la frustrada campaña presidencial de Urribarri.