El diputado provincial y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se enfrentará a una nueva situación enojosa el próximo 22 de diciembre, cuando sea el lanzamiento de la campaña por la reelección del gobernador Gustavo Bordet en el Club Echagüe.

A ese mitin se espera que asistan las primeras líneas del peronismo, desde intendentes, presidentes de juntas de gobierno, referentes departamentales, legisladores y todo el gabinete provincial. En las últimas horas, Bordet anotició a sus ministros de la necesidad de que lo acompañen al acto de Echagüe.

Una de las que recibió la invitación es la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que por las dudas ya puso en conocimiento al fiscal Leandro Dato de esa situación para evitarse un nuevo encontronazo como el que  tuvo en el Centro Provincial de Convenciones el 20 de noviembre último con el líder de UPCN. Entonces, y cuando se esperaba un  anuncio de pases a planta de empleados públicos, Allende, uno de los actores clave de la ceremonia, fue invitado a retirarse por cuanto en el lugar estaba la titular de Salud y rige sobre el legislador una medida judicial por 90 días que le impide acercarse a la ministra a menos de 2oo metros.

La medida tiene vigencia hasta mediados de enero próximo, y aunque los defensores de Allende, Lepoldo Lambruschino y Julio Federick, intentaron revisar la medida, la audiencia para oficializar ese pedido fracasó.

La perimetral contra el legislador provincial surgió por una denuncia por coacciones que le interpuso en la Justicia la ministra de Salud, Sonia  Velázquez. El juez de Garantías Mauricio Mayer le impuso a Allende la prohibición de acercamiento a a menos de 200 metros de la ministra por un plazo de 90 días. La medida todavía rige, y así se lo hizo notar la funcionaria provincial al gobernador Bordet mediante un correo electrónico.

 

La causa

El viernes 26 de octubre, la ministra de Salud se presentó ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual del Poder Judicial , y relató los “aprietes” de los que fue objeto de parte de Allende.

El hecho principal que motivó la denuncia fue reflejado por Entre Ríos Ahora, y de acuerdo a los testimonios recogidos habrían sido testigos las ministras de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero.

-¿Cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo? -preguntó Allende a la ministra Velázquez.

-No tengo nada que arreglar con vos, José -respondió la titular de Salud.

-Pero por qué no te vas a la mierda -contestó el diputado.

Allende había comenzado octubre con un fuerte entredicho con la ministra, que se materializó con la carpa que instaló la UPCN y  una manifestación que hizo frente a Casa de Gobierno, durante la primera semana de octubre, en la que pidió la cabeza de la ministra de Salud.

Allende ya tiene a las dos máximas cabezas de su gremio enjuiciadas por los cargos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad: Fabián Monzón, secretario adjunto de UPCN y Carina Domínguez, secretaria gremial, más otro cuatro dirigentes de menor rango, y el exministro de Salud, Ariel de la Rosa. El martes 6 se conocerá  el veredicto.

Allende, por sí solo, tiene varios compromisos en la Justicia. En julio último, ingresó a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero, que se registró bajo el expediente administrativo N° 1050. Se trata de la solicitud realizada por el juez José María Chemez en la causa en la que el diputado está acusado de haber amenazado al periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com.

El mandamás de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) iba a ser juzgado el pasado 29 de junio, pero el debate fue suspendido a raíz de la solicitud realizada por el abogado del diputado, su sobrino Marcos Rodríguez Allende.

Tiene, además, una causa por enriquecimiento en el Juzgado de Transición a cargo de Gustavo Maldonado. Se trata de la causa N° 49.956 caratulada “Allende José Ángel- Sattler A. Guadalupe-Traverso Diana y otros/enriquecimiento ilícito”.

En Nogoyá, el territorio del legislador provincial, le abrieron una causa en 2017 por haber proferido amenazas al secretario técnico del Hospital San Blas, Juan Orlandi, aunque en esa investigación Allende pidió perdón a su víctima, y el asunto no pasó a mayores en la Justicia.

Pero además, junto a su esposa Adriana Sattler, el legislador es investigado por el delito de negociaciones incompatibles por cuanto siendo presidente de la Cámara de Diputados otorgó subsidios a una fundación que presidía su pareja.

 

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.