El acuerdo de juicio abreviado para el exdiputado provincial justicialista José Ángel Allende mediante el cual se compromete a pagar una multa de $3 millones y a entregar dos propiedades al Estado provincial que impulsa el Ministerio Público Fiscal fue reprochado en duros términos por el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR).

El radicalismo consideró “vergonzoso” juicio abreviado, y consideró a Allende como una “muestra más de la impunidad” que es necesario desterrar. En ese marco destacaron la imperiosa necesidad de modificar el Código Procesal Penal para que los casos de corrupción sean condenados con la severidad que corresponde y los delincuentes “no arreglen su libertad a cambio de dos mansiones” que son producto del delito que cometieron.

Allende tenía varias causas judiciales pendientes de resolución: por negociaciones incompatibles con la función pública, por enriquecimiento ilícito, por coacciones y por amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, en contexto de violencia de género. La Fiscalía acordó con su defensor, Leopoldo Lambruschini, un juicio abreviado que le ahorra al todavía titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) la exposición en un juicio oral y público.

“El propio Allende reconoció que se enriqueció ilícitamente por sumas exorbitantes durante estos 20 años en que estuvo sentado en una banca de la Cámara de Diputados y también  admitió que realizó negociados que no eran compatibles con su función en el Estado provincial”, afirmaron desde el radicalismo.

“Si tiene cuatro patas, una cola y ladra es un perro, pero los vericuetos de la Justicia establecen que el estado de delincuencia en el que viene viviendo Allende se puede reparar entregando un par de propiedades, unos miles de dólares, corriéndose de la posibilidad de ejercer cargos públicos y con una condena ficticia que le evita la cárcel”, lamentaron.

Párrafo aparte dedicaron al rol de la Justicia, que “claramente benefició a este delincuente paladar negro y, con argumentos paupérrimos, lo salvó de la cárcel y le decomisó lo que significa un vuelto en relación a la tremenda fortuna que construyó y de la cual debemos conocer la mitad”.

En este marco, coincidieron con lo manifestado por el diputado radical y miembro del Comité, Eduardo Solari, quien sostuvo que “durante un lustro se investigó el enriquecimiento ilícito del ex diputado -tiempo en que pudo haber ocultado inmuebles, dinero, cómplices, etc.-, para que finalmente los fiscales aprueben un arreglo que no refleja, ni por asomo, la larga trayectoria delictiva del personaje que nos ocupa”.

En tal sentido, desde el Comité Provincial de la UCR consideraron que es necesario “reformar el Código Procesal Penal para evitar que la Justicia tenga la posibilidad de mirar para otro lado y hacer como que hace para que todo siga igual”.

“Las causas por corrupción, más allá del volumen de dinero que haya en juego, dañan al erario público y son demasiado graves como para que se resuelvan en un juicio abreviado en el que el precio de la libertad vale dos propiedades”, aseveraron.

Por último, las autoridades de la UCR fueron más allá al decir que “los delincuentes como Allende deberían someterse a la decisión de un Juicio por Jurados para que sean los propios ciudadanos los encargados de juzgar este tipo de conductas que se contrapone a la honorabilidad que implica ejercer un cargo público para servir al pueblo”. 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora