Después de haber sido retenido en un puesto de control de la Policía Federal, al ingreso del Acceso Norte a Paraná, el jueves a mediodía, procedimiento en el cual los agentes de seguridad se toparon en el baúl de su auto con $374 mil que le secuestraron en el acto, Alejandro José Luis Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, hermano de Ana Lía Aguilera, la esposa del exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, se presentó este viernes en la Justicia Federal y pidió que ese dinero le sea devuelto, y lo hizo con un argumento que consideró sólido: no es producto de ningún ilícito sino consecuencia de su capacidad de ahorro.
El pedido lo hizo Almada –funcionario de la Cámara de Diputados, socio de la empresa Next SRL- a través de sus abogados, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen. El juez federal de feria, David Chaulet, deberá ahora resolver en función de la documentación respaldatoria de ese dinero que presentó. “Hicimos una presentación ante la Justicia Federal a fin de mostrar su capacidad contributiva y de ahorro, justificando y pidiendo la devolución del dinero. Eso es todo el trámite que se hizo. Una vez que se compruebe la capacidad de ahorro y la capacidad contributiva, y si el juez considera que es suficiente, se le devuelve la plata y listo”, contó el abogado Cullen a Entre Ríos Ahora.
Almada es hijo de ‘Pitin’ Almada, y cuñado de Juan Pablo Aguilera. La referencia es a Héctor Almada, alias ‘Pitin’, un ex policía que fue exonerado en 1992, cuando gobernaba Mario Moine y Hernán Orduna era el vicegobernador. Entonces se lo separó de la fuerza “por dos graves causas judiciales que terminaron condenándolo a prisión”, según reveló el periodista Daniel Enz, de la revista “Análisis”, en una nota publicada el 17 de marzo de 2016.
Almada hijo, quien se presentó ante los oficiales de la Federal como “jerarquizado” de la Cámara de Diputados que preside Urribarri, fue sorprendido este jueves al mediodía por la Policía Federal, en cercanías del ingreso al Acceso Norte, cuando viajaba desde La Picada –presuntamente desde la casa de su novia- hacia Paraná.
Según trascendió, los uniformados detuvieron la marcha del vehículo que conducía Almada para el control de rigor y notaron cierto nerviosismo cuando se le pidió que abriera el baúl del auto. El hombre les informó que era un trabajador “jerarquizado” de la Cámara Baja provincial.
Al abrir el compartimento, los oficiales observaron una caja en la que sobresalían fajos de dinero. Oficialmente se informó que eran $374 mil y se precisó que el hombre, de 35 años, – y que vive en calle Yrigoyen, de Paraná-, no dio una explicación convincente sobre el origen y propiedad del dinero. Su relato fue contradictorio: dijo que eran sus ahorros de toda su vida, y luego que pretendía comprar un terreno en la zona.
Aunque su nombre no se escucha por primera vez.
En la Justicia provincial, Almada aparece como imputado en una causa – cuyo número de legajo es 31.253- por fraude a la Administración Pública, en la que están también acusados Urribarri, Aguilera, ex secretario de la Cámara de Senadores y coordinador de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal; Pedro Báez, ex ministro de Cultura y actual diputado peronista; y Gustavo Tamay, quien fuera Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura.
En la apertura de la causa, la fiscal Patricia Yedro firmó una resolución en la que afirma que se investiga si “Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar”.
En ese caso, que investiga la irregular distribución de publicidad, también fueron imputados Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Luciana Belén Almada, pareja de Aguilera .
A Urribarri, Báez y Tamay se los acusa de haber sido pieza clave en el supuesto direccionamiento de esas contrataciones, que según la fiscalía terminarían beneficiando a Aguilera, Giacopuzzi, Sena, y los hermanos Almada. Por ello se les imputa negociaciones incompatibles, fraude, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos.
Si bien Aguilera no aparece en el directorio de las firmas, los investigadores sospechan que su vínculo con alguno de los acusados posibilitó que la empresa consiguiera más de 57 contrataciones entre 2010 y 2015. El 28 de diciembre de 2017, el cuñado de Urribarri se presentó ante los fiscales y negó ser el dueño de la firma sospechada.
Formalmente este caso llegó a la Justicia luego de una investigación de la revista Análisis, y la presentación judicial que hicieron los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. La carátula de la causa es extensa: “Aguilera Juan Pablo y Otros S/ Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la Función Pública, Fraude a la Administración Pública, Peculado, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, Falsificación de Documentos Públicos”. En tribunales la causa es conocida vulgarmente como “La causa de la vaca”.
Esa denominación tiene que ver con una de las irregularidades más insólitas: la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago se hacía utilizando una misma foto, en donde siempre aparecía la misma vaca. Ese dato fue puesto de resalto por el fiscal Santiago Brugo el 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia de depuración de pruebas.
La investigación de marras estaba por ser elevada a juicio, pero el cuñado de Urribarri solicitó declarar a fines de diciembre pasado –ya que cuando fue citado se abstuvo-. El trámite dilató que la fiscalía requiera la elevación de la causa a juicio. La misma estrategia utilizó el ex gobernador, quien se presentará a declarar en febrero. Ambos son defendidos por el abogado Marcos Rodríguez Allende.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.