«Es muy trucho el mensaje». De ese modo evaluaron en la Justicia la llamada anónima que el viernes 23 alertó de la colocación de un artefacto explosivo en el Centro Cívico de Concepción del Uruguay, en el edificio que comparten la Municipalidad y la Justicia, y que obligó al rápido desalojo. Aunque sospechan qué hay detrás de esa amenaza: lo ligan con una investigación penal por un crimen que tiene condena de un jurado popular pero que está en apelación con un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y con un planteo de uno de los condenados que procura deja el encierro carcelario y ser beneficiado con prisión domiciliaria.
Pero de momento solo son pistas de investigación.
El mensaje amenazante habría sido dirigido a un fiscal y a una jueza. «Sospechamos de la banda de Granton, un personaje siniestro de la zona de Villa Elisa que está condenado por el asesinato de un productor rural. Uno de los condenados por ese crimen, que tiene 70 años y está en la cárcel, pidió domiciliaria. Creemos que el mensaje vino desde la cárcel», contó una fuente a Entre Ríos Ahora.
Fuerte repudio a la amenaza de bomba en los Tribunales de Uruguay
A comienzos de diciembre de 2021, un jurado popular encontró culpables a las seis personas que fueron llevadas a juicio acusadas de asesinato del productor rural Pascual Viollaz en el marco de un violento asalto ocurrido en la ciudad de Villa Elisa, departamento Colón.
Las audiencias del juicio fueron presididas por el juez técnico Rubén Chaia, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. En el banquillo se sentaron Luis Sebastián Herrlein, Juan Carlos Castro, Rosendo Larrosa, Raúl Grantón, Andrea Amaro y Mario González.
La acusación estuvo a cargo del fiscal Alejandro Perroud, mientras que la defensa de los imputados quedó a cargo de los abogados José Peluffo, Sebastián Arrechea y Jair Gay.
Viollaz, de 80 años, fue asaltado el 25 de mayo de 2020 en su vivienda, ubicada en Boulevard Churruarín al 400, de la localidad de Villa Elisa. Fue encontrado con golpes en el rostro y sus manos atadas con un precinto plástico que fue sujetado por una soga y un trozo de tela.
Los asaltantes ingresaron a la propiedad buscando dinero y se marcharon en el vehículo en el que habían llegado y en la camioneta de la víctima, que apareció a la vera de la ruta 130, a varios kilómetros de la casa de Viollaz.
El 29 de diciembre de 2021, el juez Chaia dio a conocer las condenas: a Luis Sebastián Herrlein, alias “Sordo”, le aplicó la pena de 21 años de cárcel de cumplimiento efectivo, declarándolo reincidente, por el delito de homicidio en ocasión de robo, y se lo envió con prisión preventiva a la Unidad Penal Nº 8, de Federal; a Rosendo Larroza, 21 años de prisión, y se lo envió con preventiva a la Unidad Penal de Gualeguaychú; a Juan Carlos Castro, alias «Maneco», la pena de 21 años de cárcel, con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay; a Andrea Elizabeth Amaro 15 años de prisión como coautora penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo, y fue derivada la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal, de Paraná; a Raúl José Grantón, alias “Chino”, 16 años de cárcel, y fue enviado con prisión preventiva hasta que la condena adquiera firmeza a la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay; y a Mario Ricardo González, 16 años de cárcel, y fue enviado con prisión preventiva a la Unidad Penal de Gualeguaychú.
Los defensores apelaron la condena con un recurso ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que el 26 de agosto de 2022 y con el voto de las vocales María del Luján Giorgio, Marcela Davite y María Evangelina Bruzzo no hizo lugar al recurso de casación.
En su voto, la jueza Giorgio aseveró: “Según fue analizado, el colegiado de ciudadanos asumió –en su veredicto- que todos y cada uno de los protagonistas, interactuaron en la ejecución de plan común previamente pergeñado, distribuyendo roles, infiriendo el jurado -en lógica que comparto- que se representaron el desenlace luctuoso y actuaron -de mínima- aceptando la posibilidad de que ello ocurriese. Consideraron irrelevante los ciudadanos, que no se hubiese podido recrear con exactitud, quien le propinó los golpes letales, quien lo maniató, o quien le puso la bolsa en la cabeza, circunstancias que le generaron en conjunto, el estrés que en definitiva fue el diagnóstico del deceso, pues se comprobó con certeza que fue la actuación mancomunada de varios sujetos, algunos munidos previamente de precintos y sogas, que lo abordaron cuando estaba en su casa situada en una zona menos poblada, a la que ingresaron mediante una maniobra urdida también asociadamente a partir de la ideación de un plan, todo lo cual les otorgó mayores posibilidades de éxito”.
Y agregó: “En el singular, entonces, y a partir de aquella actividad probatoria y argumental, el tribunal popular superó el test de duda razonable razón por la cual, la determinación de culpabilidad merece ser confirmada sin que se adviertan razones para validar el cuadro de duda o de menor calificación legal que sostuvieron los defensores, expuesto lo cual, auspicio el rechazo de las impugnaciones y la convalidación íntegra del veredicto y la sentencia de determinación de pena, examinados”.
El caso ahora llegó con un recurso extraordinario a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que todavía no se ha pronunciado.
A los pocos días de que el jurado popular se pronunciara por la culpabilidad de la banda de 6 personas que asesinara al productor Viollaz, en Villa Elisa, uno de los abogados defensores de los implicados, José Peluffo, fue asesinado al ingresar a su estudio jurídico en la ciudad de Concepción del Uruguay.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2021, cuando el abogado fue atacado a balazos ingresando a su estudio en Concepción del Uruguay. Por ese crimen Silvio Ezequiel “Enano” Aguirre y Luis Alberto “Pepo” Grandolio aceptaron cumplir una pena de 16 años y seis meses de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado
Aguirre está alojado en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay, y Grandolio en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.
“No pudimos probar la relación del crimen de Viollaz con la muerte de Peluffo pero está la sospecha”, dice una fuente de la Justicia.
La amenaza de bomba, quedó claro, fue un mensaje al Poder Judicial, y no hacia la Municipalidad de Concepción del Uruguay.
La Justicia abrió una investigación que avanza.
Este martes, en los Tribunales uruguayenses se recibió declaración de imputado a un interno de la Unidad Penal Nº 4. Además, en el curso de la investigación se secuestraron dos tarjetas en un allanamiento en una celda y un teléfono en una requisa posterior en un espacio común. También, se ordenó el allanamiento a un familiar de la persona imputada, y en ese allanamiento se secuestro otro teléfono móvil. Ahora, restan las pericias sobre el material secuestrado.
-¿Hay relación entre la amenaza del viernes 23 y alguna persona condenada por el crimen de Violaz? -preguntó Entre Ríos Ahora.
-Es mera sospecha pues justo estábamos contestando un pedido de prisión domiciliaria de una de las personas condenadas por ese caso. Lo vamos a poder precisar en función de lo que surja de las pericias sobre tarjetas y teléfonos.
Casacion Crimen Viollaz by Entre Ríos Ahora
De la Redacción de Entre Ríos Ahora