El 6 de noviembre, y en un fallo unánime, un tribunal absolvió a tres de los seis dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), llevados a juicio bajo la acusación de los delitos de coacciones agravadas, amenazas y resistencia a la autoridad a raíz de los hechos violentos que ocurrieron entre el 5 y el 7 de junio de 2017 en la Colonia de Salud Mental de Diamante.

La directora de ese hospital, Noelia Trossero, había dispuesto el 1° de junio de ese año dar de baja la suplencia extraordinaria que cumplía la enfermera Yanina Migueles, delegada de UPCN. La medida la adoptó -aún cuando excedían sus facultades- arguyendo resistencia a cumplir una orden de traslado de sala, y por dos expedientes abiertos, acusada de haber suministra mal la medicación a dos pacientes.

La decisión de Trossero fue resistida por el sindicato que lidera el diputado provincial José Ángel Allende, cuyos máximos dirigentes se hicieron presentes en Damante. En medio, se produjo un llamado telefónico del entonces ministro de Salud, Ariel de la Rosa, que pidió a la directora de la Colonia de Salud Mental que recontratara la enfermera Migueles. Lo que siguió fue una batatahola, la intervención de dos fiscales, Gilberto Robledo y Mariana Darrichón, y de la Policía, que deruvo a cinco dirigentes de UPCN. Entonces, se abrió una causa penal que llegó a juicio.

Un tribunal conformado por los jueces Alejandro Grippo, Alejandro Cánepa y Pablo Vírgala condenó a Fabián Monzón, secretario adjunto del sindicato e integrante del directorio del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), a un año de prisión condicional por el delito de resistencia a la autoridad. Y a José Zarza y a Noemí Santamaría, ambos integrantes de la conducción provincial del gremio, a dos años de prisión condicional por el delito de coacciones simples.

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Pero fueron absueltos de culpa y cargo la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, y los dirigentes  Zunilda Suárez y Guillermo Barreira. También quedó absuelto de los delitos de coacciones agravadas el exministro de Salud, Ariel de la Rosa.

El tribunal dispuso imponer a Zarza como reglas de conducta durante dos años a cumplir tareas no remuneradas en una institución de bien público, a designar por la Oficina de Medios Alternativos del Poder Judicial, «debiendo cumplir 96 horas globales»; a Santamaría, también durante dos años, el cumplimiento de tareas no remuneradas en una institución de bien público a designar, «debiendo cumplir 96 horas globales»; y a Monzón, «por el término de dos años»,  cumplir tareas no remuneradas en una institución de bien público; debiendo «cumplir 96 horas globales».

El tribunal que juzgó a los siete acusados, desechó las altísimas penas que había pedido la Fiscalía, y morigeró el tipo de delitos por el que terminó condenando a tres de los seis sindicalistas llevados a juicio. La defensa de los dirigentes de UPCN ahora irá por la apelación de esas tres condenas a prisión condicional que le impuso la Justicia a los dirigentes José Zarza, Noemía Santamaría y Fabián Monzón.  La apelación será ante la Cámara de Casación Penal.

El abogado Marcos Rodríguez Allende, quien ejerció la defensa de los seis gremialistas, dijo que concuerda «en un 70% a 80% con la sentencia» por cuanto «los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal en la acusación no fueron tenidos en cuenta, en su gran mayoría, por el tribunal. De la lectura de la sentencia, entendemos que podemos seguir la discusión en la Cámara de Casación». Y agregó: «La Fiscalía estuvo desbordada con la acusación, y no hubo objetividad, como debe imperar en la acusación».

El letrado negó que los sindicalistas hayan actuado con «patoterismo» o «grupo de presión» o que se hayan manejado con «matonismo» los dirigentes de UPCN. «Esos términos que utilizó la Fiscalía resultaron agraviantes, porque además no se condicen con la condena que terminó aplicando el tribunal».

-En determinadas causas, algunos abogados recusan a una integrante de la Cámara de Casación, Marcela Badano, por su relación con el Procurador, Jorge García. ¿Usted va a pedir su apartamiento también?

-No, de ninguna manera. Entiendo que la doctora Marcela Badano es un miembro de la Caámra de Casación, es absolutamente objetiva. No tengo ningún margen de discusión, o planteo en relación a sus relaciones personales, que tienen que ver con la vida privada. No tengo argumentos para recusarla.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.