La audiencia de remisión a juicio de un nuevo caso de corrupción de menores que se le imputa al cura Juan Diego Escobar Gaviria, inicialmente prevista para este martes 24, fue aplazada para mediados de mayo.
La postergación fue pedida por el abogado Milton Ramón Urrutia, defensor del cura -que desde el 21 de abril de 2017 está encarcelado, con prisión preventiva, en la Unidad Penal de Victoria-, por cuanto ese trámite se superpone con las audiencias del juicio oral al cura Justo José Ilarraz, en la que el letrado cumple un rol distinto: es querellante en representación de una víctima.
De momento, según explicó el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, que lleva adelante la acusación, no hay fecha, aunque se estima que será a mediados de mayo.
Escobar Gaviria ya fue juzgado por cuatro casos de abuso y corrupción de menores, y recibió una pena de 25 años de prisión, sentencia que fue dictada en septiembre de 2017 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay.
El cura fue párroco de San Lucas Evangelista, en Lucas González –a 135 kilómetros de Paraná- entre 2005 y finales de octubre de 2016, cuando se presentó la primera denuncia en su contra en los Tribunales de Nogoyá.
El jueves 14 de septiembre, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, de Gualeguay, integrado por María Angélica Pivas (presidente), Roberto Javier Cadenas y Darío Ernesto Crespo, dio a conocer el fallo completo que condenó a 25 años de prisión al cura Escobar Gaviria, al hallarlo material y penalmente responsable por cuatro hechos de abusos y corrupción de menores, que salieron a la luz en 2016. La condena, sin embargo, no está firme, sino apelada en Casación.
El sacerdote colombiano de 59 años era el párroco de la Parroquia San Lucas Evangelista de la localidad de Lucas González, del departamento Nogoyá, y desde el 21 de abril se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº5 de Victoria, y permanecerá allí hasta que el fallo condenatorio quede firme. En tres casos se lo acusó de promoción de la corrupción de menores reiterada, agravada por su condición de guardador; y en uno por abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto.
Encarcelado desde el 21 de abril de 2017, sobre el cura se cierne otro proceso penal. El fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, avanzó en este tiempo con una quinta denuncia contra Escobar Gaviria. La causa está caratulada “Escobar Gaviria Juan Diego s/Promoción a la corrupción agravada”.
El expediente judicial describe el salvajismo de los abusos del sacerdote, que ocurrían en la casa parroquial de Lucas González: “Desde el año 2014, luego de que el menor SAMT, nacido el día 22 de enero de 2000, cumpliera la edad de 14 años y transcurridos dos meses desde que entró como monaguillo a la Parroquia San Lucas Evangelista de la localidad de Lucas González, dirigida por el imputado Juan Diego Escobar Gaviria, éste comenzó a efectuar diversas conductas contra la integridad sexual del nombrado menor, consistentes en tocamientos en la cola y zona de los genitales, lo que se repitió en más de cincuenta oportunidades desde que la víctima ingresó a la parroquia como monaguillo hasta el mes de mayo de 2016”.
El caso, el quinto que involucra al sacerdote, se conoció mientras se tramitaba el juicio oral en Gualeguay en agosto de 2017, y motivó la apertura de una nueva investigación penal preparatoria.
Ahora, resta la realización de la audiencia de remisión a juicio de este nuevo caso, a cargo del juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta. Lo demás, un camino que ya recorrió Escobar Gaviria, y que lo depositó, finalmente, en la cárcel.
Carmelitas
Para mediados de mayo también se espera que se fije audiencia de remisión a juicio del caso de las carmelitas de Nogoyá, expediente que también tramita el fiscal Uriburu.
La causa que investiga el delito de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de dos religiosas en el Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, fue elevada con pedido de remisión a juicio al juez de Garantías y Transición, Gustavo Acosta el 10 del actual.
Las dos religiosas intentaron salir del convento carmelita -que tiene regimen de clausura estricta- en varias oportunidades, pero ante la negativa de la priora, optaron por escapar.
De ese modo, Uriburu dio por clausurada la investigación penal preparatoria, y destacó en el escrito que “no cabe duda alguna que los hechos ilícitos oportunamente imputados a la ciudadana (Luisa) Toledo en su rol de madre superiora del Convento de las Carmelitas Descalzas de la ciudad de Nogoyá, es atribuible a ella en calidad de ´autor´ conforme los términos del art. 45 del Código Penal, sin que existan causales de justificación o exclusión de la culpabilidad que la eximan de responder penalmente por ello”.
Ahora reside con la Congregación de Hermanas Benedictinas Misioneras de Tutzing, una orden religiosa fundada por el monje alemán Andres Amrhein en 1885, que tiene una casa en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires,.
La causa contra la religiosa, caratulada “Toledo Luis s/Privación ilegítima de la libertad”, atravesó un momento de zozobra cuando los defensores Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, plantearon una cuestión de competencia, que finalmente fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que la Justicia entrerriana es competente para entender en el caso.
La causa penal que se abrió el 25 de agosto de 2o16, a partir de una denuncia que publicó la revista “Análisis”: dos excarmelitas contaron ante el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, los tormentos que soportaron en la clausura, y responsabilizaron de esos hechos a la priora, Luisa Toledo.
Toledo, que tomó los votos como religiosa carmelita con el nombre de Madre María Isabel, fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre de 2016 por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se la alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.
Allí, convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José, las mismas que denunciaron al cura Juan Diego Escobar Gaviria por abusos.
Pero allí Toledo estuvo poco tiempo. A mediados de diciembre del año último fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
En esa ciudad quedó alojada en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.
Esa mudanza de la monja fue comunicada al juez Acosta, que controla su paradero, por los defensores, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, contratados por la curia para ejercer la defensa técnica.
Ahora, la monja Toledo volvió a mudarse: se estableció en la localidad bonaerense de Los Toldos.
Recién a principios de 2018 el Vaticano decidió designar reemplazante. La medida supuso la conformación de un nuevo equipo de superioras, y por esta vez ha echado a un lado las constituciones de la congregación que indican que las prioras se eligen por votación de la comunidad. En vez de eso, Roma decidió nombrar como priora a Itatí Miño, una misionera de 38 años, que desde hace dos décadas está en el convento de Nogoyá.
El carmelo de Nogoyá es un monasterio autónomo, gobernado por sus superioras, elegidas según las constituciones por las propias religiosas. Se trata de una casa religiosa de derecho pontificio, es decir, erigido por la Santa Sede de cuya potestad depende en lo que se refiere al régimen interno y a la disciplina, aunque se encomiende al obispo diocesano, Juan Alberto Puiggari, el actual, el cuidado de estos monasterios en algunos aspectos muy precisos, y siempre respetando la legítima autonomía del monasterio y aquello dispuesto en sus Constituciones.
El nombramiento de autoridades en el convento llegó después de más de un año de acefalía. Luisa Toledo fue apartada de su cargo de priora a mediados de septiembre de 2016.
El 8 de junio de 2017, Puiggari envió un informe a la Justicia en el que da razones de que por qué la monja Luisa Toledo fue sacada de su cargo de priora del Convento Carmelita de Nogoyá, y enviada muy lejos de allí, a una casa religiosa en el Chaco.
Puiggari, en realidad, no hizo más que reenviar un informe elaborado por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, con una advertencia: le dijo que la documentación enviada desde Roma “involucra temas que no tienen relación con la causa” y por eso mismo pidió “reserva de la información”.
El informe, fechado el 8 de noviembre de 2016, y firmado por el arzobispo José Rodríguez Caballo, explica que luego de una visita apostólica al Monasterio Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo de las Monjas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, se resolvió apartar a la monja de su rol de priora, y enviarla a otro monasterio.
Roma, además, pidió a Puiggari hacer un seguimiento del monasterio tras los graves hechos ocurridos, en la que dos religiosas denunciaron graves tormentos y la privación de la libertad.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.